Griñán recurrirá al Supremo la sentencia de los ERE por «error en los hechos probados»

La sentencia consideraba tanto a Griñán como a su antecesor en la Presidencia de la Junta, Manuel Chaves, y el resto de cargos condenados ser «plenamente conscientes de la palmaria ilegalidad» del sistema con el que se concedían las ayudas sociolaborales. Griñán fue condenado porque como consejero de Economía y Hacienda (2004-2009) no atendió las alertas de la Intervención General de la Junta ni a los informes de control financiero permanente de las empresas públicas sobre irregularidades en la inclusión en las leyes de presupuestos de las transferencias de financiación como procedimiento para el pago de las ayudas a través del IFA, luego IDEA. Para el tribunal «resulta contrario a las reglas de la lógica» que el entonces consejero no fuera informado de las irregularidades por los cargos inferiores, entre ellos la viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que luego ascendió a consejera cuando Griñán fue presidente en 2012, lo que se interpreta en la sentencia como prueba de confianza en ella. En su declaración ante el tribunal, Griñán insistió no haber recibido nunca ninguna de las alertas de la Intervención.

En el escrito presentado por Calero, al que ha tenido acceso este periódico, se enumeran errores en la apreciación de la prueba en documentos como los Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2005 y pormenor del estado de gastos, respuestas de oficio del Parlamento y la comparecencia del consejero de Economía y Hacienda en el Parlamento para presentar las citadas cuentas de 2005 y las de 2007, así como los informes de la Intervención sobre modificaciones presupuestarias o el informe de la Cámara de Cuentas sobre fiscalización de las ayudas en el periodo 2001-2010.

El recurso también se incluirá que se ha producido quebrantamiento de forma por falta de claridad en el relato de hechos probados y manifiesta contradicción, e infracción de precepto constitucional en relación con el principio de legalidad procesal, de presunción de inocencia, del derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y del juicio justo o debida en sus diversas manifestaciones. Este escrito en el que se explica la intención de Griñán de recurrir la sentencia, deberá ser desarrollado y puntualizado una vez el Tribunal Supremo lo demande.

Además de Griñán, también el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías ha informado a través de su abogado que recurrirá la sentencia de la pieza política del caso de los ERE que le condena a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.