Una propuesta conjunta sobre los cultivos en Doñana aleja el fantasma de la pinza en el inicio del curso político

Ante la resistencia de Ciudadanos a firmar documentos conjuntamente con Vox, la fórmula para esta iniciativa conjunta ha sido la misma que se utilizó en su día para la presentación de la propuesta de Ley de Tributos Cedidos: por un lado, un texto suscrito por los socios de Gobierno -PP y Ciudadanos- y por el otro, uno de contenido idéntico pero encabezado por los anagramas del PP y Vox. «No hemos tocado todavía el techo del ridículo parlamentario», señaló en tono fuertemente crítico la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto.

El diputado de Vox, Manuel Gavira, explicó que la presentación por duplicado de la propuesta fue la misma que la que motivó que se utilizara la misma fórmula para la reforma fiscal: la negativa de Ciudadanos a suscribir un documento de manera conjunta. Por ello emplazó al PP a explicar por qué permite a su socio de gobierno que trace «un cordón sanitario» contra su formación política y le advirtió: «Lo mismo no le dan los números en la próxima legislatura».

Por su parte, el portavoz parlamentario del Partido Popular, José Antonio Nieto, además de defender la importancia de la norma, mostró su confianza en que la situación de confluencia de voto entre Vox y la izquierda que se produjo en el rechazo a los Presupuestos no se repita al haber advertido esa formación que el objetivo del adelanto electoral que perseguía con el bloqueo de la acción de Gobierno no lo va a alcanzar.

Más allá de la lectura política de esta presentación conjunta, el fondo de la propuesta llega cargado de polémica. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Joaquín Páez, la calificó como un «ejercicio de falta de lealtad institucional» y recordó que «cualquier modificación o revisión del plan debe tramitarse conforme a la legislación y contar con los mismos trámites que fueron necesarios para su aprobación y, sobre todo, con la asignación de recurso para que al final no quede todo en un mero ejercicio de generación de expectativas falsas ante el sector del regadío del Condado».

La ONG ambientalista WWF la calificó por su parte de «ataque demoledor a Doñana» y de incumplir recomendaciones fundamentales de la Unesco en relación con el Paque Nacional.

Los grupos a la izquierda de la Cámara también han reaccionado con virulencia. Para Unidas Podemos, la iniciativa es de una gravedad extraordinaria. Inmaculada Nieto recordó que Doñana está siendo investigada con atención por las instancias europeas y que el Parque Nacional podrá sufrir daños irreparables si no se pone coto a la extracción ilegal de agua.

Para la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se trata de dar carta de legalidad a los riegos ilegales y la ocupación de determinados terrenos de forma ilegal con cultivos y de «profundizar aún más en un desequilibrio entre la vida en el parque natural y la posibilidad de desarrollar una agricultura de forma sostenible».

El PSOE no se ha mostrado tan crítico, aunque sí censura que los partidos que sustentan el Gobierno andaluz hayan impulsado esta iniciativa sin contar con todas las partes implicadas, alcaldes, Gobierno central y agricultores. La portavoz socialista, Ángeles Férriz, dijo que su formación no se opone a analizar la propuesta, pero rechaza que se la pretenda utilizar para enfrentar a unos agricultores con otros y a estos con los ecologistas.

Por su parte, el portavoz del PP aseguró que la oposición frontal a la propuesta obedece a planteamientos ideológicos y demagógicos y aseguró que la ley que se plantea sólo afecta a la calificación del suelo y que en todo caso los nuevos regadíos sólo utilizarían agua de superficie sin atacar a las acuíferos.