La Junta reclamará judicialmente a Magrudis 1,5 millones por el coste sanitario del brote de listeriosis

La estimación del Gobierno andaluz, realizada por la Consejería de Salud y Familias, eleva a esta cuantía los gastos hospitalarios y de tratamiento que la sanidad autonómica ha tenido que afrontar para la atención de los 216 afectados por este brote hasta la fecha. Este millón y medio de euros será reclamado por el Gobierno andaluz a Magrudis a través de la querella que ha presentado hoy la Consejería de Salud en los juzgados de Sevilla.

En este coste sanitario exigido a la empresa responsable del brote de listeriosis, que ha sido confirmado hoy mismo por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se incluyen todos los gastos relativos a la atención también a todas las mujeres embarazadas que sin tener síntomas del efecto de esta bacteria fueron tratadas de forma preventiva, así como la revisión de las más de 31.000 embarazadas que pasaron también por este protocolo.

Esta cantidad exigida por la Junta supera con creces el seguro de responsabilidad civil que tiene la empresa, que cubre tan solo un máximo de 300.000 euros, una cuantía insuficiente para sufragar este gasto sanitario y para atender las posibles indemnizaciones de las numerosas personas afectadas.

Esta querella es la segunda vez que el Gobierno recurre a los tribunales en relación a este brote por listeria, ya que también se ha personado como acusación particular en la causa judicial abierta por la Asociación de Consumidores Facua y que investiga el juzgado de instrucción número 10 de Sevilla, que hoy ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza de los dos responsables de Magrudis, su dueño, José Antonio Marín Ponce, y su hijo y administrador único de la empresa, Sandro Marín Rodríguez. Además de esta orden de prisión, la juez también ha decretado la libertad con cargos para el otro hijo del dueño de Magrudis, Mario Marín Rodríguez, que regentaba otra empresa cárnica -Elaborados Cárnicos Mario SLU- que se ubicaba en la nave contigua a la de Magrudis y que además no contaba con registro sanitario.

El brote de listeriosis ha provocado hasta la fecha tres muertes y siete abortos y ha afectado a un total 216 personas, por lo que se investiga la responsabilidad penal de los representantes de la empresa por presuntos delitos contra la salud pública y lesiones, además de no haber actuado contra esta contaminación que conocían desde el pasado mes de febrero, según los resultados de unos análisis que obran en poder de la juez.