La Junta vuelve a personarse en el caso de los ERE para intentar recuperar los fondos defraudados

Según Moreno, aquella decisión no fue correcta y esta nueva personación tiene como objetivo cumplir con la obligación del Gobierno andaluz de intentar recuperar los fondos defraudados.

La Junta de Andalucía toma esta decisión en un momento en el que la Audiencia Provincial de Sevilla está a punto de decidir si acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al considerar que el Tribunal Constitucional pudo haberse extralimitado en sus funciones al admitir parcialmente los recursos presentados por la mayor parte de los ex altos cargos socialistas condenados y hacer una interpretación cuestionable, según los magistrados de la Audiencia, del delito de malversación.

Al personarse, la Junta podrá pronunciarse, como parte afectada, en relación a esa cuestión. La posición del Gobierno andaluz es favorable a acudir al TJUE, ya que considera que se podrían estar incumpliendo las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, por lo que en su opinión es procedente plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal europeo.

Para el Gobierno andaluz, el Tribunal Constitucional se ha extralimitado en sus funciones invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de jueces y tribunales. En su opinión, las 10 sentencias en las que se admitieron parcialmente los recursos de antiguos cargos socialistas condenados tendrían una “innegable afectación negativa al resarcimiento económico de la Junta de Andalucía”.

Además, entiende que la interpretación que hace el Constitucional sobre las leyes de Presupuestos de la Junta de Andalucía en el periodo 2002- 2009 se opone a la normativa y jurisprudencia comunitarias.

En ese sentido, considera que se puede generar un escenario de "impunidad parcial, no sólo penal sino también civil y patrimonial”, que impediría reparar el daño causado a los intereses de la comunidad autónoma de Andalucía.

De esta manera, el Gobierno andaluz se alinea con la tesis de la Audiencia Provincial de Sevilla, que entiende que el Constitucional se pudo haber extralimitado con una interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación que podría incumplir las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción y en particular las normas dictadas por la justicia europea. Entre los beneficiados por esas decisiones del Constitucional se encuentran los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

«Dadas las circunstancias que hemos vivido en el último año, una vez que ha habido una sentencia firme por parte de la Audiencia Provincial y una sentencia corroborada y confirmada por el Supremo, la Junta de Andalucía va a volver a personarse a lo largo del día de hoy o de mañana«, adelantó Juanma Moreno.

El presidente explicó que el objetivo es «cumplir con la obligación que tiene la administración de la Junta de Andalucía de evitar cualquier menoscabo de fondos públicos. »Nosotros tenemos la obligación de recuperar esos casi 700 millones de euros que, según la sentencia de la Audiencia Provincial, confirmada por el Supremo, se desviaron de la Junta de Andalucía y, por tanto, nuestra labor es aclarar, denunciar y, sobre todo, tener toda la información y que esos 700 millones de euros vuelvan a las arcas públicas«, subrayó

En el PSOE-A han entendido este anuncio como una demostración de que la estrategia del Gobierno andaluz se basa en la confrontación. El portavoz de la Ejecutiva socialista, Francisco Cuenca, ha asegurado que el Tribunal Constitucional ya fue contundente y dejó claro que debe aceptarse la sentencia . “De hecho, el Tribunal Superior declaró que las ayudas eran legales y Moreno Bonilla las ha seguido pagando”, señaló.

En opinión de Cuenca, lo que debe hacer el Gobierno andaluz es explicar si se va a personar en la causa de los contratos del SAS. “Que Moreno Bonilla deje de confrontar y deje de seguir el dictado del Partido Popular en Madrid y que demuestre si está del lado de la justicia o de la sanidad pública”, reclamó.