La nueva ley de Igualdad contempla sanciones por discriminar a la mujer

La Ley de Igualdad andaluza data de 2007, un año después de aprobarse la ley nacional en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez Rubio cifró en 300 millones de euros los que la Junta ha invertido durante esta década en políticas de perspectiva de género, en el balance que presentó en el Parlamento por la tarde y en el que hizo hincapié en la participación de todas las consejerías para que dos de cada tres euros presupuestados tenga incidencia en la mujer.

Con la modificación de la ley la Junta quiere ir un paso más allá para garantizar que no haya discriminación. La principal novedad es la incorporación de un régimen sancionador con multas desde 6.000 hasta 120.000 euros para infracciones leves, graves y muy graves que permitirá a la Junta, dentro de sus competencias, actuar para evitar situaciones de desigualdad y discriminación. El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) vigilará y pondrá en marcha las acciones, incluida la supresión de ayudas públicas a quienes discriminen y remitir a la Inspección de Trabajo los casos debidos.

Dentro de las graves, con multas hasta 60.000 euros, la ley penaliza la realización de campañas de publicidad o anuncios que utilicen el cuerpo de las mujeres como reclamo publicitario, desvinculado del producto anunciado, o que utilicen la imagen de las mujeres asociada a comportamientos que justifiquen o inciten a la prostitución o a la violencia contra ellas.

Entre las muy graves, con multas de 60.000 hasta 120.000 euros, se considera el comportamiento contrario a los derechos previstos en esta ley, de naturaleza sexual o no, realizado en función del sexo de una persona, que produzca el efecto de atentar contra su dignidad, creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para la misma; La represalia o trato vejatorio que reciba una persona como consecuencia de haber presentado una queja, reclamación o denuncia destinada a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del deber de igualdad de trato entre mujeres y hombres; El empleo de un lenguaje discriminatorio o la transmisión de mensajes o imágenes estereotipadas de subordinación de las mujeres a los hombres o de la desigualdad entre ambos sexos, en los medios de comunicación públicos de Andalucía o en aquellos otros medios de comunicación que reciban subvenciones públicas.

Como infracciones leves, con multas hasta los 6.000 euros, la reforma de la ley establece que serán penalizadas la insuficiente o parcial colaboración durante la acción investigadora e inspectora del IAM; y las acciones u omisiones tipificadas como graves o muy graves, cuando se hayan cometido por imprudencia o simple negligencia y no deban ser calificadas como tales.

La consejera de Igualdad también subrayó como líneas prioritarias que todas las etapas educativas deberán incluir en su desarrollo curricular conocimientos sobre la contribución histórica de las mujeres, autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito doméstico, resolución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de género. La Junta obligará a todos los centros educativos a desarrollar planes de igualdad.

El texto incluye novedades en el ámbito socioeconómico como la elaboración del plan especial contra la desigualdad salarial y programas contra el acoso sexual. La ley establece la creación de registros de planes de igualdad en las empresas.

Otra novedad afecta al empleo público: Las normas reguladoras de los procesos selectivos en empleo público darán prioridad, en igualdad de mérito y capacidad, al sexo menos representado en los niveles y especialidades donde su presencia sea menor al 40%. Se trata de forzar que los sectores públicos con menos mujeres, como Agricultura e Innovación, tengan alguna facilidad para ello.

La aprobación de la reforma de la ley de Igualdad coincidió con la admisión a trámite en el Parlamento de la reforma de la ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Podemos vio rechazada su enmienda a la totalidad con texto alternativo con los votos del PSOE, PP y Ciudadanos . Esta ley, recordó la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, añade a la consideración de actos de violencia de género las de acoso sexual; la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual y la mutilación genital de niñas. Pese a ello, el portavoz del PSOE, Mario Jiménez, confirmó ayer el anuncio de Susana Díaz de una ley más solo contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que los socialistas quieren consensuar con los demás grupos.

El Parlamento también dio luz verde a la tramitación de la ley de Formación Profesional con el respaldo de PSOE y CS y el voto en contra de PP, Podemos e IU. La norma pretende adecuar la FP a la demanda real de profesionales cualificados. Marifran Carazo, del PP-A, dijo que es una ley del «mínimo esfuerzo, del copia, corta y pega» de otras normativas. Una tercera ley fue también aceptada por la Cámara para su debate, la de la lucha contra la obesidad, sin oposición alguna.