El PP reclama a la Junta normas «serias» para la jornada de los funcionarios
El Ejecutivo autonómico aprobará el plan pactado con los sindicatos en el Consejo del próximo martes
El PP andaluz presionó ayer al Gobierno autonómico por la marcha atrás en la aprobación del plan para la jornada de los funcionarios y le ... reclamó una normativa «seria». Mientras, la Junta de Andalucía y el PSOE.-A confirmaron que el próximo martes se aprobará en Consejo de Gobierno el acuerdo con los sindicatos de la función pública para poner en marcha este plan, que busca cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que derogó la jornada de 35 horas semanales. Fuentes de la Consejería de Hacienda dijeron que no hay ningún problema, salvo la prudencia de consultar al TC, y que tampoco se registran dificultades en la diferente casuística que se va a implementar para controlar en cada área específica que los funcionarios cumplan el plan previsto: es decir dedicar 35 horas semanales al trabajo presencial y 2,5 horas más para diferentes tareas que se llevarán a cabo fuera de este tiempo. Por su parte el secretario de organización del PSOE-A, Juan Cornejo, aseguró a su vez que «el próximo martes se van a arreglar las cosas, cumpliendo con la ley y con los compromisos y acuerdos firmados con los sindicatos para seguir manteniendo los derechos de los trabajadores públicos».
Pero la inesperada marcha atrás de la Junta ha dado la ocasión al PP andaluz de armar la crítica al Gobierno en una medida en la que tenían difícil ponerse en contra, por afectar a los funcionarios, una bolsa electoral nada despreciable, pero también le era complicado estar a favor, por contradecir al Ejecutivo de Mariano Rajoy.
«Esperpento»
Por ello ayer el vicesecretario del y portavoz de función pública del grupo popular, Pablo Venzal, reclamó directamente a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «seriedad y respeto» al colectivo de empleados públicos andaluces, después del que calificó de «esperpento» de aprobar el decreto ley de las 35 horas semanales, que ha sido anulado por el Tribunal Constitucional. En la convalidación de esta norma en el Parlamento andaluz, el Partido Popular no votó en contra, sino que se abstuvo.
Venzal sostuvo, como ha venido haciendo su partido, que Díaz desoyó sus advertencias para que negociara, ante la previsible inconstitucionalidad de la medida, y asegura que la Junta eligió la confrontación. El diputado del PP-A advirtió también que su grupo «estará vigilante» para que el plan de completar las horas presenciales con otras tareas a domicilio se lleve a cabo «con seguridad jurídica, sin discriminar a ningún colectivo de la administración pública y pactado con los sindicatos». Reclamó medidas «serias» y «claridad» ante cuestiones como la voluntariedad de acogerse al teletrabajo, los riesgos laborales, la privacidad de los trabajadores, la confidencialidad, las retribuciones, el control, o la disponibilidad.
De este modo, Venzal se preguntó «por qué no se eligió esa vía si la normativa permite el trabajo no presencial en lugar de aprobar un decreto inconstitucional». El PP, añadió, no descarta pedir «responsabilidades políticas» por la situación creada entre los empleados públicos.
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