Ana Julia insultaba a Gabriel mientras trasladaba su cadáver en el maletero

La Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado acusó solo formalmente a Quezada de asesinato y de detención ilegal. Las pruebas -«abrumadoras»- no dejan lugar a dudas de que la mujer planeó con premeditación y alevosía la muerte del niño, hasta el punto de cavar su fosa en Rodalquilar antes de secuestrarlo. Pero la Guardia Civil ha ido más allá en sus atestados. Quiere una condena por el daño causado a los padres del pequeño durante los doce días en los que Ana Julia estuvo orquestando su grandísima farsa.

Según revelaron ayer fuentes de la investigación, la Guardia Civil no quiso acusar en sus atestados a la asesina de «daño a la integridad moral» a los padres, porque se trata de una «apreciación subjetiva». Los agentes preferían que el fiscal o el juez oficializaran esa acusación a la vista de sus informes. El Ministerio Público no lo hizo, pero el juez, 'motu proprio', sí lo vio y le imputó a Ana Julia por el artículo 173.2 del Código Penal.

Ese precepto (incluido en el Título VII sobre «las torturas y otros delitos contra la integridad moral») contempla una pena de seis meses a tres años de cárcel para el «que habitualmente ejerza violencia física o psíquica» en su entorno familiar más cercano, entendiendo como «habitual» también la «proximidad temporal» de esos actos de tortura.

Y la Guardia Civil lo tiene claro: el cinismo, las mentiras, la farsa y los engaños a la investigación durante los días de la búsqueda deberían tener un «reproche penal» supletorio al del secuestro y al asesinato.

Los informes remitidos a Soriano ponen el acento en un hecho que los investigadores -y así lo recoge el magistrado en su auto de prisión- consideran clave. El pasado domingo, cuando la asesina desenterró el cuerpo del pequeño de la finca donde le había dado muerte el 27 de febrero, Quezada se dedicó a insultar al niño ya sin vida. Durante el trayecto desde Rodalquilar hasta Vícar (donde fue detenida) Ana Julia lanzó todo tipo de «expresiones vejatorias» contra el menor, cuyos restos transportaba en el maletero en esos momentos. Los improperios (que no se reproducen por su dureza) fueron grabados por los micrófonos que la Guardia Civil había instalado en su Nissan Pixo.

«Pura crueldad», en palabras del juez, que denotaría la «falta de sentimientos y humanidad» de la asesina, siempre según las expresiones textuales del instructor. Hacía menos de 48 horas que Quezada había participado, con una camiseta con la fotografía del niño, en el último acto de apoyo a la familia y había besado al padre de Gabriel. Los atestados se centran en el dolor provocado a la familia durante estos últimos días. Fue ella la que insistía a los padres (que ya por entonces, como la propia asesina, sabían que era la principal sospecha) en que el niño iba a aparecer en cualquier momento. Ella, apuntan los informes, hizo alentar «falsas esperanzas» a los padres, sabiendo Gabriel estaba muerto desde el principio.

Ana Julia -y en este punto incide especialmente la UCO en sus atestados- no solo intentó obstaculizar la investigación para encontrar el cuerpo del pequeño con tretas como la de colocar la camiseta del niño en el lugar opuesto de donde estaba el cadáver, sino que además aprovechó esa añagaza para intentar implicar a un exnovio suyo, que vivía a escasos 300 metros de donde abandonó la prenda. Los informes inciden en que no solo no facilitó encontrar el cuerpo, sino que el domingo pretendía alargar la desazón de los padres llevando el cadáver del niño a un lugar muy alejado de donde se estaban realizando la búsqueda: a un invernadero en el Poniente almeriense, a cerca de 80 kilómetros de dónde desapareció el menor. Los agentes de la UCO esperan que la condena sin precedentes por delitos contra la «integridad moral» a Ángel y Patricia sea su homenaje póstumo al 'Pescaíto'.