La ley andaluza contra el Fraude y la Corrupción contempla sanciones de hasta 100.000 euros
La norma permitirá a los altos cargos de la Junta compatibilizar su puesto con la docencia en universidades
A la ley contra el Fraude y la Corrupción y Protección de la Persona Denunciante solo le queda el visto bueno del Consejo Consultivo ... para su aprobación por el Gobierno de la Junta. Se trata de una ley incluida en el acuerdo de gobierno entre PP y Cs y razón por la que la vicepresidencia con Juan Marín de titular es también Consejería de Regeneración (además de Turismo, Justicia y Administración Local).
La ley protege al empleado público que denuncia comportamientos corruptos e incluye la creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, que tendrá competencia sancionadora. Marín ha dado datos hoy al Consejo de Gobierno sobre el régimen sancionador. Se establece la clasificación de infracciones en leves, graves y muy graves, con multas desde los 300 hasta los 100.000 euros.
El director de la oficina será nombrado por el Parlamento por un mandato de cinco años no renovable.
La norma incorpora modificaciones a la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. No podrán desempeñar estos puestos personas encausadas judicialmente o condenadas por delitos relacionados con la corrupción u otros delitos dolosos castigados con penas graves o que conlleven inhabilitación, según informa la Junta en una nota.
También será incompatible el cargo político con otra actividad de carácter público o privado, retribuida o no, pero establece una importante excepción que resulta novedosa: la única posibilidad de la docencia universitaria, la investigación y la formación, siempre que no suponga detrimento de su dedicación; o la participación en entidades sin ánimo de lucro o en actividades no retribuidas que resulten de interés social o cultural y que promuevan valores sociales.
La norma también establece que los altos cargos no podrán ser titulares o autorizados de cuentas bancarias y otros activos financieros en países o territorios calificados como 'paraísos fiscales'.
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