El funcionamiento de la Junta y el Parlamento en los ERE a través de 120 testigos
El juicio de la pieza política del 'caso ERE'se toma un respiro en agosto después de tres meses de intensas sesiones
efe
Lunes, 30 de julio 2018, 00:44
Durante tres meses, 120 excargos políticos, funcionarios, prejubilados de empresas en crisis, auditores y letrados han descrito el sistema de concesión de ayudas de ... los ERE y su tramitación por la Junta y el Parlamento andaluces, en un juicio que se retoma en septiembre y que encausa a 22 responsables autonómicos. Son los testigos que del 23 de abril al 25 de julio han pasado por el juicio de la denominada pieza política del caso ERE, que investiga si los acusados –entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán– cometieron prevaricación y malversación al diseñar un «procedimiento específico» con el que la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis entre 2001 y 2011.
Ese sistema se creó en 2001 con un convenio por el que las ayudas las concedía la Dirección General de Trabajo pero las pagaba el ente público IFA (luego Agencia IDEA), con fondos que la Consejería de Empleo le enviaba mediante las denominadas transferencias de financiación, una herramienta que la Intervención alertó de que se usaba de modo «inadecuado» y que, según el fiscal y las acusaciones, se utilizó para eludir la fiscalización previa de estos pagos.
La jueza excluye a Viera de la pieza separada
La jueza María Núñez, instructora del 'caso ERE', ha acordado excluir al exconsejero de Empleo José Antonio Viera de la pieza separada sobre las ayudas de la Junta dadas a empresas del corcho propiedad del exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla. En un auto del 18 de julio, al que ha tenido acceso Efe, la jueza estima así el recurso de la defensa de Viera al que se opusieron tanto la Fiscalía como el Gobierno andaluz. Núñez aplica el principio 'non bis in ídem' según el cual una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, al entender que Viera ya es procesado en la pieza política del 'caso ERE' sobre el «procedimiento específico» usado para dar las ayudas también por cada una de las subvenciones dadas en base a ese sistema.
Por ello afrontan hasta ocho años de prisión dos expresidentes andaluces, dos exconsejeros de Empleo, dos exdirectores de Trabajo, varios excargos de Empleo, dos exdirectores de la Agencia IDEA, un exconsejero de Innovación (a la que desde 2004 estaba adscrita esta agencia), un exinterventor general, dos exconsejeras de Hacienda y otros cargos de este departamento, un exconsejero de Presidencia y un exjefe del Gabinete Jurídico.
Cargos y funcionarios de esos departamentos han declarado como testigos y una idea común entre quienes han visto los expedientes de los ERE, desde los agentes de la UCO a auditores, interventores o funcionarios, es que eran un «caos», sin apenas documentación y desordenada.
Sobre todo hasta 2008, etapa de Javier Guerrero como director de Trabajo, uno de los principales acusados, pues tanto la exasesora María José Rofa, quien proporcionó documentación a la causa, como funcionarios que revisaron expedientes o los abogados de Garrigues que hicieron un informe para mejorar el sistema en 2009 han coincidido en que su sucesor, Juan Márquez, quien también está acusado, intentó poner orden en esto expedientes. También coinciden en que IDEA era una mera «caja pagadora» de las ayudas y no podía negarse a pagarlas, aunque existe controversia, porque sobrepasó el montante de las transferencias recibidas.
La tesis mayoritaria es que se trató de un desfase contable pero no de un déficit, situación que se redujo al llegar el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano, cuando el exviceconsejero de Empleo Agustín Barbéra se comprometió a ello con su homólogo de Innovación Jesús María Rodríguez Román los tres, acusados en este juicio. Una de las claves del juicio es dirimir si estas ayudas se pagaban a través de IDEA para eludir la fiscalización previa y por qué este sistema se mantuvo durante diez años, pese a que la Intervención insistía en que no era «adecuado».
Interventores, auditores y consejeros de la Cámara de Cuentas han ratificado que estas ayudas no se podían fiscalizar en la Consejería de Empleo porque el expediente de su concesión no incluía ningún documento de gasto, pero hay dudas sobre si el control de la propia transferencia o el posterior en IDEA era suficiente. También se debate por qué se usaron estas transferencias de financiación, no reguladas específicamente hasta 2013, pero incluidas en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos andaluces de 2001 para equilibrar pérdidas de los entes instrumentales, y en las sucesivas leyes de presupuestos como transferencias a IDEA para ayudas sociolaborales.
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