El Gobierno anuncia que asumirá la construcción de la desaladora de la Axarquía

En ese apartado el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado que asumirá la construcción de una desaladora en la Axarquía, la zona más afectada por la falta de agua, con el embalse de La Viñuela por debajo del 10% de su capacidad a las puertas del verano. La ministra Ribera ha explicado que la actuación será declarada de interés general del Estado, con una inversión pública prevista de 200 millones de euros, en los que se incluyen mejoras en las tres desaladoras ya existentes en Almería.

Ribera ha destacado que se trata de una zona de competencia exclusiva de la Junta en materia hídrica, dentro de la Cuenca Mediterránea Andaluza, pero debido a la situación de sequía extrema, se ha decidido actuar desde el Gobierno central. Así, ha estimado que la desaladora podría ser una realidad en el horizonte de 2026 ó 2027. El proyecto es muy demandado por el sector agrícola de la comarca oriental malagueña, principalmente de subtropicales, que están sin recursos de la presa viñolera desde el pasado 1 de octubre.

«Asumimos obras que corresponden a otras administraciones autonómicas y que no se han llevado a la práctica y para las que las administraciones autonómicas en territorios especialmente afectados por la sequía, como Cataluña y Andalucía, nos han pedido ayuda», ha subrayado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Agricultura y Agua han apuntado a SUR que desde la Administración regional vienen reclamando desde hace unos años al Gobierno central tanto la ampliación de la desaladora de Marbella como que la prevista en la Axarquía sea declarada de interés general del Estado, para que sea financiada con fondos públicos.

Con este anuncio se plantea ahora la incógnita de qué va a ocurrir con los trámites puestos en marcha por la Administración regional desde hace casi un año para otorgar una concesión para ejecutar una planta desaladora en la Axarquía con una capacidad máxima de 37,5 hectómetros cúbicos. Para este proyecto se han presentado tres inversores interesados en asumirlo con fondos privados. El concurso no ha sido resuelto aún, algo que estaba previsto que ocurriera a lo largo de este año.

En 2008 se quedó sin ejecutar una desaladora, declarada de interés general del Estado, que se llegó a adjudicar en la zona de Mijas-Fuengirola, por 62 millones (la Junta aportaría el 70%) para generar 20 hectómetros cúbicos, anuales pero las obras nunca comenzaron por problemas con la adquisición de los terrenos. En la provincia también está pendiente la ampliación y modernización de la desaladora de Marbella, construida hace más de 20 años por el Ayuntamiento durante la época de Jesús Gil.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que contempla una inversión de 2.190 millones de euros para afrontar la sequía y aumentar la disponibilidad de recursos hídricos. De esta cantidad, el MITECO aporta 1.400 millones para construir nuevas infraestructuras, como plantas desaladoras, de las que una se instalará en la provincia, duplicar la reutilización de aguas urbanas, y reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas.

Las actuaciones del MITECO para hacer frente para la sequía prevén duplicar de aquí a 2027 el uso de agua reutilizada que en la actualidad es del 10, según ha explicado la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario dedicado a las medidas de la sequía. Además, Ribera ha detallado otras actuaciones diseñadas por su departamento que incluyen la reducción de los cánones y las tarifas de las explotaciones agrarias afectadas, así como un precio fijo para el agua desalada para que los agricultores puedan utilizarla a un precio asequible.

Entre las medidas aprobadas, ha destacado el trasvase de tres hectómetros cúbicos del Tinto y el Odiel para reducir la presión sobre los acuíferos que alimentan el Parque Nacional de Doñana, en particular en el entorno de Matalascañas. Nuevas infraestructuras se declaran de interés general varias actuaciones en la costa mediterránea, de modo que «el Estado central asumirá la construcción de desalinizadoras en Cataluña –una planta en Tordera, con un coste de 220 millones–, la mencionada en la Axarquía y Almería –200 millones–, así como la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones».

