Rocío Blanco: «No me gusta hacer sangre con lo que otros dejaron»

–Unos 700 millones de euros para la formación devueltos al Gobierno, otros 378 millones pendientes de resolver en ayudas a empresas de formación, el uso del dinero en la FAFFE en juergas... A la vista de cosas así, ¿no cree que las millonarias ayudas a empresas en crisis del 'caso Ere' se quedan casi como tema menor?

–Es un análisis, pero nunca me verá juzgar ni hacer juicios de valor de la gente. Si me preguntan en el Parlamento doy los datos, pero no me gusta hacer sangre sobre lo que otros dejaron.

–Pero le sorprenderá, como poco, todo lo que está viendo

–Sí, y mucho. Antes, como ciudadana podía barruntar cosas, pero cuando te metes en la gestión y ves la ineficacia en la ejecución de dinero público, sobre todo en nuestra consejería, que es transversal a todos los programas...

–¿Le decepciona que el trabajo que inició junto a su viceconsejera y que dio lugar al 'caso Edu' contra empresas cazasubvenciones, quedara judicialmente en nada?

–Como funcionario público, si ves conductas que pueden ser constitutivas de delito, tienes la obligación de trasladarlo al servicio jurídico que luego lo comunica al servicio policial especializado. Yo he trabajado sobre todo en el fraude a la Seguridad Social y la viceconsejera cumplió en su día ¿Decepción? Tampoco buscábamos nada personal. Era su obligación. Si la Justicia no ha visto elemento constitutivo de delito, no soy yo quién para juzgarlo. Sí siento decepción en cuanto a las expectativas no cumplidas de las personas que solicitaron los cursos y que ahora tengamos algo que nos come como es esa bolsa por resolver de reintegros o justificaciones de gasto de las empresas. Nos corre mucha prisa porque hay muchos expedientes en riesgo de prescripción. Lo hacemos por orden de antigüedad y le aseguro que toda la Dirección General de Formación Profesional trabaja en ello.

–Ha llegado a decir que faltarían vidas propias y ajenas para completar todo ese trabajo ingente

–Hemos hecho un plan de choque consensuado con la Intervención, totalmente proclive a acelerarlo con otro grupo de apoyo propio. Podríamos haber reforzado con interinos pero si no coordinas con Intervención todo acabaría en un cuello de botella. Tenemos la formación profesional para el empleo paralizada y eso me come. Ademas, el artículo 124 de la LAJA (Ley de Administración de la Junta de Andalucía) impide iniciar más expedientes mientras haya sin justificar otros a esas mismas entidades. Si pusiéramos en marcha formación, mermaríamos el derecho de esas empresas que por falta de tramitación en tiempo y forma siguen con expedientes abiertos.

–¿Hubo más dejación que propósito planificado en el pasado?

–Ha sido inacción más que un objetivo, un dolo. Se vieron envueltos en el problema que se creó con la formación y decidieron paralizarla. Se devolvieron incluso fondos europeos. Tenían una bolsa tan grande de expedientes que se vieron sobrepasados. Veo más desidia que dolo.

–¿Da por buena la cifra de 134 millones de euros recuperados en expedientes, según su antecesor?

–La hemos dado por buena porque ha pasado por la fiscalización de Intervención.

–¿Cuánto esperan recuperar de los 378 millones pendientes?

–Pendientes de recuperar o reintegrar a las empresas, depende de cada caso. Hay algunos muy gordos, de hasta 22 millones de euros, de 15... Un 40% o 50% sí esperamos recuperar.

–El caso de una persona que solicitó subvenciones para formación y después resulta que es perceptor de la renta de inserción será anecdótico ¿no?

–Esperemos, pero nos estamos encontrando cosas muy llamativas.

–Según sus datos, un 53% de la población activa andaluza está en paro, tiene empleo precario o subempleo ¿Es la razón principal por la que ha decidido no frenar planes en marcha de la anterior Administración?

