Tres años de prisión y multa de 50 millones para el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández por el fraude en las subvenciones

Según ha informado el Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA), el exlíder ugetista aplicó «de forma consciente y fraudulenta» los fondos recibidos de la Junta de Andalucía por un importe total de 40,6 millones de euros para la realización de cursos de formación para personas desempleadas y ocupadas a «fines distintos» de los que debieron destinarse, y de los que ha dispuesto UGT-A para financiar actividades propias del sindicato, ajenas al fin social para el que las recibieron».

En la sentencia, notificada hoy miércoles a las partes, se pone de relieve que no es firme y que se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. La resolución judicial impone además al exsecretario general la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años y seis meses.

Asimismo, la Sección Tercera de la Audiencia impone estas mismas condenas como autores de dichos delitos a otros tres antiguos mandos del sindicato como son el exvicesecretario general de administración y tesorero de UGT-A Federico Fresneda; la que fuera secretaria de gestión económica del sindicato María Charpín, y el entonces consejero delegado de la entidad Soralpe Enrique Goicoechea, mientras que también condena a la que era responsable del departamento de Compras de UGT-A Dolores Sánchez, aunque en este caso como cómplice de los delitos referidos y le impone seis meses y dos días de cárcel, multa de 25 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de un año y medio.

En concepto de responsabilidad civil, el tribunal condena a los cinco antiguos cargos del sindicato a que indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía en la cantidad de 40,6 millones -los cuatro condenados como autores de los delitos deberán hacer frente al 99 por ciento de esta cantidad, y la condenada como cómplice al 1 por ciento de la misma, y de manera subsidiaria con los condenados como autores hasta el límite de 4.288.707,74 euros-, que se corresponde con el montante total que se habría defraudado, declarando responsable civil subsidiaria a UGT-A por el importe total.

Para establecer dichas penas, los magistrados tienen en cuenta la gravedad de la conducta desarrollada, el monto de las subvenciones, la cuantía de lo defraudado, la multiplicidad de solicitudes y de modalidades delictivas, el perjuicio causado a los trabajadores a cuya formación estaban destinadas las subvenciones y en general para la sociedad, la alarma social que producen actuaciones delictivas como las ahora sentenciadas, y más cuando son ejecutadas por agentes sociales a los que, precisamente, se les conceden las subvenciones por su proclamada defensa de los intereses de los trabajadores y desempleados»

El tribunal, además, rechaza la atenuante de reparación del daño interesada por las defensas de los investigados con base al acuerdo adoptado por UGT-A y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con aprobación del fraccionamiento del pago en 25 años de la deuda por reintegro de las cantidades no justificadas o defraudadas de las subvenciones recibidas para cursos de formación, que no implica el pago de la deuda reclamada en este procedimiento de forma principal a los acusados y subsidiaria a la UGT, y menos cuando se condiciona su cuantía a lo que resulte de los expedientes de reintegro incoados por la Administración y cuya reclamación es impugnada por dicha entidad sindical, y que, según informa el letrado de la Junta, algunos están paralizados a su instancia.

«En este caso, la Junta de Andalucía ha mantenido la acción civil ejercitada contra los acusados, quienes no han realizado esfuerzo alguno en reparar el daño causado al erario público, y como responsables civiles subsidiarios contra las empresas proveedoras y UGT-A, no en los términos que se determinen en los expedientes de reintegro incoados por la Administración y cuya reclamación es impugnada por dicha entidad sindical, sino en los que se determinen en este procedimiento», subraya la sentencia.

De igual modo, la Audiencia Provincial absuelve a otras nueve acusados que fueron enjuiciados como cooperadores necesarios de dichos delitos tras actuar como proveedores del sindicato a través de las empresas a las que representaban, pues, entre otros aspectos, no consta acreditado que tuvieran conocimiento del destino que iba a darse a los descuentos, comisiones o rappels que habían acordado y concedido al sindicato.

En el juicio, la Fiscalía Anticorrupción solicitó siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para cada uno de los cuatro principales condenados, así como cinco años de prisión y también 50 millones de multa para la responsable del departamento de Compras del sindicato, mientras que para los proveedores reclamó la imposición de tres años de prisión y el pago de una multa de 3.600 euros.

La Sección Tercera de la Audiencia considera probado que el sindicato UGT-A ha venido recibiendo subvenciones por parte de la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para la realización de acciones formativas», todo ello en el marco del «desarrollo de políticas activas de empleo llevadas a la práctica a través de los agentes sociales (sindicatos, confederación de empresarios...).

