La Junta de Andalucía pide formalmente al Gobierno que paralice la condonación de la deuda

Aunque las comunidades autónomas no tendrán que comunicar su decisión sobre si se acogen o no a la quita hasta que la ley esté aprobada, tenían hasta este viernes para responder a una consulta remitida por el Ministerio de Hacienda en relación a cuestiones como los problemas que se pretenden solucionar, necesidad y oportunidad de su aprobación y posibles soluciones alternativas.

En el escrito, la Junta de Andalucía ha ratificado sus posiciones anteriores, en las que coincide con la mayoría de las comunidades, gobernadas por el Partido Popular, cuando expresó su oposición a lo que considera una «mutualización de la deuda autonómica», porque entiende que se plantea con el propósito de sostener la mayoría parlamentaria en la que se sustenta el Gobierno. Según el Ejecutivo andaluz, prueba de ello es que fue el líder de Esquerra Republicana de Cataluña «quien la anunció de forma unilateral y previamente a que la ministra de Hacienda lo trasladase al resto de las comunidades».

El Gobierno andaluz recuerda que todas las comunidades autónomas coinciden en la necesidad de más recursos y censura que el mismo Gobierno que cede a los reclamos independentistas «como las embajadas catalanas en el exterior o una estructura administrativa desorbitada», no los garantice que todas las comunidades dispongan de lo necesario para prestar servicios públicos.

El texto, elaborado por la Consejería de Hacienda, recuerda que en los últimos años el coste de los servicios públicos que se prestan desde las administraciones autonómicas ha crecido de forma exponencial, «particularmente la sanidad pública a la que ya dedicamos más del 40 % del presupuesto, por lo que deberá contar con una atención especial en el futuro modelo». También se apunta que saldar la deuda histórica que el Gobierno central tiene con la dependencia o cofinanciar la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, entre otras cuestiones, también requiere de fondos extra.

Por ello, indica que para paliar la infrafinanciación que padecen todas las comunidades y ciudades autónomas y especialmente aquellas que, como Andalucía, reciben menos que la media española, resulta urgente la reforma del sistema de financiación y, mientras tanto, la aprobación de un Fondo Transitorio de Nivelación.

Por ese motivo, Andalucía reclama que el Ministerio de Hacienda paralice la tramitación de la norma y la sustituya por la tramitación de un nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común. Para ello, se debería modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Cuando el pasado 26 de febrero se celebró el Consejo de Política Fiscal, las comunidades gobernadas por el PP se levantaron de la mesa, lo que permitió al Gobierno consignar sus votos como abstención y aprobar con el respaldo del propio Estado y los gobiernos de Castilla La Mancha, Asturias y Cataluña el acuerdo relativo a los criterios de distribución del importe destinado a la asunción por el Estado de una parte de la deuda autonómica.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ya ha dicho que espera tener aprobada antes de que finalice el año esta ley orgánica, para lo que el Gobierno necesita la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, por lo que tendrá que contar con sus socios parlamentarios.

Montero no descarta que, a lo largo de la tramitación parlamentaria, se puedan incorporar algunos elementos que otros grupos pidan. «Eso será elemento que podrán plantear o no algunos grupos políticos en el Congreso de los Diputados», dijo tras el Consejo de Política Fiscal.

En este sentido, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, que se mostró favorable a la propuesta de condonación de deuda de comunidades autónomas de régimen común, aconsejó que haya condicionalidad en esa quita.

Este planteamiento sobre la condicionalidad ha sido una reivindicación de algún grupo parlamentario, a la vez que han hecho otras peticiones como revisar los mecanismos para la distribución de la condonación de la deuda.