El GIPMTM presenta alegaciones a la nueva tasa de basuras de Vélez-Málaga tras aprobarla inicialmente

Los grupos de la oposición, de Andalucía por Sí, Vox, PSOE y el edil no adscrito, Elías García, votaron en contra de la medida en la sesión plenaria celebrada a finales del pasado mes de marzo. Todos los portavoces argumentaron que la tasa no se cobra en Vélez-Málaga desde hace más de 20 años por un «acuerdo político», por el que se incluyó en el recibo del IBI, con una subida del tipo impositivo, por lo que reclaman que el Consistorio rebaje este otro impuesto para compensarlo y que no se produzca «una doble imposición». Las tres formaciones políticas de la oposición han presentado alegaciones contra la «injusta» tasa de basura aprobada por el bipartito veleño, tal y como ya publicó SUR. Además también se han registrado escritos del exalcalde del PP, Francisco Delgado, y de más de medio centenar de vecinos.

Sin embargo, en un giro inesperado, uno de los dos socios del gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, concretamente éste último partido, ha anunciado este miércoles que también han presentado alegaciones al acuerdo de la aprobación inicial que ellos mismos sacaron adelante junto a los populares. Por su parte, el concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez, ha asegurado a SUR que ellos también han presentado alegaciones al acuerdo, «pero no a título del grupo municipal, como PP no podemos, ha sido de manera personal una persona», ha manifestado.

Por su parte, el presidente del GIPMTM, Jesús Carlos Pérez Atencia, y el tesorero de la formación independiente, David Vilches, han detallado las alegaciones que se han registrado en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga «con el fin de paliar los efectos del tasazo medioambiental que el Gobierno de España ha impuesto a todos los consistorios mayores de 5.000 habitantes».

De este modo, Pérez Atencia ha expresado en un comunicado: «Quiero ser muy claro y explicarlo con claridad: esta tasa no es una decisión del Ayuntamiento, ni responde a una gestión local. Se trata de una obligación impuesta directamente por el Gobierno de España a todos los municipios, bajo amenaza de sanciones si no se aplica. Y no solo nos obligan a imponerla, sino que nos impiden establecer criterios propios, nos exigen que se cubra el 100% del coste del servicio, sin dejar margen de maniobra».

Desde los ayuntamientos, según ha apuntado Pérez Atencia, «llevamos años advirtiendo que la forma en la que se gestionan los residuos debía mejorarse, sí, pero siempre desde la cercanía, el consenso y el sentido común. Sin embargo, el Gobierno de España ha optado por lo más fácil para ellos y lo más injusto para los ciudadanos: descargar la responsabilidad en los ayuntamientos, imponiéndonos esta tasa y dejándonos a nosotros ante ustedes como si la decisión fuera nuestra. No lo es. Y no vamos a quedarnos callados mientras se traslada a los vecinos la falsa idea de que esta medida es municipal, como así está haciendo de manera irresponsable la oposición de este Ayuntamiento».

«Entre ellos y con una falta de respeto a la institución el edil del PSOE, Víctor González, que de manera sibilina altera la realidad echando la culpa a este gobierno del 'tasazo' medioambiental, sabiendo que es algo exclusivo de su partido, el PSOE a nivel nacional. Porque es el Gobierno de España quien ha legislado, quien ha obligado, y quien ha hecho recaer la presión fiscal sobre los ciudadanos a través de sus Ayuntamientos. Nosotros solo tenemos dos opciones: acatar o incumplir la ley y ser castigados económicamente por ello», ha argumentado Atencia.

El edil ha dejado claro que «desde este Ayuntamiento hemos hecho lo imposible por minimizar el impacto. Hemos estudiado todas las vías posibles para aplicar la tasa de la forma más justa, más proporcional y más sensible con la situación de muchas familias. Es por ello que hoy vamos a presentar diferentes alegaciones para que ese impacto se minimice, reduciendo la presión fiscal e introduciendo una serie de ayudas para que esta tasa que nos imponen no repercuta de forma dura en nuestros bolsillos».

Atencia ha anunciado que seguirán «trabajando con rigor, responsabilidad y cercanía. Y también les aseguro que seguiremos reclamando que se rectifique esta decisión injusta. Porque los servicios públicos deben protegerse, no convertirse en otra carga para quienes menos pueden».

El grupo independiente ha anunciado que han presentado esta semana una batería de alegaciones a la nueva tasa por la recogida, transporte y tratamiento de residuos, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOPMA) el pasado 11 de abril. «El objetivo de estas propuestas es mejorar el alcance social y medioambiental de la ordenanza, así como asegurar una aplicación más justa y ajustada a la capacidad económica de los ciudadanos», han explicado en el mencionado comunicado.

Por su parte, el tesorero del Grupo Independiente, David Vilches, ha sido el encargado de exponer estas propuestas. «Queremos presentar una serie de modificaciones al artículo 7, capítulo 7 de la ordenanza, con el fin de reforzar los principios de justicia social y sostenibilidad. No se trata solo de recaudar, sino de incentivar comportamientos responsables y proteger a quienes más lo necesitan», ha señalado Vilches.

Entre las alegaciones presentadas, destacan, en el apartado 2a, el GIPMTM solicita aumentar el máximo de bonificación hasta el 10% del total. «Esto incentivaría un mayor uso de los puntos limpios y un reciclaje más eficiente, que es precisamente el objetivo de esta normativa», ha explicado. En el apartado 2b, desde el grupo independiente se propone que las reducciones no se apliquen solo al compostaje en actividades, sino que también incluyan el compostaje doméstico y comunitario, así como la separación de la fracción orgánica en origen, con una reducción adicional del 5%.

En el apartado 2c, el grupo solicita que se aumente la reducción adicional también al 5% para las actividades que complementen las acciones de reciclaje previstas en los apartados anteriores. Además, se plantea incluir un nuevo apartado 2d, que contemple una reducción del 50% en la tasa para la vivienda o residencia habitual de las siguientes unidades familiares: familias numerosas, familias monoparentalesm, familias en riesgo de exclusión social, así como los hogares cuyos ingresos totales no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual en vigor.

«Esta reducción tendría un claro carácter social. Y aunque actualmente no existe un registro público estatal o autonómico que recoja esta situación de forma unificada, proponemos que se tenga en cuenta la información disponible en la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento, y que esta ayuda sea rogada para facilitar la gestión de la tasa», ha indicado Vilches.

Por último, el grupo ha recordado que todas estas reducciones se plantean «en pleno respeto al principio constitucional de capacidad económica, y entendiendo que el objetivo último de esta tasa debe ser que cada ciudadano pague en función de los residuos que genera, no más, y no menos». «Establecer bonificaciones no significa que otros ciudadanos deban pagar más. Si hay una reducción, no implica automáticamente una subida para el resto. Esa es una falsa dicotomía», ha concluido Vilches.

Por su parte, fuentes técnicas consultadas han apuntado a SUR que en la práctica administrativa, «si un concejal intenta presentar una reclamación durante el trámite de exposición pública, especialmente en ordenanzas fiscales, la administración suele rechazarla por incongruente o por falta de legitimación, especialmente si consta su voto favor». «Ellos pueden modificarla como quieran en el trámite de estudio de las reclamaciones presentadas. Pero no alegando contra su propios actos», han añadido.