La lectura de los escritos de las partes retrasa al 9 de enero las cuestiones previas de los ERE

Al inicio de la tercera sesión del juicio, que se ha prolongado por espacio de cuatro horas y que ha finalizado sobre las 14,30 horas, el magistrado ponente, Juan Antonio Calle Peña, planteó a las partes la posibilidad de celebrar varias sesiones del juicio la próxima semana para comenzar con las cuestiones previas, algo a lo que no se opusieron la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que ejercen el PP-A y Manos Limpias.

No obstante, varios abogados han señalado que esos días tienen señalados con anterioridad otros juicios y actuaciones judiciales en otros juzgados de Murcia, Málaga o Las Palmas de Gran Canaria, por lo que les resultaría imposible poder acudir al juicio de los ERE, tras lo que el magistrado ponente ha decidido retrasar las cuestiones previas al 9 de enero de 2018.

"No hay opción" de habilitar más sesiones la próxima semana, ha zanjado Calle Peña, que, al finalizar la tercera sesión de la vista oral, ha indicado que, tras la presentación de las cuestiones previas, el tribunal requerirá del tiempo "suficiente" para resolverlas antes de proseguir con el juicio con la práctica de la prueba y las declaraciones de los 22 acusados, de 117 testigos y de una docena de peritos.

Según ha subrayado, "habrá una pausa" en la celebración del juicio "para estudiar y resolver las cuestiones previas" antes de seguir con la vista oral, todo ello "salvo que prospere alguna cuestión previa que pide la nulidad y que el procedimiento sea devuelto", en alusión a la cuestión previa que planteará el abogado de José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, José María Mohedano.

En este sentido, el letrado reclamará la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas en la fase de instrucción por el juez de refuerzo Álvaro Martín al considerar que se vulneró el derecho al juez predeterminado por la ley que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española, por su designación como encargado de la instrucción de la causa de los ERE, tras la llegada de María Núñez Bolaños como nueva titular del Juzgado.

Y es que el abogado considera que este nombramiento sólo habilitaba a Álvaro Martín para realizar labores de apoyo o asistencia a la juez titular, todo ello en un caso que comenzó a instruir en enero del año 2011 la magistrada Mercedes Alaya.

Después de que en la primera jornada del juicio se leyeran los escritos de acusación formulados por Ministerio Público, PP-A y Manos Limpias, el jueves y el viernes se han centrado en la lectura de los escritos de defensa de los acusados, a excepción de los presentados por el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río, que han renunciado a dicha lectura.

Por su parte, el abogado del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Fernando de Pablo, ha recordado que optó por no presentar escrito de defensa como "estrategia procesal".

La tercera sesión del juicio se ha centrado en la lectura de los escritos de defensa formulados por los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá, de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, y de Economía José Salgueiro, así como de los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.

También se han leído los escritos de defensa elaborados por los abogados del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, del ex secretario general de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García, de los ex directores generales de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete, y del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.

En este sentido, el abogado del ex interventor general ha insistido en que su patrocinado "no omitió actuación debida alguna" y realizó "numerosos" informes para "alertar" de las irregularidades administrativas detectadas en los procedimientos de adjudicación de subvenciones y ayudas por parte de la Consejería de Empleo.

En su escrito de defensa, el letrado apunta que su patrocinado "plasmó en los correspondientes informes las irregularidades detectadas en el sistema de adjudicación de ayudas, y los remitió a quienes tenían competencia y poder decisorio para adoptar las medidas oportunas y poner fin a dichas irregularidades", de forma que "no omitió, en el cumplimiento de sus funciones como interventor, acción alguna impuesta por ley".

A su juicio, del hecho de que conociera por razón de su labor de intervención que había irregularidades en el proceso de concesión de las ayudas "no puede desprenderse que conociera el destino final de los fondos adscritos a las mismas, y mucho menos que hubiera por su parte un ánimo de lucrar a terceros", agregando que la irregularidad administrativa "puede ser causa de anulabilidad o de nulidad de pleno derecho, pero no necesariamente de la comisión de una infracción penal como prevaricación o malversación".

Al hilo de ello, y en su escrito de defensa, el letrado tacha de "incongruente" afirmar, por un lado, que su patrocinado denunció en reiteradas ocasiones y a través de sus informes la irregularidad del sistema establecido y los riesgos que el mismo entrañaba y que, al mismo tiempo, "se le atribuya una suerte de connivencia con los autores materiales de la malversación para que estos consiguieran su ilícito y en ese caso común propósito".

"Carece por completo de sentido que se considere que hubo connivencia con quienes supuestamente dispusieron de forma indebida de caudales públicos, precisamente de la persona que expuso en distintos informes remitidos a los órganos competentes la detección de irregularidades", apostilla el abogado, que asevera que a Manuel Gómez no se le puede imputar "el resultado de la inacción de otros por dejación del ejercicio de competencias que no le eran propias".

Antes de comenzar la tercera sesión del juicio, y en declaraciones a los periodistas, el abogado de José Antonio Griñán ha subrayado que "es absolutamente falso que se haya apuntado por parte de su defensa a una hipotética responsabilidad" del ex interventor general en su escrito de conclusiones provisionales, del que se dio lectura parcial en la jornada de este jueves.

"Eso es falso, porque además se partiría de una base que consistiría en pensar que existe un procedimiento específico del que se deriven responsabilidades penales, y como nosotros pensamos que no se deriva de ese procedimiento específico responsabilidad penal, no sólo de Griñán o de Manuel Chaves, sino tampoco del interventor, es absurdo que se diga eso", ha indicado José María Mohedano.

"No lo hemos dicho y lo queremos desmentir rotundamente, se parte de una base de la que nosotros no partimos, y es que alguien pueda tener responsabilidad penal por ese llamado procedimiento específico", que, según ha afirmado, "es el mismo que utilizan todas las administraciones del Estado, no sólo las comunidades autónomas, sino la Administración General del Estado".

El abogado de Griñán ha añadido que así "se ha puesto de manifiesto" en el informe del Ministerio de Trabajo sobre los ERE de la Faja Pirítica de Huelva.