Los dueños de casas irregulares en el campo reclaman dialogar con el nuevo gobierno andaluz

Eugenio Cabezas

Sábado, 22 de diciembre 2018, 00:34

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Los propietarios de las más de 300.000 viviendas que se calcula que hay fuera de ordenación en Andalucía, en terrenos no urbanizables, tienen sus esperanzas puestas en el nuevo gobierno andaluz que previsiblemente presidirá el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, con el líder naranja Juan Marín como vicepresidente. La asociación Save Our Homes (SOHA), Salvemos Nuestras Casas, creada hace una década en la Axarquía, confía en que el nuevo Ejecutivo regional dé una solución definitiva a esta problemática, que en la provincia afecta a unas 50.000 familias.

«Esto no es una cosa de británicos o españoles. Es una cuestión de licencias y que en cualquier momento le puede pasar a cualquiera», comentó Philip Smalley, presidente de SOHA. «Queremos encontrar una solución, no una amnistía como algunos proponen, porque eso sería admitir que hemos cometido un delito», añadió. El líder del PP ha manifestado en varias ocasiones en los últimas años su intención de aprobar «una ley de punto y final» sobre esta problemática.

En esta década, el colectivo SOHA ha logrado cambios normativos muy significativos tanto en la legislación nacional como en la autonómica, que han supuesto salvar a más de 25.000 viviendas de la demolición. Su trabajo se ha centrado especialmente en buscar ese diálogo con las distintas administraciones «y encontrar el punto de justicia para los afectados», apostilló Smalley. Pero saben que la lucha no ha terminado. «Puede volver a pasar en cualquier momento, es decir, propietarios que se encuentren con una nulidad de su licencia. ¿Cuál es el mensaje que manda la Junta?», se preguntó el presidente de SOHA.

Por su parte, el portavoz de SOHA y alcalde de Alcaucín, el belga Mario Blancke (Cs), dijo que seguirán trabajando para superar la situación de vulnerabilidad que sufren algunos propietarios por tener sus licencias anuladas y no poder acceder a una vivienda tal como está en la ley. Además reclamó «la necesidad de confiar en las instituciones y trabajar juntos para resolver este problema, que es un verdadero drama social».

«Esperamos que con el nuevo gobierno andaluz se llegue a ver la luz al final del túnel y podamos seguir avanzando para volver a la senda del diálogo que paró el anterior ejecutivo del PSOE», argumentó Blancke, quien añadió que su objetivo es «obtener una justicia y una normativa acordes con los tiempos, ya que nos hemos sentido defraudados con la respuesta de las administraciones». De hecho, apostilló: «Acudiremos al Constitucional si es necesario».