La Junta de Andalucía ha ejecutado menos del 20% de los fondos europeos del periodo 2014-2020

Susana Díaz preside el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 28 de agosto./EFE
Susana Díaz preside el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 28 de agosto. / EFE

Un informe interno sobre su situación al llegar el bipartito PP-Cs evidencia dificultades de ejecución presupuestaria y de generar ingresos, agujeros contables y una deuda viva de 33.867 millones

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El grado de ejecución en la Junta de los fondos europeos del periodo 2014-2020 sólo ha alcanzado el 19,78%. Este dato se utiliza como ejemplo de los problemas y ausencia de ejecución presupuestaria en muchos de los programas de la Administración autónoma hallados por el bipartito PP-Cs al hacerse cargo del Gobierno el pasado 22 de enero. Un informe interno del ejecutivo, al que ha tenido acceso este periódico, evidencia problemas financieros derivados de agujeros en el presupuesto prorrogado de 2018 por promesas del anterior gobierno socialista sin respaldo presupuestario, dificultades para generar ingresos propios y una deuda viva al 31 de diciembre de 33.867 millones de euros. El Presupuesto de la Junta de 2018, prorrogado a este año, ascendió a 34.759 millones.

El dato de los fondos europeos llama la atención. La Junta gestiona tres programas operativos regionales, como son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo Social Europeo (FS) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), además de participar en el Programa Operativo de Empleo Juvenil y en el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. La comunidad andaluza tenía asignados en el marco presupuestario 2014-2020 de la Unión Europea 9.357 millones de euros, de los que el 45%, 4.201 millones de euros, son de gestión directa de la Junta de Andalucía, mientras el resto del Gobierno de la nación. A la comunidad se le adjudicaron en la revisión de 2016 otros 1.037,3 millones de euros, de los que a la Junta le corresponde llevar 440,8 millones de euros.

Aunque falta menos de un año para completar el marco presupuestario y ya se está en la elaboración del siguiente, el informe consultado por este periódico cifra en menos del 20% la ejecución de los citados fondos europeos. Andalucía recibía en este periodo un 22% menos que el anterior por haber pasado a ser región en transición de desarrollo al superar el 75% del PIB, si bien con la crisis ha vuelto de nuevo a los furgones de cola de la convergencia europea al bajar de ese porcentaje. Desde 1986, Andalucía ha recibido 110.000 millones de euros de fondos europeos, el 40% de ellos gestionados por la Junta.

Otra dificultad para el nuevo Gobierno con unas cuentas prorrogadas son las promesas del ejecutivo de Susana Díaz en materia educativa y sanitaria sin respaldo presupuestario. Eso incluye desde hospitales, a ambulatorios y colegios. El bipartito ha cuantificado esas medidas en 2.900 millones de euros. El informe advierte de que muchas de esas promesas «no se podrán acometer».

Además, señala otros agujeros encontrados, algunos ya conocidos como el de Fomento, cuya consejera, Marifrán Carazo, cuantificó en 1.028 millones de euros la deuda existente en las tres agencias públicas que dependen de su departamento: La Agencia de Obra Pública tiene 562,2 millones de euros de deuda, 396 millones con entidades financieras y 168,5 millones por sentencias sin cobertura presupuestaria. Cifra a la que hay que añadir los compromisos de pago por la explotación de los metros andaluces. La Agencia de Vivienda soporta una deuda de 378 millones de euros al 31 de diciembre, a los que hay que sumar 65 millones de euros con el Fondo de Liquidez Autonómica FLA). Por último, la deuda de la Agencia de Puertos es de 14,9 millones de euros.

Sentencias contra la Junta

El dossier subraya lo conocido, que un 60% del gasto presupuestario (29.002 millones de eros) se va a sanidad y educación, pero que en ambas áreas se ha visto incrementado el crédito inicialmente autorizado por el refuerzo de la plantilla sanitaria (109 millones de euros) y educativa (79); a lo que hay que añadir 118 millones en el capítulo de compras de bienes y servicios-gasto sanitario.

El documento pone énfasis en el hecho de que el gasto presupuestario de la Junta se ha visto afectado por sentencias no previstas en el momento de hacer las cuentas por un montante global de aproximadamente 430 millones de euros, entre ellos los 165 millones de euros que se tuvo que abonar al empresario Tomás Olivo por el caso del Centro Comercial Nevada; otros 21 millones de euros del concierto con los centros sanitarios Pascual; y 166 millones por sobrecostes en la construcción del metro de Sevilla. A ellos hay que añadir 57 millones de Red Eléctrica, si bien esta sentencia fue declarada en 2017 y su imputación presupuestaria supone un ajuste positivo en 2018.

El documento hace hincapié en las primeras medidas del bipartito para sanear la administración de la Junta de Andalucía. Recuerda que ha liquidado en un mes los 84 consorcios de las unidades territoriales de empleo y desarrollo local y tecnológico (UTDLT), ya sin actividad desde que fue aprobada en 2012 su disolución tras un informe de la Cámara de Cuentas que constató falta de control en las subvenciones recibidas.

También se ha eliminado el Consorcio del Guadalquivir, también sin actividad pero del que se ha constatado un gasto de 250.00 euros en el acto de su presentación; se ha eliminado la Fundación Mediara, dedicada a la mediación en la jurisdicción laboral, penal y civil. Solo vio mil expedientes de un total de 1,2 millones desde 2009 y tenía un presupuesto de 200.000 euros.

El Gobierno ha procedido a eliminar la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, que tenía 13 profesores que volverán a sus centros educativos, mientras se ha amortizado la plaza de director general. El ahorro es de más de 500.000 euros.

Transparencia exige a la RTVA facilitar el gasto en productoras

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha exigido a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) que facilite información completa del gasto realizado en productoras audiovisuales durante el periodo 2013-2017.

Según ha informado en un comunicado, pide que se desglose por las diferentes modalidades existentes: producción propia interna, producción propia externa (incluyendo las subcategorías producción financiada mixta y la financiada) y ajena.

Este órgano de control considera que la información solicitada responde «claramente al concepto de información pública recogido en el artículo 2 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA)». Según este organismo, la RTVA no alegó ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que justificara denegar la entrega de la información y, de hecho, atendió la solicitud, pero de forma incompleta, puesto que sólo aportó las cifras totales de inversión en las categorías de producción propia y ajena, obviando el resto de tipologías existentes, fijadas en la Carta del Servicio Público de la RTVA.