La Junta deplora la reforma judicial del Gobierno, pero tendrá que pagarla

La entrada en vigor de la ley impone plazos perentorios. La primera fecha marcada en el calendario es el 1 de julio y afecta a 70 partidos judiciales mixtos; la segunda, el 1 de octubre, a los tres que tienen órganos judiciales especiales -Marbella, Torremolinos y Fuengirola-, y la tercera, el 31 de diciembre a los 12 partidos más grandes, que incluyen a las capitales de provincia.

Este proceso obligará a hacer obras en las sedes judiciales y también a crear nuevas plazas de funcionarios y jefaturas donde no las había. Todos estos gastos, correrán por cuenta de la Junta, que reclama al Gobierno que financie la reforma que él mismo ha impulsado. «Vamos a cumplir los plazos, pero exigimos que el Gobierno colabore en el proceso», dijo el consejero de Justicia, José Antonio Nieto. La portavoz de la Junta, fue más directa: «Pedro Sánchez aplica el principio de yo invito, tú pagas».

Para Nieto, la reforma judicial impulsada por Sánchez persigue un desmantelamiento de la justicia y llega en un momento en el que Europa no se ha repuesto aún «del shock de que se procese al fiscal general del Estado».

Pero más allá de la crítica al contenido de la ley, para la Junta supone también un varapalo económico, ya que tendrá que asumir con sus propios recursos para su implantación en una comunidad que es la que cuenta con más órganos y funcionarios judiciales de toda España. La ley convierte integra a todos los juzgados en un servicio común, lo que obliga a un cambio de roles y de funciones, obliga a afrontar una transformación digital en un periodo corto y a hacer adaptaciones en las sedes judiciales. Y todo ello sin financiación, según resalta Nieto.

El consejero recordó que la implantación de la ley ha sido diseñada por el Gobierno sin consenso con las comunidades autónomas, que tienen las competencias transferidas. Antes de final de año, la Junta de Andalucía deberá modificar los espacios, sistemas informáticos y plantillas de 695 juzgados que se transformarán en 85 tribunales de instancia y 700 juzgados de paz que se convertirán en oficinas de justicia en los municipios, órganos en los que trabajan más de 9.000 funcionarios.

La ley fija un exigente calendario según el cual el 1 de julio de 2025 deberán estar adaptados los partidos judiciales que tengan juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, que en Andalucía son 70 de los 85 partidos judiciales existentes, donde trabajan cerca de 4.000 funcionarios. En una segunda fase, prevista para el 1 de octubre de 2025, el nuevo modelo deberá implantarse en aquellos partidos judiciales que solo cuenten con juzgados de Primera Instancia, Instrucción y Violencia sobre la Mujer. En Andalucía, esto afecta a tres partidos judiciales (Fuengirola, Torremolinos y Marbella), con aproximadamente 250 trabajadores. A 31 de diciembre de 2025, la reforma llegará a las capitales de provincia y grandes ciudades, afectando a 5.000 profesionales.

Según la Junta, hasta el momento la Administración autonómica ha tenido que asumir, sin ayuda estatal, un gasto de 4.586.204,44 euros en materia de personal. En concreto se han destinado 498.673,79 euros a una unidad administrativa de apoyo a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública formada por funcionarios judiciales, para gestionar la nueva ley; 3.649.712,37 euros a crear nuevas plazas y complementos para los nuevos puestos específicos con nuevas funciones previstos en las relaciones de puestos de trabajo (RPT) acordadas con los sindicatos para los partidos judiciales de la Fase I y 437.819,08 euros para los de la Fase II, así como también para apoyo técnico y formación del personal. Aún se desconoce el coste que supondrá la Fase III, que afecta a los doce partidos judiciales más grandes, para los que se acaba de iniciar la negociación de las relaciones de puestos de trabajo.

Junto al gasto en personal, la Junta de Andalucía destinará 19.837.655,70 de euros a infraestructuras y equipamiento tecnológico necesario como dispositivos y licencias digitales para los tribunales de instancia (11.894.731,21 euros) y para las oficinas de justicia municipales (4.326.144,05 euros), o la adaptación del sistema de gestión procesal '@driano' (1.684.123,35 euros), entre otras necesidades.

En paralelo, la inclusión en la Ley Orgánica de los medios alternativos de solución de controversias (MASC) como requisito obligatorio antes de interponer una denuncia civil o mercantil, en vigor desde el 3 de abril, ha exigido ampliar en 1.156.549,12 euros el presupuesto destinado a compensar a los abogados de oficio por su asesoramiento en estas vías alternativas de solución de conflictos. Andalucía fue la primera comunidad en incluir la mediación en el sistema de Justicia Gratuita desde el 1 de enero de 2024, retribuyendo a los letrados que lograran cerrar acuerdos.

Además, la sustitución de los juzgados unipersonales por órganos colegiados requiere adaptar los espacios de las sedes judiciales, unas obras que supondrán una inversión de 20.720.319,21 euros (4.723.158,03 euros para actuaciones urgentes, 5.369.541,37 euros para eliminar barreras físicas, 10.627.619,80 euros para la integración de servicios y 8.121.203,24 euros para ubicar servicios como el SEMCA para la Mediación Civil y Mercantil).

En total, la inversión provisional que debe afrontar la Junta de Andalucía supera los 54,4 millones, sin tener en cuenta el coste que supondrá la Fase III, así como la pérdida retributiva del personal de Justicia en Andalucía, que fue excluido de la subida salarial acordada por el Ministerio de Justicia sólo para el personal de las comunidades sin las competencias transferidas (el llamado 'territorio Ministerio') por las nuevas funciones y carga de trabajo que supondrá la reforma.

En este sentido, los sindicatos de Justicia reclamaron una subida salarial mediante el complemento general del puesto, congelado desde 2004. Sin embargo, el Gobierno de España aplicó la subida al complemento específico sólo para los funcionarios del 'territorio Ministerio'. Esta discriminación para los funcionarios de comunidades como Andalucía ha sido recurrida por la Junta de Andalucía a través del Gabinete Jurídico y a instancia de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.