El Parlamento inicia el cambio de la ley de víctimas del terrorismo en medio de una monumental bronca

Durante el debate salieron a relucir los acuerdos parlamentarios del Gobierno central con Bildu, los méritos que cada uno se atribuye en la derrota de ETA, las dudas sobre si la banda terrorista ha sido realmente derrotada, la falta de sensibilidad de algunos grupos con los represaliados del franquismo, los derechos de las víctimas de terrorismo diferente al etarra y hasta la falta de empatía con los refugiados que no proceden de países europeos. Todo ello en medio de un escándalo continuo de voces, interrupciones y llamadas de atención, la mayor parte de las veces impotentes, desde la presidencia de la Cámara. En la tribuna de invitados, los representantes de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo asistían seguramente azorados al espectáculo.

Fue precisamente esta asociación la que promovió los cambios incluidos en la modificación de la ley, propuesta a la Cámara por el grupo parlamentario de Ciudadanos y defendida en el hemiciclo por el diputado Enrique Moreno.

La norma, que inicia su tramitación parlamentaria, supone una modificación de la ley actualmente en vigor, aprobada por unanimidad en 2010, y propone como novedades la simplificación en la acreditación de víctimas para familiares de segundo grado de cosanguinidad y la promoción de la asistencia psicológica y psiquiátrica. También presenta novedades en relación con la reinserción laboral de las personas víctimas de un atentado terrorista y de sus familiares.

Prácticamente ninguno de estos asuntos formaron parte del debate en el pleno, que se redujo a un intercambio de reproches iniciado por el parlamentario de Vox Benito Morillo, que comenzó su intervención afeando a los grupos de la izquierda los acuerdos alcanzados en el Congreso de los Diputados entre sus formaciones y Bildu. Morillo llegó a afirmar en su intervención que ETA no ha sido derrotada, sino que ha triunfado al alcanzar el objetivo de estar presente en las instituciones «influyendo en un Gobierno débil y sin principios». El diputado también dirigió sus dardos al partido Popular, al que atribuyó un comportamiento de «tapar a los verdaderos damnificados», actitud a la que atribuyó la salida de ese partido de José Antonio Ortega Lara y de María San Gil.

La parlamentaria de Unidas Podemos Ana Naranjo aludió al contenido de la ley. Lo hizo para fundamentar la abstención de su grupo al señalar defectos técnicos del texto y argumentar que la reforma no aporta nada a la norma ya en vigor, aunque no perdió la oportunidad de reprochar el olvido de los grupos del bloque de derechas a las víctimas del franquismo.

Por el Partido Popular intervino Ángela Hidalgo, quien tras referirse a la necesidad de consenso en estos asuntos acusó a los socialistas de «pactar con herederos de ETA para mantener el sillón». A pesar de ello reclamó «la unanimidad de los grupos con las víctimas» y generosidad con las víctimas «dejándonos de batallas estériles partidistas».

La última intervención fue la de la socialista Soledad Pérez, quien aseguró que su grupo jamás ha hecho oposición con el terrorismo, para reivindicar a continuación la labor de Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba en la derrota de ETA. Pérez lamentó la pelea suscitada en el Parlamento «para ver quién tiene más muertos y qué partidos fueron los que más sufrimos».