–Todo lo que nos hemos encontrado y que estaba en ejecución no podemos pararlo. Son órdenes publicadas. Hemos dado por buenas las políticas, pero tenemos que evaluar cara al futuro el uso del dinero público. Hemos encargado el análisis de lo que se estaba haciendo para evaluar su efectividad en incardinación laboral de desempleados. No ha existido ningún plan estratégico y ahora estamos haciendo un diagnóstico para formular un plan director en políticas de formación y en la reforma del SAE. Haremos un procedimiento para que nos ayuden desde fuera de la Administración.

–¿Qué datos tiene del resultado del programa de renta de inserción ligado a itinerarios de formación?

–Pues de 27.782 personas, solo 9.400 tuvieron incardinación laboral. En Alemania, incluso cuando la economía iba muy bien, decidieron cambiar el chip porque no querían que fuese un servicio de desempleo, sino de empleo, de acompañamiento a la personas haciendo el itinerario ajustado a los cambios del mundo laboral. Esa es la filosofía que tenemos que aplicar. En el SAE no se le ha dado a la orientación la importancia que tiene. El fin es emplear, evaluar y hacer un perfil de cada parado más allá de registrar la demanda.

–Es el mayor servicio público de empleo del país, pero apenas intermedia el 2,5 por ciento de los contratos ¿Espera duplicar quizás ese porcentaje?

–Es un mal de todos los servicios públicos de empleo, pero nos llama la atención esa situación, y mire que cuenta con buenos orientadores con experiencia, pero tenemos que darles herramientas para resultar atractivos para los empresarios y dejar de ser algo residual. La formación profesional, por ejemplo, está fuera del SAE y eso no puede ser cuando debe ser lo principal para esa búsqueda de empleo. Duplicar ese 2,5% sería un sueño. Siendo realista, yo creo que un 3,5% sería un objetivo razonable.

–¿Qué plantilla tiene?

–Unos 3.400, de los que 2.300 no tienen potestades administrativas. Son personal que por mor de sentencias ha consolidado su puesto a partir de consorcios integrados en el SAE. Eso es un problema que tenemos que arreglar de la mano de los sindicatos.

–¿Y qué actitud ha visto?

–Tenemos buena relación con ellos y con los empresarios. Siempre he pensado que la negociación colectiva es el mayor instrumento de creación de empleo. Si tenemos el objetivo del empleo, confían y nosotros no estamos por defraudar.

–¿Qué clima ha encontrado en la Consejería con su llegada?

–Muy bueno. Me he rodeado de personas, de funcionarios que conozco, porque esta es una consejería plenamente de gestión y creía que debía tener gente con experiencia. Muchos funcionarios nos dicen que se sienten como iguales, que hablamos su mismo lenguaje. Les sorprende por ejemplo que un consejero se meta en gestión, algo que para mí es lo normal.

–Les debe extrañar eso tanto como a los parlamentarios que le escuchan un discurso con más con datos que valoraciones políticas...

–No lo sé. Es un mundo que estoy conociendo ahora, pero los funcionarios están ilusionados de compartir el reto.

–Ha dicho en el Parlamento que «si la economía va bien y lo hacemos bien» se pueden crear 600.000 empleos en la legislatura. Lo primero no depende del todo de ustedes. ¿Qué es hacerlo bien en Empleo?

–En la época de mayor crisis se destruyó un 10,8% del PIB y un 18% del empleo. Con un déficit estructural en el tejido productivo de Andalucía estamos obligados a hacer las cosas bien. Y eso significa, cuando no tienes como Gobierno competencia legislativa en empleo, una reforma de las políticas activas, hacerlas útiles para el empleado y el parado. Eso supone reformar la ratio orientador por empleado. En Alemania hay uno por cada 70 parados y en Andalucía cada 200, dar formación continuada a los parados mayores de 45 años porque no llegamos al 15% que establece la UE. En Suecia es el 60%. Para los andaluces en riesgo de exclusión social tenemos en mente crear programas. Será un plan piloto para Cádiz y Málaga con un itinerario personalizado. Somos una administración y tenemos que fijarnos con más atención en los que tienen menos capacidad.

–¿Cree que los subsidios a mayores de 52 desincentivan para buscar empleo?