Para la ministra, este paquete de medidas llega para actualizar las «reflexiones» que han motivado el trabajo del Gobierno en estos cinco años para una España acostumbrada a periodos de sequía pero que está sufriéndolas con una incidencia «mucho mayor» y con efectos que hay que afrontar con toda la capacidad técnica que España ha ido desarrollando en estos años desde la declaración de emergencia climática. Por un lado, ha indicado que las medidas extraordinarias aprobadas este jueves son de corto plazo y «auxilio inmediato» pero que forman parte de una «anticipación» de medidas porque «lo que ocurre hoy no es una novedad».

La vicepresidenta ha mencionado a «algunos» que piden un «pacto nacional del agua» a quienes ha recordado que «ese pacto existe» y se llaman planes hidrológicos del agua, en los que se ha trabajado durante los últimos cuatro años y que orientarán las decisiones en materia de agua para estar preparados para esos escenarios.

En concreto, se ha referido a la petición del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pide un pacto nacional del agua y que ha propuesto destinar 50.000 millones de euros a la gestión de este recurso hídrico. Ribera ha manifestado que cuando oye su petición entiende que lo que quiere Feijóo es derogar los planes hidrológicos que ya existen y en los que se ha trabajado cuatro años, incluyendo los escenarios climáticos, realizados con trabajo técnico y científico y que cuentan con el aval mayoritario en todas las cuencas en todos los casos excepto, «por la mínima», en el plan hidrológico del Duero.

En ese contexto, la ministra ha destacado la colaboración con las distintas comunidades autónomas y confederaciones hidrográficas como por ejemplo Andalucía, con la que desde diciembre ha mantenido seis reuniones. «Es un trabajo que no entiendo bien a quien se quiere echar. Quieren echar los planes hidrológicos que son realistas», se pregunta la vicepresidenta que ha defendido que la aprobación de los planes hidrológicos son una «batalla» que beneficia al conjunto del país.

Sobre la propuesta por el líder popular de destinar 50.000 millones de euros al agua, Ribera no sabe de dónde se saca la cifra ni qué cambiaría o qué echa de menos en la gestión hídrica. «Esta es una respuesta responsable por nuestra parte respaldar el trabajo de cuatro años y rechazamos que alguien solicite que eso se derogue o les explicamos que esa es la legalidad vigente en este momento», ha defendido.

En todo caso, para Ribera no basta con ofertar más agua sino que es preciso gestionar bien la demanda, mejorar los aspectos de calidad y disponibilidad para lo que el Ministerio ha completado el marco regulatorio para poder garantizar la calidad del agua reutilizada que, en este momento, llega a un uso del 10 por ciento y que espera pasar hasta el 20 por ciento; de los 400 hectómetros a cerca de 1.000 hectómetros en 2027.

Asimismo, de los 1.400 millones de euros de inversiones, se destinarán 35,5 millones a actuaciones inmediatas para garantizar el abastecimiento este año. «Este Gobierno quiere acompañar al sector primario y en particular en lo que depende de las comunidades y en particular acompañar a los regantes», ha señalado Ribera que ha mostrado su voluntad de que «más allá de la lectura de las competencias» del Estado y de las comunidades autónomas poder acompañar a quien les ha pedido apoyo.

Entre las medidas citadas para ayudar a los regantes, este 2023 se les aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua. Esta exención será del 50% si el descenso de la dotación es del 40% al 60%, y del 100% si supera ese 60%. Los beneficiarios indirectos de las obras de regulación de la cuenca del Guadalquivir quedan directamente exentos del 50% de dichas cuotas.

Por otro lado, el Gobierno ha acordado que el Estado asumirá las obras para acometer un trasvase en Doñana y abastecer a Matalascañas, con la sustitución de los bombeos de agua subterránea que abastecen a la conurbación de Matalascañas por aguas superficiales procedentes de la estación potabilizadora de Palos -Cuenca del Tinto, Odiel y Piedras-, así como la transferencia de 3 hectómetros cúbicos anuales. No obstante, Ribera ha señalado que el Gobierno seguirá trabajando con las comunidades autónomas y las comunidades de usuarios para analizar los distintos escenarios de sequía para mejorar la respuesta estructural «e imprescindible» como las inmediatas que hay que abordar este verano.