La Junta convoca 2.506 plazas de Administración General en su Oferta de Empleo Público para 2020

Según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, esta convocatoria supone un incremento de 150 plazas respecto a los 2.356 puestos ofertados el año anterior, lo que refleja la «clara apuesta» por el empleo público y la continuación del proceso de consolidación del empleo estable en la Administración General de la Junta de Andalucía.

Según la Junta, estas cantidades suponen la aplicación del máximo permitido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la tasa de reposición, incrementado en un 5% y destinado a aquellos ámbitos que requieren un refuerzo adicional de efectivos.

De estas plazas, para el colectivo del personal funcionario corresponden 1.268 y para el del personal laboral, 1.238.

Esta Oferta de Empleo Público incluye en el acceso libre un 50% para cada uno de los colectivos del personal funcionario y laboral, ya que se precisa aumentar las cifras del acceso del personal laboral con la finalidad de minorar progresivamente la tasa de temporalidad en el empleo público, que es superior a la del personal funcionario.

Según la Junta, la Oferta prioriza los recursos humanos teniendo en cuenta, además de la tasa de temporalidad, la evaluación de las necesidades organizativas y de planificación que se dan en cada caso. En este sentido, se parte de la inclusión de todas las plazas ocupadas con carácter temporal durante el ejercicio 2019 y que actualmente continúan en dicha situación, procediéndose también a la incorporación de aquellos cuerpos, especialidades y opciones de acceso de personal funcionario, y de los grupos y categorías profesionales de personal laboral en los que se han identificado necesidades organizativas demandadas por las distintas consejerías.

De esta forma, en la presente Oferta se incluyen plazas para personal funcionario correspondientes al Cuerpo Superior de Administradores. Igualmente, se contemplan puestos en la mayoría de las opciones del Cuerpo Superior Facultativo, como Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Industrial, Medicina, Química, Psicología, Archivística, Biblioteconomía, Conservadores de Museos e Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, opción Inspección Médica.

Asimismo, se ofertan plazas del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía e Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda; también del Cuerpo de Gestión Administrativa se prevén plazas de la especialidad de Administración General, así como en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio se incorporan plazas en las opciones relacionadas con la Arquitectura Técnica, la Ingeniería Técnica Agrícola, la Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería Técnica Industrial y Trabajo Social, y también del Cuerpo de Ayudantes Técnicos, en la especialidad de Agentes de Medio Ambiente. La oferta queda conformada finalmente con plazas de los Cuerpos Generales de Administrativos y Auxiliares Administrativos.

Respecto al personal laboral, la Oferta de Empleo Público correspondiente al 2020 apuesta por la incorporación de nuevos efectivos en sectores de actividad vinculados a la sanidad, como son en Medicina y Enfermería, vinculados a la asistencia social, como en Educación de Centros Sociales y en Trabajo Social, y a la educación, así como en aquellas categorías profesionales con mayor necesidad de personal y en aquellas otras que soportan mayores índices de temporalidad.

La presente oferta de empleo público establece una reserva de plazas no inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. La Junta señala como novedad importante que el decreto contempla la excepcional situación derivada de la pandemia de Covid-19 y recoge que, si se produce una situación de emergencia sanitaria de salud pública que conlleve restricciones de la movilidad, las personas aspirantes puedan completar el proceso selectivo.

Otra novedad orientada a agilizar los procedimientos selectivos se produce al establecer la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente con la Administración para quienes participen en ellos, de conformidad con lo dispuesto en el reciente Decreto Ley 27/2020, de 22 de octubre.