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El apagón del pasado lunes ha vuelto a poner en primer plano el retraso que acumula la infraestructura de transporte eléctrico de la comunidad andaluza, ... donde cuatro de sus provincias fueron las últimas en recuperar el suministro de energía tras el corte sufrido en todo el país. Hace tiempo que la Junta de Andalucía viene reclamando la modernización de esta red, cuyas deficiencias lastran la posibilidad de desarrollar todos los proyectos de generación eléctrica mediante fuentes renovables -especialmente solar y eólica- en cartera debido a que no existe infraestructura suficiente para conectar esa energía al resto del país. Pero a partir de lunes se puso sobre la mesa otro argumento de peso sobre la necesidad de estas inversiones: las provincias que cuentan con menor desarrollo en su red de transporte eléctrico fueron las que demoraron más tiempo en recuperar totalmente el suministro y volver a la normalidad: Jaén, Córdoba, Granada y Almería.
Andalucía padece en su conjunto un déficit notable en la densidad de su red de transporte eléctrico. Según las estimaciones de la Consejería de Industria, Energía y Minas, está un 40 por ciento por debajo de la media nacional, y es en esas cuatro provincias donde el retraso es más notable. En concreto, dispone de 742 kilómetros de red por millón de habitantes frente a los 1.242 kilómetros de la media española, según los datos disponibles a cierre de 2022.
La Junta ya había desarrollado una propuesta de inversiones en la red de transporte de energía eléctrica y apuntaba a mejorar las infraestructuras en las zonas críticas. Ahora, tras el suceso del pasado lunes, ha reclamado que se agilicen esas inversiones, que deben quedar recogidas en la planificación energética 2025-2030 y que se acelere el desarrollo del marco normativo para impulsar los sistemas de almacenamiento en las plantas de generación renovable. El objetivo es que estas plantas, en las que Andalucía aspira a ser líder debido a las condiciones naturales que presenta, puedan ser gestionables y su utilidad no quede limitada a inyectar electricidad en la red solamente cuando haya sol o viento, que es lo que sucede actualmente según explica el consejero del área, Jorge Paradela.
Entre los cambios normativos que el Gobierno andaluz reclaman figuran la eliminación del tope de inversión en redes, tanto de transporte (0,065% del PIB) como de distribución (0,13% del PIB), y que se utilicen fondos europeos para acelerar el desarrollo de la red sin que suponga un incremento en la factura eléctrica.
El pasado abril, la Junta presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Red Eléctrica una propuesta de inversiones para el desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica en Andalucía para el periodo 2025-2030 basada en cuatro premisas. La primera es aprovechar el abundante recurso renovable del que dispone la comunidad, tanto en las dos más desarrolladas -la solar y la eólica-, como las que presentan todavía menor desarrollo pero cuentan con un gran potencial, como la termosolar o la biomasa.
La segunda premisa es atender la creciente electrificación y dar respuesta a la movilidad eléctrica, a la economía del hidrógeno verde y a proyectos industriales que necesitan un gran consumo. También se persigue reforzar las interconexiones con otras comunidades autónomas para la evacuación de la producción renovable y nuevos desarrollos industriales. La cuarta premisa, a la que el Gobierno andaluz da gran importancia, es conseguir la localización de iniciativas tractoras de inversión y empleo que fijen población y vertebren el territorio, favoreciendo de esa manera el desarrollo socioeconómico de la región.
Sobre la base de esos objetivos, la Junta solicitó al Gobierno central la construcción de seis subestaciones, 88 nuevas posiciones (incluidas ampliaciones de subestaciones), y ocho nuevas líneas de doble circuito en la red de transporte como principales actuaciones sobre la red de transporte del sistema eléctrico, que suponen una inversión de 544 millones a ejecutar en el citado periodo comprendido entre 2025 y 2030.
Aunque la petición de la Junta contempla inversiones en las ocho provincias andaluzas, se han solicitado infraestructuras que tienen gran impacto en cuatro áreas geográficas con mayor déficit de inversiones. Estos territorios, que suponen el 35 por ciento de la superficie de Andalucía, abarcan a 199 municipios, entre los que se incluye solo una capital -Jaén- y 23 municipios de más de 15.000 habitantes, y que afectan al 18% de la población andaluza.
