El juzgado que investiga al exportavoz de Vox en Andalucía Francisco Serrano lo procesa por fraude y estafa
Considera que él y sus socios crearon una sociedad con la que obtuvieron una subvención de 2,5 millones que utilizaron en su mayor parte para fines privados
El juez Francisco Serrano, portavoz de Vox durante los primeros años de la anterior legislatura y primer presidente de esa formación en Andalucía, se sentará ... en el banquillo acusado de fraude y estafa. El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, donde se sigue la causa que lo obligó a apartarse de la política en el verano de 2020, ha resuelto continuar el proceso por el trámite del procedimiento abreviado.
En esta causa se investigan los posibles delitos de fraude de subvenciones y estafa que Serrano y dos socios - Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros- podrían haber cometido en relación con un préstamo de 2,5 millones de euros de dinero público que obtuvieron para adquirir una maquinaria que nunca compraron. Según consta en el procedimiento, que se inició tras una denuncia interpuesta ante la UDEF por el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, los acusados utilizaron al menos parte de ese dinero para otros fines.
El auto explica que en 2016, Serrano y los otros dos procesados se concertaron para obtener un préstamo Reindus, del Ministerio de Industria, por importe de 2.489.000 euros sin tener la debida solvencia y cuyos fondos destinaron a fines diferentes al objeto para el que había sido solicitado, la construcción de una fábrica de pellets en la localidad onubense de Niebla.
En la resolución judicial se señala que los procesados eran conscientes de la importancia de ofrecer una imagen de solvencia ante el Ministerio de Industria para conseguir el préstamo, por lo que el exdirigente de Vox, a través de su sociedad Serrano Abogados, y Enrique Pelegrín constituyeron la empresa Biowood Niebla con una aportación de 7.000 euros y una «maquinaría que nunca fue comprada ni poseída por los socios, por lo que la declaración no era ajustada a la verdad».
La condición de la concesión del préstamo por parte del Ministerio de Industria era que esa sociedad invirtiera 1.027.125 euros , lo que no podía hacer dada su real situación financiera, que no se ajustaba a la apariencia con la que habían conseguido la concesión del préstamo «de forma indebida», según el auto.
Una vez cobrado el dinero, los implicados comenzaron a disponer del mismo para fines no contemplados en la concesión del préstamo. Así, se destinaron unos 200.000 euros a «un cliente de Serrano Abogados que estaba necesitado de financiación y a quién Biowood decidió hacer un préstamo» con esos fondos. Los procesados, según el auto, conocían que ese cliente, un empresario de Cádiz, iba a destinar el dinero a pagar deudas.
Asimismo, se constituyó un fondo de inversión con 1, 3 millones de euros y se formalizaon préstamos a empresas de Francisco Serrano como XYZ Comunicaciones, Serrano Abogados y Serralba, con 24.180 euros. También Biowwod «avaló a XYZ frente a Ibercaja en un préstamo que, al no ser devuelto, es pagado por Biowood con el importe del préstamo Reindus», explica el auto, que señala además un préstamo de 30.000 euros a Serrano Abogados, que según un perito «se corresponde con el pago de los gastos de mantenimiento de la sede común de Serrano Abogados y Biowood Niebla al 50 por ciento, pero ni dichos gastos son financiables con el préstamo Reindus, ni los gastos de Biowood Niebla, sin actividad ni personal, son comparables a los del despacho de abogados».
El juez también hace referencia una serie de reconocimientos de deudas por Serralba a Francisco Serrano «que son pagadas con cargo a Reindus, pagos de pólizas de crédito y un acuerdo de exoneración de responsabilidad por la gestión del préstamo Reindus».
«Ante los requerimientos realizados por el Ministerio de Industria, se ha simulado la continuación del proyecto, aportando continua documentación procedente de Woodsims, sin que la fabricación, instalación y puesta en funcionamiento se haya ni tan siquiera comenzado cuando su ejecución dura entre siete meses y un año. A fecha de 30/8/2022, consta ejecutada obra de acuerdo con el proyecto por importe de 512.229,51 euros nave y 142.621,52 euros oficinas, es decir, 654.851 euros, cuando el importe máximo del préstamo destinado a edificación era de 544.316 euros. No se ha comprado e instalado nada del presupuesto para aparatos y equipos de producción», resume el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.
«En consecuencia –señala el auto- de los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de fábrica de pellets de acuerdo con las partidas autorizadas, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros». En consecuencia, se aprecian indicios racionales de un delito de fraude de subvenciones y un delito de estafa atribuidos a los tres procesados, mientras que se acuerda el sobreseimiento de un cuarto investigado sobre el que no se ha acreditado su participación.
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