El Gobierno andaluz crea un comisionado de la Concordia para reformar la ley de Memoria
La iniciativa responde al pacto del PP con Vox, aunque Bendodo asegura que solo se hará si hay consenso de los partidos y, mientras, se desarrollará la que está en vigor
El Gobierno andaluz dio el visto bueno ayer a otra fase de la estructura de las once consejerías del bipartito PP-Cs con 122 nombramientos. ... En ella se incluye la creación de la figura del comisionado para la Concordia, que sustituirá a la dirección general de Memoria. Su principal mandato, explicó el portavoz, Elías Bendodo, es obtener el consenso de todos los partidos para la reforma de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada por el Parlamento en marzo de 2017 sin ningún voto en contra.
Las competencias sobre memoria histórica están adscritas a la Consejería de Cultura y Patrimonio, llevada por el PP, en concreto su titular es Patricia del Pozo. De ella dependerá el comisionado para la Concordia, aún por nombrar. La creación de esta figura y su objetivo de reformar la actual norma responde al pacto que el PP firmó con Vox para la investidura de Juanma Moreno como presidente. Cs se desligó tanto de este acuerdo como se mostró en contra de reformar la ley de Memoria, pero ahora ha cedido. Igual respaldo ha dado Cs para que la comisión de Cultura y Patrimonio en el Parlamento, en la que se incluye la materia de memoria histórica, sea presidida por una diputada de Vox. La elegida es la diputada por Málaga Ana Gil Román, quien homenajeó en la red Twitter a Primo de Rivera con un poema.
Bendodo insistió en que la ley de Memoria no será reformada si no hay consenso político de todos los partidos para ello. Mientras tanto, añadió, la persona que sea nombrada como comisionado tendrá que desarrollar la actual ley en vigor, incluidas las partidas presupuestarias para la exhumación de fosas con fusilados en la guerra civil. «Todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus familiares, eso la ley lo garantiza y el PP lo asume», dijo Bendodo.
El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno justifica esta reforma en que la ley vigente no fue consensuada por todos los partidos. Recordó que al PP y Cs se le rechazaron numerosas enmiendas, aunque al final los dos partidos se abstuvieron en la votación.
Bendodo subraya el ahorro al reducir entre un 12 y el 13% de los cargos respecto al ejecutivo anterior
PSOE y Adelante reaccionaron ayer en contra al considerar la reforma una cesión a Vox. «Al día siguiente de la profanación de la tumba de las 13 Rosas, el Gobierno de Andalucía, de PP y Cs, paga el apoyo de Vox. Sabemos quién manda», afirmó el senador y delegado de Comunicación del PSOE, Miguel Ángel Vázquez. «La ultraderecha comienza a marcar la agenda política del nuevo Gobierno andaluz», sostuvo por su parte el portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo.
Lo del comisionado no es el único guiño a Vox en la nueva estructura del Gobierno de la Junta ni la única cesión de la formación naranja. Este partido también ha dejado que las políticas de familia, de lógica inclusión en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales gestionadas por Cs, estén adscritas a Salud, que lleva el 'popular' Jesús Aguirre. Aunque en Igualdad aparece una secretaría general de Conciliación e Infancia, desde el Gobierno se asegura que las políticas de familia dependerán de la secretaría general de Familias, de nueva creación y a cuyo frente estará Ana Mata Rico, vicepresidenta de la Diputación de Málaga. Vox exigió en su acuerdo con el PPla creación de una consejería en exclusiva de Familia.
Bravo mantiene el equipo de su antecesor en Hacienda
El nuevo consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo Baena, tomó posesión ayer de su cargo minutos antes de participar en el Consejo de Gobierno. Bravo, que sustituye a Alberto García Valera tras dimitir este por problemas de salud, dijo a los periodistas que mantendrá el equipo configurado por su antecesor, al que calificó de «primer nivel». En este equipo figuran cuatro altos cargos que lo fueron también con el ejecutivo socialista saliente, entre ellos Natalia González, como secretaria general de Industria, Energía y Minas; y Fernando Casas, exdirector general de Finanzas y que ahora será director de la agencia IDEA. Bravo, exdiputado en el Congreso, único de los consejeros del PP que apostó por Pablo Casado en las primarias y con amplia experiencia de tributos, expresó su objetivo de que los andaluces conozcan que los impuestos van para mejorar la sanidad y la educación.
Bendodo admitió «tiras y aflojas» en las negociaciones del reparto de áreas entre PP y Cs, aunque insistió en que el acuerdo ha sido «satisfactorio» para ambas partes y la relación de los dos partidos en el Gobierno es «magnífica». Para conseguirlo, los dos partidos se comprometieron a no vetarse uno al otro los nombramientos de cada parte.
Bendodo subrayó el ahorro de 6,5 millones de euros para las arcas públicas en cuatro años (1,625 millones por año) con la reducción de entre el 12 y el 13% de cargos respecto al ejecutivo socialista anterior, tanto en la administración central como en la periférica.
Un abogado defensor en los ERE y la letrada de la Junta en el 'caso Nevada', fichajes de Cs
De los 122 cargos nombrados por el Consejo de Gobierno llaman la atención dos de los fichados por Ciudadanos: un abogado de un imputado del 'caso ERE, Carlos Rodríguez Sierras; y la letrada jefa de la Junta en Granada durante el 'caso Nevada', Elisa Isabel Fernández-Vivancos. Los dos serán cargos dependientes del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y para una de sus principales políticas, la regeneración y persecución de la corrupción.
Rodríguez Sierras ha sido nombrado director general de la Oficina Judicial y Fiscal, mientras que Fernández-Vivancos, delegada de Turismo, Regeneración y Justicia en Granada. Rodríguez ha sido abogado defensor del principal encausado en la causa de los ERE, el exdirector de Trabajo Javier Guerrero. Penalista de conocido prestigio, también defendió a la madre del 'Cuco', condenado en 2011 a internamiento cuando era menor por encubrimiento del crimen de Marta del Castillo. La madre fue condenada por romper la orden de alejamiento. Vox, del que es simpatizante el padre de Marta del Castillo, protestó por el nombramiento.
Elisa Isabel Fernández-Vivancos fue relevada como responsable de los servicios jurídicos de la Junta en Granada tras el revés judicial del 'caso Nevada' sobre la construcción de un centro comercial, por el que la administración autonómica tuvo que pagar 168 millones de euros.
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