Asimismo, se añade que en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, por decisión de la Comisión Ejecutiva Regional de UGT-A, cuyos más altos representantes eran Manuel Pastrana, que desempeñó la secretaría general hasta mayo de 2013, siendo Francisco Fernández Sevilla vicesecretario de Organización y secretario general a partir de mayo de 2013 hasta el 3 de diciembre del mismo año, y Federico Fresneda, que en el periodo 2009 a 2013 fue titular de la vicesecretaría de Administración», se pusieron en marcha una serie de procedimientos de los que se sirvieron de distintos proveedores del sindicato y entidades vinculadas a fin de obtener una vía de financiación para sufragar gastos de estructura propios del sindicato a costa de los fondos públicos concedidos con las subvenciones de las que resultó ser beneficiaria.

Los magistrados aseveran que «en la consecución de estos ilícitos fines de financiación, conocidos como tales y aprobados por los citados responsables del sindicato, se establecieron distintas técnicas de las que se sirvieron y que fueron aceptadas por distintos proveedores -no sólo las empresas que son objeto de acusación- para poder, éstos, mantener su relación comercial con el sindicato, como por ejemplo la obtención de descuentos, comisiones y rappels de los proveedores que no figuraban en las facturas presentadas como justificación de gastos ante el órgano concedente de la subvención, con lo que, al ocultar su realidad, se conseguía imputar íntegramente su importe a la subvención sin tener en cuenta el descuento pactado, quedándose UGT-A con la diferencia entre el coste declarado y lo realmente soportado».

Bote y rappel

El tribunal, igualmente, alude a la confección de facturas de proveedores y otros documentos contables conteniendo conceptos genéricos, bien por bienes no vendidos o servicios no realizados, bien por bienes o servicios a los que se les adjudicaba un valor superior al que realmente tenían, o por bienes o servicios propios del sindicato pero sin vinculación con la subvención a la que se imputaban.

En este sentido, la Sección Tercera pone de manifiesto que, con dichas facturas, «justificaron mendazmente ante la Administración Pública gastos imputados a los fondos públicos recibidos para programas de formación, un mecanismo que vino a denominarse 'bote', que al igual que el rappel era contabilizado y controlado a través de un programa informático llamado SPYRO, sistema por el que el sindicato se financiaría con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de las citadas facturas».

Este 'bote', según la sentencia, «implicaba el encargo a los diferentes proveedores de la emisión de facturas que no correspondían a ninguna prestación de servicios o suministro de bienes o que era de un importe inferior, y éstas pasaban a engrosar una cuenta acreedora a favor de UGT-A con dichas empresas, que se convertían por tanto en deudores después de que el sindicato hubiera abonado esas facturas; facturas que, a su vez, eran presentadas en la cuenta justificativa ante la administración concedente de la subvención, con lo que se culminaba el procedimiento de distracción para fines propios del sindicato de las cantidades recibidas por la Administración, y que estaban previstas para un destino totalmente diferente de interés sociolaboral, según el programa para el que se otorgaba la subvención».

Asimismo, según precisan los magistrados, «se realizaron otros sistemas de imputación de gastos no subvencionables como salarios de empleados propios y de Soralpe I+P Asociados S.L. a los cursos de formación concedidos a UGT-A, cuando realmente no trabajaban en ellos, así como gastos de estructura y mantenimiento del sindicato (facturas de teléfono, electricidad, limpieza, etc) y, también, el pago de alquiler de aulas e instalaciones propiedad de UGT-A (…)».

El tribunal asevera que, además, ·«e han detectado otros incumplimientos de la legislación reguladora de las subvenciones que impiden declarar la subvencionalidad de distintos gastos realizados y ponen de manifiesto la irregularidad en la ejecución y justificación de actividades subvencionadas por UGT-A, que contaba con técnicos con un amplio conocimiento, historial y capacidad técnica para el desarrollo y tramitación de los cursos de formación».

Los magistrados analizan hasta 14 expedientes de subvenciones percibidas por UGT-A para acciones formativas y precisan la cuantían exacta de los gastos justificados por el sindicato por cada expediente que resultan no subvencionables, ascendiendo dicha cuantía a un total de 40,6 millones.

La Sección Tercera de la Audiencia absuelve a todos los acusados que fueron juzgados como proveedores del sindicato, y ello al estimar que «la responsabilidad que podría atribuírsele debe ser la relacionada y concretada a los expedientes de subvención objeto de este procedimiento, y no a su relación global con el sindicato, que no es objeto de acusación, señalando que no cabe establecer su responsabilidad en relación al saldo que, en un momento determinado, pudieran tener a favor o en contra de UGT-A, o al importe total de los descuentos, comisiones o rappels realizados, sino únicamente en atención a las facturas relacionadas con las subvenciones examinadas en esta causa a y los términos» de los escritos de acusación.