Explicar lo evidente

Esta semana, José María Aznar sacó a pasear a su personaje para respaldar, desde sus acostumbrados pero no por ello digeribles parámetros morales, la matanza de civiles en Gaza. Aunque esta vez se ahorró argumentar que en la Franja se esconden armas de destrucción masiva, como hizo en alguna ocasión para justificar otra matanza, es posible que si el asesinato de los cooperantes de la oenegé del chef José Andrés se hubiese producido un par días antes se hubiese quedado tan callado como un jarrón chino y todos nos habríamos ahorrado el bochorno.

También esta semana, José Luis Rodríguez Zapatero, que desde las antípodas del anterior pasa por ser el más progresista de los expresidentes, hizo suyo al argumento central de la derecha catalana al afirmar en un conferencia celebrada en Málaga que hay comunidades que aportan y otras que reciben. No está claro que la debacle ideológica del PSOE vaya a tener retorno.

La afirmación de Zapatero se inscribe en la misma lógica por la que los supremacistas llevaban tiempo reclamando, hasta que ahora finalmente Pedro Sánchez y María Jesús Montero se la han concedido, la publicación de las balanzas fiscales, que reflejan cuánto se recauda en cada comunidad autónoma.

Frente al argumento de los secesionistas de que llevan mucho tiempo aportando y que ya va siendo hora de que empiecen a recibir -primer paso para apropiarse de todos los impuestos que se recaudan en su territorio- se suele oponer que quienes pagan impuestos no son los territorios sino las personas, y que estas lo hacen en función de sus rentas.

Este argumento es tan certero como insuficiente para explicar por qué un territorio no puede apropiarse de lo que allí se recauda cuando pertenece a otro más grande con el que conforma –más allá de razones históricas, políticas o legales- una unidad de mercado.

Es verdad que los empleados de cualquier empresa con sede central en Madrid o en Barcelona tributan en el sitio donde trabajan, pero no es menos cierto que los propietarios, directivos y accionistas de esas empresas lo hacen en la Comunidad de Madrid o en Cataluña. Es decir, que las camareras de piso de un hotel del litoral andaluz pagan impuestos por sus escasísimas rentas en Andalucía, pero los millonarios beneficios que su trabajo genera lo hacen en Madrid, en Cataluña, en Baleares o en donde la cadena hotelera tenga su sede central. Resulta asombroso que dirigentes de un partido que se autopercibe de izquierdas adopten el discurso de lo más reaccionario del nacionalismo y actúen como si esta injusticia de raíz no existiera. Y es triste que a veces sean necesarias las explicaciones más básicas.

Que el turismo es un sector fundamental en la economía andaluza también es una realidad esencial que no debería ser necesario explicar. En estos días en los que se acaba de dejar atrás la Semana Santa y se avecina la feria de Sevilla, es usual ver en las redes sociales a vecinos de esa ciudad quejándose de la proliferación en sus calles de turistas, a quienes ven como invasores de celebraciones de las que sólo deberían participar los locales.

 

Quienes asisten desde otras provincias a estas muestras de aversión al forastero podrían pensar que se trata de expresiones minoritarias de cuatro frikis, pero no. La turismofobia no sólo comienza a estar muy extendida en la capital hispalense, amparada en algunos casos en orgullo de clase y en otros, en simple y rancio chauvinismo, sino que ya cuenta con representación política, por muy excéntrico que ello suene en las zonas de Andalucía que han hecho del turismo el principal sector económico de esta comunidad autónoma y del que viven cientos de miles de familias.

Así se pudo comprobar en el debate de esta semana en la comisión de Turismo del Parlamento, en la que se escucharon frases de las diputadas por Sevilla de Por Andalucía y Adelante Andalucía, Esperanza Gómez y Maribel Mora, que presentaban a esta actividad como un problema para los ciudadanos que sólo genera molestias. Gómez llegó a decir que la turismofobia está justificada. Según este razonamiento, para solucionar los efectos secundarios no deseados de la actividad turística, que existen, lo mejor es impedir que vengan turistas. Con impuestos o como sea.

El episodio del ahora aplazado pase al sector privado del ex número dos de la Consejería de Salud, Miguel Ángel Guzmán, supuso un buen ejemplo de cómo se suelen evitar en política los debates morales. La reacción de la Junta al anuncio de que fichaba por Asisa sólo tres meses después de dejar su cargo fue limitarse a anunciar que se estudiaría si el movimiento incumplía alguna ley.

Fue una respuesta reflejo, porque Guzmán, cuyas relaciones en la Consejería ya estaban deterioradas cuando se marchó –de hecho, por eso dejó de ser viceconsejero-, no avisó lo que iba a hacer. Y en esa respuesta reflejo se evitaron las consideraciones morales -es decir, si al Gobierno le parecía mal o le parecía bien- y se optó por reducir la reacción a una cuestión legal.

Hace ya mucho tiempo que en la actividad política se abandonó la épica. La ética tampoco pasa por sus mejores momentos. Pero al menos se debería cuidar la estética. Esto tampoco debería requerir explicación.