El niño víctima de una presunta violación en un colegio de Úbeda sufría acoso y amenazas

Según el testimonio de la familia del menor agredido, la agresión se produjo dentro del centro y a la hora del recreo. Ha trascendido también que no era la primera vez que el niño sufría acoso por otros compañeros en el colegio y había sido amenazado para que no contara nada. «Varios padres de alumnos de ese centro nos dicen que estas situaciones de acoso y agresión se daban en los recreos y de forma repetida. Lo cogían y lo aislaban», asegura Encarna García, de la Asociación contra el Acoso Escolar.

El viernes pasado el menor fue atendido en el centro de salud del pueblo, y luego en el hospital de Úbeda. Allí los médicos detectaron lesiones compatibles con una violación. El centro hospitalario puso las conclusiones de su exploración en conocimiento de la Fiscalía de Menores y de la Policía Nacional.

Al estar implicados menores de 14 años -según confirmaron ayer tanto desde las fuerzas de seguridad como desde la Fiscalía- y por tanto inimputables legalmente, las diligencias las lleva solo la Fiscalía de Menores, mientras que en caso de necesitar algo de las Fuerzas de Seguridad del Estado la competente es la Guardia Civil. En estas situaciones los agentes no pueden más que identificar a los supuestos autores, comprobar la edad y dar cuenta a los padres y también a la Fiscalía y a la Junta de Andalucía. Levantan acta, se llama a los padres o tutores, y se entrega al menor a quien corresponda previa fase documental (comparecencia de los implicados, llamadas al Fiscal de Menores, entrega, inscripción en el Libro-Registro de Actuaciones con Menores e incapaces en situación de riesgo). A día de ayer no constaba ninguna persona como imputada por este asunto, insistían las fuentes consultadas en el Instituto Armado.

La Fiscalía ha hecho gestiones para confirmar la edad de los menores (dos cumplen los 14 en poco tiempo), y se ha dado cuenta a la Junta de Andalucía, para que pusiese en marcha los mecanismos previstos en estos casos, tanto dentro del sistema educativo (por el contexto de acoso escolar en el que supuestamente ocurrieron los hechos) como a través de programas para la reeducación de menores infractores no imputables que cometen hechos graves.

El menor agredido no está asistiendo al colegio como medida de precaución y la familia no ha querido dar detalles sobre su estado, así lo que el Gobierno andaluz conoce de su situación sanitaria es lo que se comunicó mediante la aplicación del protocolo del centro sanitario que lo atendió.

Los cuatro alumnos presuntamente implicados en la violación, que cursan primero y segundo de la ESO, han sido expulsados de su centro educativo como medida cautelar, según informó la consejera de Educación, Sonia Gaya.

La Junta de Andalucía no tomará todas las medidas previstas en los protocolos de actuación hasta que no se aclaren todos los detalles sobre la agresión, pero está intentando esclarecer los hechos en el centro escolar y comprueba que todas las administraciones están coordinadas.

Las medidas cautelares, tanto la de que el niño no asista a clase como las expulsiones -cuya duración dependerá de la investigación-, se basan en la necesidad de proteger a los menores.

El Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor ha abierto una queja de oficio y la ha dirigido a la Delegación de Educación para ver si se tenía conocimiento previo del acoso y si se ha activado el protocolo establecido una vez que se han conocido los hechos, así como para saber el proceso de recuperación que se va a establecer tanto para la víctima como para los agresores.

El grupo de Ciudadanos en el Parlamento andaluz ha registrado la comparecencia de la consejera de Educación para que aporte toda la información del caso ante unos hechos «gravísimos».

Save the Children ha denunciado los fallos en la prevención y ha insistido en la necesidad de una Ley integral . La Asociación contra el Acoso Escolar se ha puesto a disposición de la familia. «No están solos», aseguran. La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Confedampa) ha instado a aumentar la vigilancia y actuar «a la mínima».