La Junta no se posicionará sobre el indulto a Griñán

Así lo puso de relieve ayer el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, que dejó claro que la Junta de Andalucía, en asuntos jurídicos, «siempre actúa bajo el dictamen de su gabinete jurídico, en base a criterios técnicos y jurídicos», subrayó. «Lo que nos ha pedido la Audiencia Provincial de Sevilla es que aclaremos en qué medida con estos procesos se ha podido ver afectada la Junta, y en eso está trabajando el Gabinete Jurídico», explicó el consejero.

Según el Gobierno andaluz, «lo que la Audiencia de Sevilla ha pedido a la Junta es que informe sobre la situación en la que se encuentra actualmente como perjudicada del caso como podría ser, por ejemplo, si el daño causado a las arcas públicas se ha repuesto». Por otro lado, la defensa del expresidente José Antonio Griñán, ha formulado un recurso de súplica contra la providencia en la que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla solicita a la Junta que informe sobre las peticiones de indulto de los ocho condenados a cárcel por este asunto sobre las cuales debe pronunciarse esta instancia judicial ante el Ministerio de Justicia.

El abogado de Griñán argumenta en este recurso que ni la Junta de Andalucía es parte en estas actuaciones en cuestión ni la pena de cárcel impuesta al expresidente andaluz incluye perjuicio ni condena por responsabilidad civil, con lo que la representación del expresidente advierte de que no pesan perjudicados en estas actuaciones concretas. A su juicio, es improcedente que tanto la Audiencia como la Fiscalía apoyen la decisión de que la Junta de Andalucía se pronuncie como parte perjudicada en este caso. Por todo ello, en el recurso de súplica solicita a la Audiencia que rectifique su decisión de pedir a la Junta que se pronuncie respecto al indulto que ha planteado su defendido.

El indulto que tramita la Audiencia de Sevilla afecta a ocho condenados en la pieza política del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos en la época en la que gobernaba el PSOE en la Junta. Entre los condenados se encuentra el expresidente José Antonio Griñán, el único de los que aún no ha ingresado en prisión ya que su pena a seis años y un día de cárcel por un delito de malversación fue suspendida por el cáncer de próstata que padece, acogiéndose al artículo 80.4 del Código Penal.