El Parlamento convalida los decretos de la Junta con medidas de apoyo económico y social frente a la crisis del coronavirus

La norma que pondrá en marcha la renta mínima de inserción social con carácter extraordinario, que percibirán durante cinco meses más de 4.000 familias necesitadas con un presupuesto de 10,5 millones, contó fue apoyado por todos los grupos parlamentarios y con el único voto en contra de la exparlamentaria de Vox y ahora diputada no adscrita, Luz Belinda Rodríguez.

El decreto con medidas económicas que contempla la concesión de préstamos avalados para pymes y autónomos salió adelante solo con el respaldo de los aliados en el Gobierno, PP-A y Ciudadanos, y sus socios parlamentarios de Vox, mientras que los diputados de PSOE-A, Adelante Andalucía y la parlamentaria no adscrita votaron en contra.

El debate sobre estas normas abrió el Pleno de hoy en la Cámara andaluza con todos los parlamentarios portando mascarillas, una sesión donde además de guardar un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus también tributó un reconocimiento al líder histórico de IU, Julio Anguita, tras su fallecimiento la pasada semana.

La norma que establece medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social fue defendida por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que resaltó que la renta mínima se basa en la «extraordinaria y perentoria necesidad en muchas familias que requieren de una respuesta inmediata, permitiendo una mayor agilidad ante el agravamiento de las situaciones de vulnerabilidad».

Marín puso de relieve también que el decreto contempla una serie de medidas que flexibilizan el cumplimiento de requisitos exigidos a las entidades y personas beneficiarias de programas e incentivos para la defensa del empleo, además de ayudas a pequeños municipios para reforzar los servicios públicos afectados con más de seis millones.

El decreto de ayudas económicas convalidado por el Pleno del Parlamento regula la concesión de subvenciones para el pago de los gastos financieros por los préstamos avalados hasta en un 100% que la Junta ha puesto a disposición de pymes y autónomos a través de la sociedad de garantía recíproca Garántia, así como de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Esta norma supone una nueva una nueva aportación de 51 millones, con carácter ampliable, dirigida a complementar las medidas ya puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico con anterioridad para facilitar al tejido producto el acceso a la financiación que necesitan en esta crisis.

Este decreto, que prevé la concesión de microcréditos de hasta 15.000 euros a autónomos y mutualistas, fue defendido por el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, que subrayó que este apoyo va destinado de forma preferente a los sectores de la economía productiva andaluza «más castigados por la situación de alarma, sin perjuicio de que puedan realizarse nuevas ampliaciones en función de la demanda recibida para cada uno de ellos», precisó.

Esta norma se encontró con el rechazo del PSOE-A, cuyo portavoz adjunto, Manuel Jiménez Barrios, que cuestionó que se haya pasado de fondo reembolsable a ayudas directas sin concurrencia competitiva, y de Adelante Andalucía, cuyo diputado José Ignacio García, que criticó que no se fijen en estas ayudas «criterios de condiciones sociales o de renta».

PP-A y Ciudadanos, junto a Vox, defendieron ambos decretos por su urgencia y necesidad y también por sus efectos positivo para paliar las graves consecuencias de la crisis.