Marlaska, sobre si Queipo de Llano saldrá de La Macarena de Sevilla: «Hay una ley que debe ser cumplida y así va a ser»

En una atención a medios al presidir la inauguración de la nueva comisaría de Policía Nacional del Distrito Sur de Sevilla, el ministro del Interior se ha pronunciado así en respuesta a la pregunta de si confía en que se va a cumplir la Ley de Memoria Democrática, que ha entrado en vigor este viernes, 21 de octubre, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y si «van a salir los restos» de Queipo de Llano de la citada basílica.

Al respecto, el ministro ha comenzado subrayando que este viernes es «un día importante» al hilo de la entrada en vigor de dicha ley, porque determina que en «este país nos podamos mirar a la cara decididamente y saber que los valores democráticos, y aquellos que sufrieron por defender esos valores democráticos en momentos difíciles, encuentran finalmente el reconocimiento necesario y preciso de la sociedad española».

Seguidamente, Marlaska ha aseverado que «las leyes están para cumplirse», y «no hay patatas calientes», sino que «lo que hay es cumplimiento de una ley que ya ha sido aprobada por la soberanía popular en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado», publicada en el BOE, y que «solamente tiene una finalidad, ser cumplida en sus términos estrictos, y así va a ser», según ha enfatizado. «No hay patatas calientes, hay cumplimiento de la ley», ha zanjado el titular de Interior.

Al respecto de este asunto, el pasado miércoles, el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, manifestó que la hermandad «está esperando que le digan qué tiene que hacer» ante la nueva Ley de Memoria Democrática, que, según el Gobierno, obliga a retirar de la basílica de la entidad la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano, por los fusilamientos perpetrados bajo su mando tras el golpe de estado de 1936. Según sostuvo el hermano mayor, La Macarena no debe tomar una «decisión» propia al estar sus hermanos «divididos», con lo que urgió a «arbitrar el decreto» estatal que determine la actuación a adoptar.