Magrudis reconoce ante la jueza que el brote de listeria se remonta a febrero

La esposa de José Antonio Marín Ponce, gerente de la cárnica, prestó declaración ante la jueza de instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga este caso en el que se registraron tres fallecimientos y siete abortos por el consumo de carne mechada contaminada por listeria. La declarante, que era responsable del plan de autocontrol de la empresa, compareció como investigada, junto a Isabel Rodríguez, cuñada del citado gerente y un comercial. En su testimonio admitió ante la magistrada que un análisis realizado en febrero a una muestra de la carne mechada que producían en sus instalaciones dio positivo en listeria.

Según fuentes judiciales, la mujer del gerente insistió además en su comparecencia en que la empresa adoptó las medidas correctoras habituales en estos casos y que están recogidas en el plan de autocontrol que contemplan las administraciones después de la detección de esta bacteria, precisando que se procedió a la limpieza a fondo con lejía de toda la maquinaria con la que se elaboraban sus productos.

La jueza no ha impuesto ninguna medida cautelar para estos tres investigados, que continúan como tal y que están en libertad aunque dos de ellos, la cuñada -que trabajaba como administrativo- y el comercial, fueron detenidos, y posteriormente puestos en libertad, por efectivos de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil, que fue la encargda de realizar el registro de las instalaciones de Magrudis ubicadas en el Polígono Industrial 'El Pino' de Sevilla.

A estas declaraciones de ayer asistieron varias acusaciones particulares, como las ejercidas por la Junta de Andalucía y la asociación de consumidores Facua, así como la defensa del gerente y de su mujer, que ha decidido impugnar su participación.

La cuñada del gerente y el comercial, que también comparecieron ayer ante el juzgado, declararon que desconocían los resultados del análisis que certificaba que una muestra había dado positivo en la bacteria en febrero.

Los representantes de Magrudis insistieron en que en diciembre de 2018 la empresa ya presentó ante el Ayuntamiento una declaración responsable para obtener la licencia de actividad y el correspondiente permiso para ampliar la nave, trámites que consideraron satisfechos «por silencio administrativo» a los tres meses, ya que el Consistorio tenía que haber respondido y haber revisado las instalaciones en los 30 días siguientes a esta solicitud.

Por este motivo, la organización Facua-Consumidores en Acción, solicitó ayer la comparecencia de los responsables del Ayuntamiento de Sevilla para que presten declaración ante el Juzgado que investiga el brote de listeriosis por las presuntas irregularidades cometidas precisamente en ese trámite y también en su obligación de inspección de las instalaciones de la empresa. Según Facua-Consumidores en Acción, esta petición para que los responsables municipales declaren ante la magistrada se basa en los resultados de la investigación policial, que «han puesto de manifiesto que se produjeron aún más irregularidades en las responsabilidades inspectoras del Ayuntamiento de Sevilla que las que ya se conocían». Según Facua, «si el Ayuntamiento hubiera hecho correctamente su trabajo y labor inspectora, Magrudis habría sido clausurada a finales de 2016».

Facua ha recordado que ya denunció a finales de agosto «un cúmulo de dejaciones de responsabilidades» por parte del Consistorio hispalense «dado que no detectó que Magrudis desarrollaba su actividad sin la debida licencia municipal y que llegó a reducir de forma indebida el nivel de riesgo de la empresa en una inspección realizada en julio de 2017, aumentando con ello los plazos de los controles». Además, han señalado que, «pese a que la siguiente inspección tuvo que haberse realizado un año y medio después, en enero de 2019, ésta no se produjo hasta agosto como consecuencia de la alerta por listeria en sus productos».

El pasado mes septiembre, Facua ya calificó de «extremadamente grave» el hecho de que el Ayuntamiento no clausurara Magrudis en diciembre de 2018 «cuando la empresa presentó una declaración responsable, en lugar de la preceptiva solicitud de licencia, llena de irregularidades», las cuales «no fueron detectadas porque no se revisó la documentación por parte del Consistorio sevillano».

Según la asociación de consumidores, el último informe elaborado por los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil reveló más irregularidades, motivo por el que Facua quiere que ahora que varios responsables municipales den explicaciones ante la jueza sobre todas ellas en sede judicial.

Por el momento siguen en prisión José Antonio Marín Ponce y su hijo, administrador único de Magrudis, Sandro Marín Rodríguez, tras pasar a disposición judicial. Ambos ingresaron en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por orden del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ante el riesgo de «fuga» y de «destrucción de pruebas».