Andalucía aplica «cambios mínimos» en su norma de escolarización para adaptarla a la 'ley Celaá'

El nuevo Decreto-ley, según se ha informado desde el Gobierno andaluz, mantiene los principios fundamentales que sustentan la normativa autonómica en materia de admisión del alumnado, con la garantía de una oferta suficiente de plazas en el sistema educativo público andaluz en condiciones de igualdad. También seguirá teniendo en cuenta la demanda social entendida como la prioridad de elección de centro educativo por parte de las familias.

Del mismo modo, seguirá prestando especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La hará garantizando una «escolarización equilibrada» de estos alumnos y alumnas mediante la reserva de hasta tres plazas por unidad escolar.

Según la Consejería de Educación, para la modificación de la norma se han tenido en cuenta como ejes el reconocimiento del «papel central y vertebrador» de la enseñanza pública así como la relevancia del papel de la enseñanza concertada en el sistema educativo andaluz. Las principales modificaciones incluidas en el nuevo Decreto-ley afectan a la puntuación por la existencia de hermanos en el centro, reducida a 14 puntos totales, en vez de 20 por hermano como recogía el anterior decreto andaluz, que favorecía el agrupamiento de hermanos en el mismo centro para facilitar la conciliación familiar.

Ello permitió, según los datos aportados por la Junta, que en el procedimiento de escolarización del curso 2020/21 las familias lograran reagrupar un total de 785 hermanos y hermanas. Dados los cambios obligados por la LOMLOE, que limita este criterio al 30% de la puntuación total que pueda tener un alumno, la Junta ha optado por otorgar la misma puntuación en este apartado que el de proximidad al domicilio familiar (14 puntos). Otro de los cambios es que, dentro de los criterios de prioridad, figura la discapacidad sobrevenida durante el curso escolar de cualquiera de los miembros de la unidad familiar e incluye como nuevo criterio de admisión que el alumno haya nacido de parto múltiple, al que se le da un punto.

Asimismo, la competencia para decidir en el procedimiento de admisión de los alumnos no lo tendrá más director de cada centro, sino el Consejo Escolar.

Para poder realizar estas modificaciones, la Consejería ha optado por la fórmula de Decreto-ley por razones de urgente necesidad para que la escolarización del próximo curso no se retrase y pueda comenzar el 1 de marzo del 2021 como en años anteriores. En el último proceso de escolarización, según los datos de la Consejería, el 98% de las familias logró plaza en alguno de los centros elegidos.

La Consejería de Educación ha recordado que se mantiene el criterio de que en cada una de las zonas de escolarización exista un centro público y un concertado, siempre que en la localidad exista un concertado, «con el objetivo de que las familias elijan el modelo de educación que entiendan mejor para sus hijos». De los 1.742.267 alumnos matriculados en plazas sostenidas con fondos público este curso, un 80,6% están en centros públicos y un 19,4% en centros concertados.

En relación con la elección de los diferentes proyectos educativos, para el presente curso el 93,78% de las familias lograron con el decreto aprobado por el actual gobierno plaza en el centro elegido como primera opción y casi el 98% en alguno de los centros demandados. Asimismo, el número de alumnos que han sido admitidos por el cupo de reserva de Educación Especial se ha incrementado en un 15,5%.