Esos cuatro bloques se corresponden con la conexión Baza-Úbeda-Manzanares (Castilla-La Mancha) en la provincia de Jaén para dar apoyo a la distribución y a la generación de renovables en el sur de Jaén (Mazuelos) por ser una de las zonas que cuenta con menos infraestructuras; de la conexión Lancha-Peñarroya-Maguilla (Extremadura) en la provincia de Córdoba, donde además se piden desarrollos en Los Pedroches y Alto Guadiato, y un nuevo eje de interconexión con Sevilla; de la conexión Costa de la Luz-Puebla de Guzmán-Brovales (Extremadura) en la provincia de Huelva para la evacuación renovable y atender la demanda de la Faja Pirítica; y de la conexión Arcos-Cartuja y otras actuaciones para mejorar la seguridad del suministro, dar respuesta a proyectos industriales y renovables en la provincia de Cádiz.
Además de las anteriores infraestructuras, también se han solicitado inversiones para el resto de las provincias andaluzas. En Málaga y Granada, una nueva línea para mejorar la seguridad del sistema y atender el crecimiento de la comarca de la Axarquía y de la Costa Tropical; en Sevilla una nueva conexión estructural de 400 kV que incrementará el mallado de la red, hará aflorar nueva capacidad de evacuación renovable y permitirá el acceso a nuevas demandas industriales. En Almería, la Junta reclama la ejecución de las actuaciones ya comprometidas en la anterior planificación para dar robustez al sistema en la provincia y que no se han ejecutado, además de la ampliación de posiciones en varias subestaciones para atender renovables y proyectos industriales.
Los 544 millones en lo que la Junta estima la inversión necesaria se suman al valor de las infraestructuras estratégicas que asuma el Ministerio de forma directa, como las que se requieren para el desarrollo ferroviario por parte de ADIF, así como las actuaciones contempladas para Andalucía en la planificación energética 2021-2026 -en vigor- que aún no han sido ejecutadas, que suponen una inversión estimada de 282 millones de euros.
Como principales novedades para priorizar sus actuaciones en este nuevo periodo de inversión 2025-2030, el Ministerio ha establecido la garantía de suministro para nuevos proyectos de almacenamiento energético, para aquellas iniciativas orientadas a la descarbonización de la actividad industrial y las enfocadas al desarrollo de la cadena de valor industrial. Además, incorpora que los nuevos desarrollos de la red de transporte deberán dar respuesta a la cohesión territorial, el reto demográfico y la transición justa, un criterio de especial relevancia para Andalucía. Estas novedades se suman a la prioridad establecida en la planificación anterior de evacuar la generación renovable para avanzar en la transición del sistema energético.
En consecuencia, la Junta ha tenido en cuenta para elaborar su propuesta el planteamiento realizado desde el Ministerio, que está además alineado con la política energética e industrial de Andalucía en su apuesta por el despliegue de las renovables. La comunidad es la tercera en España con más potencia verde instalada, con un total de 11.803 megavatios (MW).
Andalucía cuenta con un parque de generación eléctrica muy diversificado. A 31 de diciembre de 2024 la potencia de generación eléctrica total (no incluye almacenamiento) era de 21.872,1 MW, distribuida en un 66,2% de tecnologías renovables, 27,2% en ciclos combinados de gas, 2,6% térmicas de carbón y un 4,0% de cogeneración y residuos. Además, la potencia en almacenamiento se cifra en 570 MW en centrales de bombeo y 1 MW de baterías. Destaca el cierre en los últimos años de dos de las tres centrales térmicas de carbón ubicadas en la Comunidad. En cuanto a las energías renovables, la potencia de generación eléctrica instalada se ha duplicado respecto a 2018, siendo lo más significativo el crecimiento de las instalaciones solares fotovoltaicas. Se consolidan, además, las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red para autoconsumo como una nueva opción de generación eléctrica con renovables.
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