El primer borrador de la nueva financiación estará a fin de mes

La reforma del sistema de financiación autonómica, que se gestiona ahora en el marco de la crisis territorial con Cataluña, aunque la modificación está pendiente desde 2014, es además la gran cuestión política en Andalucía, donde el Parlamento autonómico aprobó este jueves, sin votos en contra, mandatar a la Junta para que reclame al Gobierno central que formule su propuesta «con urgencia». La Junta de Andalucía viene reclamando además una posición común de partidos, agentes sociales y colectivos profesionales, que se negocia en el parlamento regional, para llevar a la mesa nacional de reforma del sistema.

El punto de partida es que la comunidad recibe menos de lo que le corresponde. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, dijo el miércoles en el debate del Estado de la Comunidad que el incumplimiento de la DAT del Estatuto entre 2012 y 2017 ha costado a las arcas públicas andaluzas 1.374 millones de euros, cifra a la que sumó 7.550 millones perdidos por la no aplicación del principio de adicionalidad. «El equivalente -dijo- a lo que tiene de presupuesto una Consejería como la de Fomento y Vivienda. Un agujero negro de 5.522 millones entre 2009 y 2015 que habría permitido a Andalucía crecer un 3,8% del PIB y crear en torno a 100.000 empleos más», manifestó la presidenta.

Ayer, José Enrique Fernández de Moya, que visitaba Jaén, la ciudad de la que fue alcalde, aseguró que «el Gobierno está cumpliendo los plazos» sobre la reforma del modelo de financiación autonómica y «en la última semana de este mes» habrá un primer borrador. No hay más datos acerca de si este texto, elaborado por técnicos a partir del informe del grupo de expertos, contiene modificaciones del mismo, que recogía en su mayor parte las posiciones de la Junta de Andalucía, según dijo entonces la consejera de Hacienda, María Jesús Montero.

Fernández de Moya salía así al paso del acuerdo del Parlamento andaluz, una de las mociones más destacadas de las que cerraron el debate anual del Estado de la Comunidad, que contó con el apoyo de los grupos parlamentarios socialista, popular, Podemos y Ciudadanos y con la abstención de IU. El acuerdo reclamaba la presentación de la propuesta con carácter urgente y su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para cumplir con el mandato de la Conferencia de Presidentes que fijaba el 1 de enero de 2018 para la entrada en vigor del nuevo modelo.

El secretario de Estado explicó que el informe de la comisión de expertos se recibió en julio y el pasado 2 de noviembre se constituyó el Comité Técnico Permanente de Evaluación, órgano en el que se debatirán las cuestiones técnicas de la reforma, que posteriormente serán elevadas al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Fernández de Moya explicó que «le hemos dado un plazo de tres semanas. Por lo tanto, en la última semana de este mes tendremos un documento de evaluación por parte del Comité Técnico Permanente de Evaluación que apunte, en su opinión, lo que debe ser las líneas de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica».

En medios de Hacienda autonómica no se han recibido detalles de estos trabajos, si bien se mantienen las dudas sobre el cumplimiento del plazo dado por la Conferencia de Presidentes, en especial dada la inminencia de las elecciones catalanas. La Generalitat no ha participado de las discusiones ni del CPFF, ni envió representante a la Comisión de expertos y tampoco tomó parte de la Conferencia de Presidentes.

Fernández de Moya insistió, como hizo a comienzos de semana la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en que «sólo habrá reforma del modelo de financiación autonómica si hay un acuerdo PP-PSOE» , puesto que debe hacerse por una Ley Orgánica y requiere de requiere mayoría absoluta en el Congreso, al menos 176 votos. «Un Gobierno en minoría con 137 escaños necesita del Partido Socialista para conseguir articular la reforma del modelo», dijo el secretario de Estado, que se preguntó si los socialistas están dispuestos a apoyarlo.

Fernández de Moya también recordó que el actual sistema se aprobó en 2009 con Rodríguez Zapatero y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «aplaudió y votó a favor» siendo diputada autonómica. Al respecto, Díaz dijo en el debate que el sistema tuvo «un aporte de recursos extra» y que se ha realizado una mala aplicación del mismo, pues «en el año 2009, primer año de vigencia del sistema, la diferencia entre la comunidad autónoma que más recibía por habitante y Andalucía era de 489 euros y en el año 2015, el último de liquidación, la diferencia es de 818 euros».