La Junta moviliza 457 millones para la respuesta social frente a la pandemia en Andalucía

Así lo puso de relieve este viernes la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, en su comparecencia en la comisión parlamentaria de estudio para la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19.

La consejera subrayó que todas las medidas emprendidas por su departamento han permitido garantizar la atención a las personas mayores, con discapacidad y dependientes, así como paliar las negativas consecuencias económicas de esta crisis en la Dependencia. De hecho, la Consejería ha contribuido al mantenimiento de los más de 45.000 empleos que genera el sector, resaltó en su intervención.

Rocío Ruiz detalló el gasto social durante la crisis y precisó que 330 millones se destinaron a prestaciones y servicios de la Dependencia, como son prestaciones económicas (76,46), ayuda a domicilio (117,6), atención residencial (108,6), centros de día (26,8) y el programa de respiro familiar (0,9).

La consejera aseguró que con estos pagos se ha logrado mantener la atención adaptándola a la nueva situación, pero también se ha contribuido al mantenimiento del empleo en el sector de la dependencia. Esto ha sido posible por las medidas puestas en marcha como las impulsadas en los centros de día, donde se ha garantizado el abono del 80% del precio de las plazas ocupadas, vinculado al compromiso de mantener el empleo y las mismas condiciones laborales, así como realizar tareas de seguimiento proactivo. A su juicio, «se trata de una medida orientada a proteger a las empresas y a garantizar la permanencia de la plantilla de trabajo».

En los centros residenciales, por su parte, también se tomaron medidas con el fin de paliar la pérdida de ingresos como consecuencia de las salidas voluntarias y las bajas, y se mantuvieron los pagos al sector.

En cuanto a la ayuda a domicilio, una de las primeras medidas que se adoptó, además de aplicar todas las recomendaciones sanitarias, fue la de garantizar los pagos a las entidades conforme a la última liquidación del servicio.

Junto a los pagos en el sector de la dependencia, Ruiz recordó que se puso en marcha un primer plan de emergencia social frente al Covid-19 que supuso una inversión de 76,7 millones de euros en medidas como el refuerzo de la Renta Mínima de Inserción Social, el programa extraordinario de la Tarjeta monedero para la compra de bienes de primera necesidad, la ayuda al Banco de Alimentos, el aumento del 20 por ciento para las Ayudas Económicas Familiares y el adelanto del Fondo Social Extraordinario.

A todas estas medidas se ha sumado la distribución de 33,9 millones de euros entre las entidades locales andaluzas para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios y la convocatoria de las subvenciones a entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro por importe de 16,5 millones destinada a proyectos en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social (ERACIS).

Esto ha permitido que en junio se haya alcanzado en la nómina de la Renta Mínima la cifra de 17,3 millones de euros, lo que supone un máximo histórico desde la implantación de esta prestación en el año 2018, destacó la consejera.