La publicación de la orden con las tarifas de los servicios sanitarios en Andalucía calienta la polémica política

La polémica radica en torno a qué intención subyace detrás de la publicación de esta orden, que actualiza y desarrolla el sistema de tarifas para los convenios que el SAS puede suscribir para concertar la prestación de servicios sanitarios por empresas privadas. Desde la Junta se asegura que sólo se persigue poner orden donde no lo había y niega de plano que exista una hoja de ruta oculta para avanzar en la privatización de la sanidad. La oposición de izquierdas no duda de que el Gobierno andaluz ha comenzado a andar ese camino, sobre todo porque en la orden se ha incluido un servicio que antes no aparecía: la atención primaria. Ambas partes se acusan de mentir a sabiendas.

En concreto, la orden publicada incluye anexos con las tarifas para los diferentes servicios, incluido el de consultas donde se fijan unos precios máximos de 65 euros por consultas de Atención Primaria; de 150 euros por primeras consultas; de 90 euros por consultas sucesivas, y de 215 euros por consultas de «alta resolución». La orden precisa que «estas tarifas máximas se corresponden con consultas realizadas en las instalaciones de las empresas adjudicatarias», de forma que, en el caso «de no realizarse la prestación del servicio en dichas instalaciones, la tarifa máxima se verá reducida al 35%». Este apartado es el que más ha soliviantado los ánimos de la oposición, que considera que también abre la puerta a que empresas de sanidad privada puedan usar instalaciones públicas para prestar servicios concertados.

En el texto de la orden, la Consejería argumenta que es conveniente establecer una tarifa máxima homogénea para toda Andalucía, por procedimiento y no por grupos, como hasta ahora, «lo que implicará una reducción del coste en los procedimientos más frecuentemente concertados y, por otra parte, conseguirá resolver aquellos procedimientos que generan lista de espera o problemas asistenciales cuando efectivamente sea necesario«.

Con ese objetivo, continúa, «los centros públicos deberán establecer con antelación cuáles serán sus necesidades de concertación para cada tipo de procedimiento y en base a dicha necesidad poder estimar el presupuesto para dicha contratación de asistencia sanitaria complementaria».

Este jueves, tras la publicación de la orden, la consejera, Catalina García, aseguró que se trata de un marco con tarifas que «lo único que hace es poner precios máximos, ordenar, y luego todo lo que la Consejería quiere concertar fuera del SAS será previo contrato y licitaciones que serán públicos».

En el mismo sentido de lo que aseguró durante su comparecencia parlamentaria de la semana pasado afirmó que el gobierno andaluz «no va a privatizar nada» y preguntada sobre si la inclusión de la atención primaria responde que es donde hay más problemas, García lo negó de manera rotunda. «Se mete la atención primaria como se va a meter todo lo demás y no se va a privatizar nada», insistió.

También el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, defendió la orden y tras acusar de mentir a los partidos de la oposición dijo que se intenta poner orden donde antes había caos «y que no le cueste un pastizal a los andaluces, en modo indemnización a empresas con las que se tienen conciertos porque no se renuevan, no se firman o no hay papeles«, indicó en referencia a lo que ocurría en la etapa de los gobiernos socialistas

Del otro lado, el Ejecutivo central ha intervenido en la polémica por boca de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien acusó a la Junta de haber iniciado el camino hacia la privatización de la sanidad y avisó de que el Gobierno no va a permitir «ni un paso atrás».

Montero, que en su etapa como consejera de Salud firmó una orden similar que incluía la tarificación de la atención primaria, dijo que con esta orden «se inicia un camino por parte del Gobierno andaluz de privatización de la joya de los servicios públicos» y que se trata de una iniciativa que desde el Gobierno central se va a perseguir. «En la medida en que podamos ostentar nuestras competencias, no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás en materia de sanidad pública, porque éste es el colchón de seguridad que tienen los ciudadanos si caen enfermos o cuando la ciencia tiene posibilidad de curarles«, defendió tras acusar al Gobierno andaluz de haber iniciado una hoja de ruta camino de la privatización de la sanidad.

La portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, también sembró dudas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno andaluz al advertir de que nadie pone precio a su casa si no quiere venderla y que cada minuto con la orden en vigor es un atentado contra la autonomía andaluza. Esperanza Gómez, de Por Andalucía, dijo que «ya queda menos para tener que pagar para ir al médico o al pediatra» y José Ignacio García, de Adelante Andalucía, acusó a la consejera de haber mentido al Parlamento al afirmar que no habrá privatizaciones.