La coexistencia Sánchez-Moreno afronta una nueva etapa

Las circunstancias que han rodeado a la investidura de Pedro Sánchez no son iguales a las anteriores. La entrada en la ecuación de Junts per Catalunya y el listón de condiciones que esta formación y el resto de los partidos nacionalistas impusieron para volver a hacer presidente a Sánchez condicionarán en buena medida la política territorial del Gobierno. La pregunta es qué lugar podrá ocupar Andalucía en una legislatura cuya continuidad dependerá en gran medida de que Sánchez satisfaga las demandas de los dos grandes nacionalismos periféricos del norte de España.

Pedro Sánchez y Juanma Moreno llegaron por primera vez a los lugares preminentes que ahora ocupan con unos pocos meses de diferencia. El presidente del Gobierno lo hizo en junio de 2018, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, y acaba de comenzar su tercer mandato. Moreno, apenas medio año después, con un gobierno en minoría y tras acabar con 37 años de hegemonía política socialista en Andalucía. Lleva poco más de un año gobernando en un segundo mandato desde una cómoda mayoría absoluta.

Desde el mismo momento en que ambos mandatarios comenzaron a coexistir, el Gobierno de España y el andaluz han sido enemigos íntimos. Moreno, envuelto en un andalucismo de nuevo cuño, ha hecho bueno el principio de que todo relato político debe tener un malvado y ha situado a Sánchez en el centro permanente de la diana de su discurso. Lamenta que toda demanda de la Junta a la Administración central es recibida con indiferencia, cuando con desprecio. El Gobierno de España no le ha ido a la zaga, y aunque no ha rehusado el enfrentamiento dialéctico se ha centrado sobre todo en la batalla legal.

Esta semana, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, acudió a una comisión parlamentaria para responder a una petición de comparecencia formulada por el Grupo Socialista sobre la litigiosidad entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.

El foco estaba puesto sobre todo en el Tribunal Constitucional, a donde la Junta de Andalucía ha recurrido ya en dos ocasiones para denunciar invasión de sus competencias en normas aprobadas por el Ejecutivo de Sánchez.

El calendario quiso que la comparecencia se produjera apenas unas horas antes de que el Constitucional resolviera contra el recurso presentado por la Junta por la supuesta vulneración de su autonomía financiera que suponía la creación del impuesto temporal sobre las grandes fortunas.

Tras esa resolución, aún queda vivo el segundo recurso de inconstitucionalidad, el presentado también durante este año, contra 16 artículos y cuatro disposiciones transitorias de la Ley estatal de Vivienda.

Ambos conflictos supusieron un choque no sólo competencial, sino también ideológico. Uno, relacionado con impuestos a grandes fortunas; el otro afecta, entre otros, a una cuestión que la Junta considera de su estricta competencia: cuánto suelo debe reservarse para vivienda protegida.

No han sido estos dos los únicos conflictos sobre los que la Junta o el Gobierno han acudido al Constitucional para dirimir sus diferencias. Recientemente, ambos ejecutivos llegaron a un acuerdo in extremis después de que el Gobierno de España amenazara con presentar un recurso contra la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). La gestión del suelo otra vez en el foco del conflicto.

En esa ocasión, se constituyó un grupo de trabajo entre ambas administraciones para resolver las discrepancias en torno a esa norma, que la Junta consideró básica en el esquema del programa reformista que aplicó en la primera legislatura tras el cambio político andaluz.

El Constitucional no ha sido el único campo de batalla entre ambas administraciones. La Junta también planteó un recurso positivo de intereses contra el decreto que regula la estructura básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional , que se estimó con sentencia favorable para el Gobierno autonómico.

Además, las discrepancias entre ambos gobiernos obligaron, entre 2019 y este año, a convocar en 16 ocasiones la comisión bilateral de cooperación entre el Ejecutivo central y la Junta de Andalucía.

Según la Junta, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido una actitud sistemática de cuestionamiento a todas las normas aprobadas en Andalucía. Así la comisión tuvo que entender en cuestiones tan dispares como las medidas contra el cambio climático, le ley audiovisual de Andalucía, varias de las normas aprobadas en relación con la pandemia, los presupuestos de 2020 y 2021, la ley de simplificación administrativa, la norma de admisión en centros públicos y concertadas, el decreto para revisar los precios de los contratos públicos o la ley de policías locales.

14 de estos conflictos, según explicó Sanz en el Parlamento, concluyeron en acuerdo y en las dos restantes, aún sin acuerdo, el Gobierno central desistió de acudir a los tribunales.

¿Cambiará algo la naturaleza de esta relación en la legislatura que queda por delante? Para el Gobierno de la Junta, la tentación de situar a Andalucía en el centro de la batalla política frente a las concesiones a los nacionalismos vasco y catalán será muy grande y es probable que la disputa contra algunas de estas medidas se libre en el terreno judicial. De hecho, la Junta ya anunció que prepara un recurso contra la Ley de Amnistía.

El otro gran tema pendiente que posiblemente se aborde en esta legislatura no por voluntad del Gobierno sino por imposición de sus socios catalanes, la reforma del sistema de financiación autonómica, también ofrecerá una medida de hasta dónde puede llegar la conflictividad en la relación entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.