La Junta de Andalucía acude al Tribunal Constitucional contra el impuesto a las grandes fortunas y pide su suspensión cautelar

Después de advertirlo tan pronto como se conoció la creación de ese impuesto y tras contar con sendos informes del Consejo Consultivo y de sus servicios jurídicos, el Gobierno andaluz ha decidido materializar este recurso, que va dirigido en dos direcciones: primero, a que se paralice cautelarmente y de manera inmediata la vigencia del gravamen, para evitar que los impositores tengan que declararlo en este ejercicio, y segundo, que se declare su inconstitucionalidad y por lo tanto se anule.

La Junta considera que este impuesto, anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez poco después de que Andalucía decidiera bonificar al 100 por cien del Impuesto sobre el Patrimonio y aprobado el 27 de diciembre pasado mediante una enmienda al impuesto a la banca, supone un ataque a la autonomía fiscal de Andalucía y persigue esencialmente anular los efectos de las medidas aprobadas por el Gobierno andaluz para atraer grandes contribuyentes e inversores a la Comunidad.

Tras recabar la opinión de sus servicios jurídicos y del Consejo Consultivo, el Gobierno andaluz ha llegado a la conclusión de que el conocido como impuesto a los ricos incurre en tres posibles motivos de inconstitucionalidad. El que más preocupa a la Junta es la invasión de competencias que supone haber puesto en marcha un impuesto que tiene el objetivo más o menos explícito de anular los efectos de una medida fiscal adoptada en el sentido opuesto por Andalucía en el ejercicio de sus competencias.

El propio texto de la ley por la que se crea el impuesto reconoce que la finalidad de la norma es armonizadora «con el objetivo de disminuir las diferencias en el gravamen de patrimonio de las distintas comunidades autónomas».

Existen también otros dos flancos sobre los que ataca el recurso de la Junta: la forma en que se aprobó, con una enmienda a una ley en la que se creaban otros gravámenes, por lo que se hurtó a los diputados la posibilidad de proponer modificaciones, y la vulneración del principio de seguridad jurídica, ya que, entiende la Junta, los posibles impositores no tuvieron la oportunidad de adaptarse a las nuevas determinaciones al introducirse una novedad normativa de manera sorpresiva.

Pero más allá de estas cuestiones jurídicas, en la Junta consideran que la creación del impuesto ha supuesto un ataque sin precedentes al ejercicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía de Andalucía reserva la comunidad y a su autonomía fiscal y financiera. La consejera recordó que cuando en junio del año pasado Podemos propuso la creación de un impuesto similar a las grandes fortunas, desde la parte socialista del Gobierno se argumentó que tal medida supondría una recentralización fiscal con la que se podría incurrir en una situación de doble tributación -ya que el impuesto de Patrimonio está transferido a las comunidades- y además se perjudicaría a las clases medias ya que las grandes fortunas cuentan con instrumentos para eludir este tipo de imposiciones. Después, una vez que la Junta anunció la supresión del impuesto sobre el Patrimonio, el Gobierno optó por rescatar una iniciativa que meses antes había descartado.

Un ataque de este tipo, según España, nunca se había impuesto con tal descaro, con el agravante de que el texto señala que se trata de un impuesto que no podrá ser objeto de cesión, por lo que se impide que las autonomías puedan graduarlo aunque sí se prevé que las dos comunidades con régimen foral, Navarra y País Vasco, puedan concertarlo.

El Gobierno andaluz considera que con la puesta en marcha del llamado 'impuesto a los ricos', que no encuentra figuras análogas en el resto de Europa, el Gobierno ha lanzado un ataque sobre uno de sus objetivos estratégicos de atraer inversión a Andalucía mediante una política de atracción fiscal que ya estaba comenzando a dar sus frutos y que había tenido en la bonificación completa del Impuesto sobre el Patrimonio una de sus medidas estrella. Según España, por cada euro que se dejaría de recaudar por ese gravamen, la Junta tenía previsto ingresas cinco por IRPF. Su estrategia, consideran, se ve atacada por el impuesto creado por el Gobierno.

En la Junta están convencidos de que su política de reducciones fiscales está arrojando resultados positivos en la recaudación gracias a un aumento en el número de contribuyentes.

Según datos de la Consejería de Hacienda, en el cuatrienio 19-22 la recaudación se incrementó un 12,75 por ciento en relación con el cuatrienio anterior (15-18), lo que supuso un aumento de 1.944 millones euros hasta alcanzar los 7.776 millones.