El PP rebaja su plan para el entorno de Doñana pero no evita un nuevo choque con el Gobierno

Ya en la anterior legislatura, la propuesta –presentada por el PP, Ciudadanos y Vox legislatura y que no llegó a tramitarse al disolverse el Parlamento por el adelanto electoral- levantó una gran polvareda y protestas ecologistas. La demanda de los agricultores cuyas explotaciones están fuera de ordenación para que se regularice su situación se ha convertido desde hace años en una patata caliente para las administraciones y las formaciones políticas, cercadas entre la espada de ese reclamo y la pared de las exigencias ecologistas, avaladas por la poderosa tutela de Bruselas, de preservar los deteriorados acuíferos que dan vida al Parque Nacional de Doñana. La cercanía de una nueva convocatoria electoral ha empujado a presentar la nueva propuesta.

El anterior proyecto implicaba la regularización de las tierras de cultivo que habían quedado excluidas del plan de ordenación de la corona norte de Doñana, aprobado en 2014. Aquella propuesta, muy contestada por colectivos defensores del Medio Ambiente y por el propio Gobierno central –aunque el PSOE, con mayoría de alcaldes en la zona, se abstuvo en la votación por la que se aprobó inicialmente el proyecto- decayó al concluir precipitadamente la legislatura y ahora el PP la rescata con cambios sustanciales.

El nuevo proyecto está muy rebajado en relación al anterior. El Partido Popular aspiraba con ello a conseguir un texto que convenciera al mismo tiempo a regantes y ecologistas y despejara además cualquier duda que sobre el compromiso medioambiental del Gobierno andaluz pudiera surgir en Bruselas. El hecho de que la propuesta haya surgido del grupo parlamentario y no de la propia Junta, una cuestión que el PSOE ha criticado con dureza, explica la complejidad del problema y hasta qué punto el Gobierno andaluz quiere abordarlo con cautela.

Sin embargo, la nueva propuesta ya se ha encontrado con el rechazo frontal del Gobierno, que considera un atropello la propuesta y amenaza con ir al Constitucional si se pone en peligro la supervivencia de Doñana. El nuevo proyecto de ley, que ha surgido después de meses de contactos entre el Grupo Popular y otras formaciones políticas (el PSOE niega contactos y el PP asegura que sí existieron) y los colectivos afectados, y de la Junta de Andalucía con autoridades europeas y con el Gobierno central -hubo dos reuniones entre representantes de la Consejería de Medio Ambiente y la secretaría de Estado homónima, una el 28 de diciembre y la otra, el 27 de febrero- presenta algunas diferencias sustanciales con la propuesta anterior que los populares consideran mejoras..

Aun así, ni el PP ni la Junta han conseguido convencer al Gobierno, que en la última reunión mostró su disconformidad, ni al PSOE, que se ha desmarcado de la propuesta. En concreto, en la segunda de las reuniones celebradas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, pidió al consejero, Ramón Fernández-Pacheco, que no se registrara la propuesta de ley y se abriera un proceso de diálogo y no tomar ninguna decisión que vaya en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que «obliga a tomar medidas para proteger el humedal».

Este viernes, poco después de que el Grupo Popular registrara su propuesta en el Parlamento, el Gobierno central reaccionó con contundencia a través del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien negó que haya habido negociación alguna, consideró un atropello el proyecto presentado y advirtió de que el Gobierno irá al Tribunal Constitucional si la Junta pone en peligro la supervivencia del Parque Nacional de Doñana.

Morán aseguró que en una reunión celebrada el pasado lunes 27 de febrero con el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, el Gobierno propuso que no se registrase la proposición de ley, ya que en su opinión supone repetir una política fallida que provocó la reactivación, por parte de la Comisión Europea, del expediente por incumplir la sentencia del TJUE que obliga a tomar medidas para proteger el humedal.

Para Morán, la propuesta presentada por el PP desprecia el papel del Consejo de Participación de Doñana y debería ser tramitada por la Junta de Andalucía como proyecto de ley para que las administraciones y órganos competentes puedan entregar informes. En su opinión, aumentar el regadío en estas zonas, cercanas al Parque Nacional de Doñana, dañaría más una zona ya gravemente afectada por la sequía.

Explicó que en el encuentro del pasado martes trasladó personalmente al consejero que lo procedente en este caso era no registrar esa proposición de ley, abrir un proceso de diálogo, sentarse en el ámbito del Consejo de Participación de Doñana, y no tomar ninguna decisión que vaya en la dirección contraria de lo que establece la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que «obliga a tomar medidas para proteger el humedal».

Morán aseguró que la propuesta registrada en el Parlamento pretende ampliar la superficie de hectáreas regables reconocida en el entorno de Doñana.