Los vecinos de La Viñuela con facturas desorbitadas se niegan a pagarlas y presentan recursos
La veintena de residentes acudirán al Defensor del Pueblo Andaluz y a los juzgados si no atienden sus reclamaciones y el Ayuntamiento insiste en que las lecturas de los contadores son correctas
La veintena de vecinos de La Viñuela que han recibido en los últimos meses facturas de agua desorbitadas, de hasta 45.220,04 euros ... por un trimestre del año 2022, no están dispuestos a abonar estas cantidades al Ayuntamiento. Tras el goteo de recibos que han ido llegando en las últimas semanas a estos residentes, en su mayoría extranjeros, aunque también hay algunos nacionales, los vecinos se han organizado, de momento, en torno a un grupo en la red social Facebook, que cuenta ya con más de 220 miembros.
Según ha informado este miércoles a SUR Paul Rouse, uno de los afectados, «de momento, que sepamos, ninguno ha abonado esas cantidades y todos hemos devuelto los recibos que estaban domiciliados con el banco», ha explicado este ingeniero industrial de 71 años, de origen británico, pero afincado en la provincia desde hace 22 años. Tras 15 viviendo en Álora, desde 2016 reside en La Viñuela. «En mi caso la factura no es tan grande, son unos 300 euros, pero es que habitualmente pago 30 ó 40 euros por un trimestre», ha comentado este residente viñolero.
Rouse ha lamentado que el alcalde de La Viñuela, José Juan Jiménez (PSOE), se niegue a recalcular las facturas, «con un promedio del gasto de los últimos trimestres, pero quitando esas facturas desorbitadas», ha apostillado. «Lo más llamativo es que todas son facturas de un trimestre de 2022, luego ya han venido cantidades normales, estoy convencido de que ha sido por los cortes y la entrada de aire en las tuberías que hubo ese verano, así lo hemos comprobado con varios técnicos, que nos han hecho informes. Además todas las viviendas afectadas están en zonas altas del pueblo», ha argumentado.
Este residente británico ha anunciado que los vecinos afectados han presentado ya también diversas alegaciones y recursos al Consistorio viñolero, que ahora tiene tres meses para responderles. «Si no lo hacen y no aceptan recalcular los recibos, iremos al Defensor del Pueblo y estamos dispuestos a contratar incluso a abogados si es necesario, porque esto es un abuso absoluto, no podemos pagar esas facturas tan elevadas», ha expresado Rouse, quien ha estimado que la deuda total que reclama el Ayuntamiento a estos veinte vecinos podría rondar los 200.000 euros, «cuando nos han dicho que solo un recibo de 30.000 euros equivale a lo que ingresan en todo un año», ha manifestado.
Modificación de la ordenanza
Por su parte, el alcalde de La Viñuela, José Juan Jiménez (PSOE), ha insistido a SUR en que el problema ha afectado a «unas 15 ó 20 viviendas unifamiliares con jardines y piscinas, que por lo visto han despilfarrado el agua». «Las lecturas son correctas, los contadores funcionan bien, tenemos un equipo de dos fontaneros que están todo el día leyéndolos y revisándolos», ha expresado Jiménez, quien no obstante ha dicho que los vecinos «están en su derecho de presentar recursos y serán estudiados por los técnicos municipales».
«El cobro lo realiza el Patronato de Recaudación de la Diputación, desde el Ayuntamiento no podemos hacer nada, se actuará conforme a lo que diga la ley», ha expresado el regidor viñolero, quien ha apuntado que llevan varios años advirtiendo a vecinos que estaban realizando un consumo excesivo, «con facturas de 2.000, 3.000 y hasta 4.000 euros», ha apuntado. «Que alguien gaste un millón y medio de litros de agua en un trimestre es lo que gasta el pueblo entero en tres días, eso no es aceptable y si han despilfarrado tienen que pagarlo», ha apuntado.
El alcalde viñolero, en el cargo desde 2011, ha explicado que hace apenas dos años se modificó la ordenanza municipal de agua potable a raíz de los sucesivos decretos de la Junta de Andalucía para afrontar la extrema sequía en la Axarquía. Así, desde la Administración regional se pidió a los ayuntamientos de la zona que ahorraran un 20% en su consumo de agua y las restricciones incluyeron una reducción en el consumo de agua por habitante hasta los 180 litros diarios. Jiménez ha destacado que la modificación de la ordenanza «penaliza el consumo excesivo superior a los 350 metros cúbicos, cuando se cobran a 32 euros cada metro cúbico».
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