La investigación judicial sobre las contrataciones en la FAFFE abre una nueva brecha entre el PP y Vox

La causa se remonta a una denuncia presentada en 2016 por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) por la presunta contratación irregular de 84 trabajadores sin cumplir con los requisitos de publicidad y libre concurrencia y sin seguirse los principios de mérito y capacidad. El sindicato consideraba que estas personas tenían algún tipo de vinculación en algunos casos directa y otras veces familiar o personal con el PSOE.

El procedimiento, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación, se comenzó a instruir en un juzgado de Sevilla y en 2021, al personarse como acusación popular, Vox solicitó que se practicaran una serie de diligencias que afectaban a la gran mayoría de los trabajadores de la fundación, que llegó a contar con una plantilla de más de 1.600 trabajadores.

En concreto, la acusación popular pidió que se practicara una serie de pruebas en relación con todos los cargos directivos y los técnicos de nivel E (una de las escalas más bajas de la Administración), que consistía en solicitar al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) las bases reguladoras existentes para la ocupación de esos puestos de trabajo y la aportación del registro de control horario entre los años 2007 y 2011. También pidió que se requiriera a la Junta de Andalucía la totalidad de las candidaturas presentadas respecto a esos puestos de trabajo en las convocatorias de 2006 y 2007 a fin de determinar los motivos por los que fueron seleccionadas unas candidaturas en detrimento de otras.

En una providencia dictada el pasado 30 de noviembre, el juzgado que instruye la causa acordó la práctica de estas pruebas, lo que dio lugar a que la Junta de Andalucía presentara un recurso de reforma por entender que la investigación debía limitarse a los 84 casos denunciados por el sindicato y no extenderse al resto de los trabajadores.

La Junta entiende que sus intereses como administración perjudicada podían verse afectados por la excesiva dilación de la causa con motivo de la práctica de estas diligencias, por lo que considera que las mismas deberían acotarse al ámbito de lo investigado, es decir, a los 84 trabajadores denunciados inicialmente.

Tras conocerse este recurso, el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, arremetió contra el PP. «¿Ésta es la transparencia que quiere el Gobierno de Moreno Bonilla. ¿Por qué recurren? ¿Tienen un pacto secreto con el PSOE?«, se preguntó.

La respuesta no se hizo esperar y llegó por boca del portavoz popular, José Antonio Nieto, que tras acusar a Vox de aliarse a los socialistas para desgastar al Gobierno recordó que los presuntos actos de corrupción durante la etapa del PSOE en la Junta fueron denunciados constantemente y en solitario por el Partido Popular mucho antes de que Vox existiera.

El enfrentamiento ha subido de tono este jueves tras hacerse público que entre los investigados se encuentra Carmen Ibanco, esposa del secretario general del PSOE de Andalucía y candidato socialista, Juan Espadas.

Ibanco es una de los 84 trabajadores contratados en su día por la FAFFE que han sido llamados a declarar por la Unidad Central Operativa (UCO) del grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil en cumplimiento de un auto dictado por el juez el pasado 13 de enero, cuando acordó prorrogar la instrucción de la causa durante seis meses más. En concreto, se tuvo que presentar en calidad de investigada el pasado martes 25 de enero.

Tras conocerse este circunstancia, Gavira ha asegurado que «si el asunto sigue adelante es gracias a la independencia judicial y desde luego no por la colaboración del gobierno de Moreno Bonilla con este asunto».