–Tenemos mucha ilusión en incorporar a esas personas, en incentivarles con un complemento salarial que les empuje al mercado de trabajo y sin costes para el empresario.

–Después de 40 años, muchos ven el subsidio agrario como un lastre y partidos como Vox plantean su eliminación.

–El empleo agrario es fundamental en gran parte de Andalucía, pero tenemos la obligación de incorporar a más personas al mercado laboral. La mujer supera ya a los hombres en perceptores y les veo mucho potencial. No podemos dejar que Andalucía tenga fama de economía subsidiada porque el andaluz tiene potencial. Hay que crear programas específicos más allá de pequeñas obras en los pueblos. Hemos implementado una medida pequeñita dentro del apoyo a autónomos, la subvención a mujeres emprendedoras de municipios de menos de 5.000 habitantes, para favorecer el relevo generacional, personas con una edad y con un negocio donde puede haber un relevo. Se trata de una pasarela y hay que ilusionar. El futuro no puede ser sólo cobrar subsidio.

–Pero un autónomo que quiere contratar y ve que el salario mínimo ha subido un 22 por ciento...

–Para quien empieza los costes son tremendos y si quiere crear un primer empleo, qué duda cabe, quizás va a esperar a que se asiente el negocio, por eso estudiamos una subvención para quien contrate al primer trabajador dentro de esos autónomos que son el 97% de nuestra economía. Nunca he sido autónoma, pero he trabajado con muchos y conozco su realidad. También pensamos en fomentar, a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Garantia, el acceso a avales para sus inversiones.

–¿Cuál es el presupuesto razonable con el que ha ido al consejero Juan Bravo para 2019?

–Lo estamos analizando. La prioridad serían los autónomos. Se concretaría gran parte de lo que le acabo de comentar.

–¿Comparte la necesidad de un plan de empleo extraordinario para Andalucía?

–Necesitamos un plan director después de estudiar lo que hay. No podemos seguir dándole a la maquinita sin saber lo que tenemos, y publicar subvenciones e incentivos sin más. Tenemos que ver el escenario.

–¿Y propuestas propias que se podrían ajustar con ese diagnóstico? En el mundo liberal, el cheque formativo, para que el trabajador lo gaste libremente, es una de ellas.

–Funciona mucho en los países europeos en porcentajes. Es una propuesta que está en el acuerdo de gobierno, pero hasta llegar ahí hace falta mucho camino. Lo contemplo pero como el último estadío. No podemos empezar la casa por el tejado. Lo veo para un sistema asentado. Madrid tiene un programa piloto y no se ha aventurado. No soy de los que quiere ser los primeros en este caso. Es una idea que nos gusta y le vemos potencial.

–¿Qué le va a ofrecer al sector empresarial que se dedica a la formación?

–Hemos tenido buena empatía en las reuniones. Quieren que empecemos cuanto antes porque también lo han pasado muy mal. Nosotros planteamos cambiar el sistema. No serán subvenciones sino probar otras vías, como la licitación a través de la Ley de Contratos del Estado. Serían concursos en lotes y el pago a través de módulos y todo a través de una mesa de contratación, con interventores, servicios jurídicos en el proceso. Así es más fácil de ejecutar que dar el 75% de subvención y luego acreditar para completar el 25% porque la inacción de la Administración se vuelve contra ella. Todo el mundo está muy enfocado ahora en los certificados de profesionalidad, pero de lo que se trata es de entrar en el mercado y eso son competencias profesionales. En el PTA, nos dicen que si formamos a gente en nuevas tecnologías hay gran oportunidad de empleo.

–Ahí tienen el consorcio Forman, que no está funcionando.

–Queremos que empiece a funcionar lo antes posible y enfocarlo en relación a la FP dual. Sería un error no ir por ahí.

–En el CIO de Mijas, después de cuatro años cerrados, los empresarios son contrarios a sus planes de abrirlo por fases...

–Han tenido paciencia con cuatro años cerrado, pero los empresarios a lo mejor tienen otros intereses. Cuando se reactive empezará a apostar por la FPdual también. No podemos acometerlo todo a la vez, sino por partes. Primero la parte académica y después el hotel.