Juanma Moreno exige «igualdad» en el reparto de menores migrantes: Andalucía acogerá entre 600 y 800

El jefe del Ejecutivo autonómico criticó con dureza que otras comunidades apenas participen en este tipo de acogidas. Mencionó de forma expresa a Cataluña y País Vasco, que según dijo prácticamente no recibirán menores en este proceso. «No tiene sentido que nosotros, que estamos a tiro de piedra de África y recibimos las pateras en nuestras playas, tengamos que acoger cientos de menores mientras otros territorios prácticamente no participan», recalcó. Además, denunció que existe un doble rasero a la hora de reconocer la condición de frontera: mientras al País Vasco, más precisamente a Euskadi, se le otorga ese estatus, a Andalucía, que soporta la presión migratoria directa desde el norte de África, no se le concede. «Pido un mucho de respeto a Andalucía y a la igualdad entre todos los españoles», reclamó.

Desde la Junta también se ha reprochado al Gobierno central la falta de transparencia en la gestión de este proceso. Aunque se baraja una cifra aproximada, el presidente andaluz señaló que aún no se ha concretado el número definitivo de menores que recibirá cada comunidad ni los recursos que acompañarán la medida. Recordó que «estamos hablando de personas» y también de los medios necesarios para atenderlas dignamente, y que en ambos casos no existe claridad. Por eso insistió en que Andalucía, que ya soporta una fuerte presión migratoria, no puede volver a ser la más afectada.

La intervención de Moreno abordó igualmente la situación de los incendios forestales, que este verano han golpeado con especial dureza al país. El mandatario andaluz defendió las medidas propuestas por Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, con la creación de un registro de pirómanos y el uso de pulseras telemáticas para reincidentes, con el objetivo de garantizar un control efectivo sobre quienes ya han provocado fuegos en el pasado. «Los pirómanos suelen ser reincidentes. Es muy importante que los tengamos fichados y controlados», apuntó.

El máximo responsable del Gobierno autonómico consideró además que las penas deben ser mucho más severas para quienes atenten contra el patrimonio natural y la seguridad de las personas. «No es fácil coger a un pirómano, y cuando se le detiene no pueden ser penas leves que permitan reincidir. Hay que mandar un mensaje claro de que provocar un incendio tiene consecuencias graves», defendió. También subrayó que la tecnología debe ponerse al servicio de la protección del medio ambiente y de la seguridad de los ciudadanos.

En este contexto, el presidente recordó que Andalucía destina cada año un esfuerzo destacado en materia de prevención y extinción con el Plan Infoca, que cuenta con 270 millones de euros de presupuesto y 4.700 efectivos, la mayor dotación de España. Ese despliegue permite sofocar entre 15 y 20 conatos diarios en las primeras horas, lo que evita que se conviertan en grandes incendios. No obstante, advirtió de que hace falta mayor coordinación estatal para afrontar catástrofes que superan las fronteras autonómicas. «Cuando un incendio pasa de una comunidad a otra, el Estado tiene que actuar con todos sus medios desde el minuto uno», recalcó.

El futuro de Gibraltar también centró parte de sus declaraciones y su postura acerca de los planes de demolición de la verja. El líder popular en Andalucía defendió la necesidad de un acuerdo entre las autoridades europeas, el Gobierno de España y el Reino Unido que dé estabilidad al Campo de Gibraltar. Recordó que Andalucía nunca renunciará a la soberanía sobre el Peñón, pero subrayó que más de 10.000 trabajadores cruzan cada día la verja, lo que hace imprescindible avanzar hacia una cooperación real. «Siempre saludo los acuerdos, porque creo que los acuerdos son mejores que un mal pleito. Necesitamos entendimiento entre las autoridades españolas y británicas, y también entre el Campo de Gibraltar y la colonia», afirmó.

El mandatario regional se mostró favorable a la desaparición de la frontera física, convencido de que ello favorecería un desarrollo económico compartido. Sin embargo, advirtió de que falta información clara sobre los pasos de la negociación y, en particular, sobre el tratamiento fiscal a ambos lados de la verja. «No puede haber una fiscalidad especial en Gibraltar y otra distinta en el Campo de Gibraltar, porque eso perjudica a los ciudadanos de la comarca. Queremos igualdad de oportunidades, igualdad de inversiones y un desarrollo compartido», concluyó, haciéndose eco de las peticiones de los alcaldes de La Línea y Algeciras que reclaman más transparencia al Ejecutivo central.