Fiscalía y defensa se oponen a que Susana Díaz testifique en el juicio del 'caso ERE'

El juicio, pues, solo ha durado tres sesiones a la vuelta de las fiestas navideñas. Ahora el tribunal se toma un tiempo para deliberar, entre otras cuestiones, sobre la nulidad de la instrucción solicitada por varios abogados, entre ellos el de José Antonio Griñán; la exclusión del delito de asociación ilícita que el PP introdujo en su escrito de acusación y por el que pide dos años de cárcel a cada procesado; y la petición que ha hecho la Fiscalía al tribunal para que defina si en esta vista oral se enjuician las ayudas o solo el procedimiento específico con el que fueron concedidas.

Las partes se pronunciaron ayer sobre las cuestiones previas. Los fiscales y todas las defensas fueron unánimes en rechazar la propuesta del PP para que Susana Díaz compareciera en el juicio. El Ministerio Público argumentó que no procede su citación por su etapa como consejera de Presidencia (2012-2013) y responsable del servicio jurídico de la Junta porque son fechas posteriores a los hechos que se juzgan (2001-2011); y tampoco por la aprobación en 2012 del decreto que modificó el procedimiento para convalidar las ayudas porque este fue aprobado por la Consejería de Empleo a instancias del Parlamento.

Entre las defensas destacó la intervención de Pablo Jiménez de Parga, abogado de Gaspar Zarrías, quien considera la petición del PP para que comparezcan 31 testigos y nueva documentación «como un turno de réplica a nuestros escritos de defensas o un turno bis de acusación». Añadió que si el tribunal accede a sus peticiones, las defensas deberían tener derecho a un turno de «dúplica». En este sentido, Víctor Moreno Catena, letrado de Carmen Martínez Aguayo, lamentó que las defensas no puedan pedir ahora la citación como testigos de dirigentes del PP con gran conocimiento del procedimiento para conceder las ayudas sociolaborales investigadas, como el actual delegado del Gobierno, Antonio Sanz, que firmó como acusación en la causa; o el actual ministro del Interior y exdelegado del Gobierno, Juan Ignacio Zoido, y el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, quienes intervinieron en la ayuda del Gobierno compartida con la Junta de la Faja Pirítica, también investigada.

Catena calificó de «contaminación política» la petición del PP para que testifiquen políticos en activo, en alusión también al vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y la senadora y exconsejera de Presidencia, Mar Moreno.

Los fiscales sí se han adherido a la petición del PP para que comparezcan estos dos últimos: Jiménez Barrios por la ayuda de 23.000 euros que la Junta concedió, con cargo a la partida investigada, al Ayuntamiento de Chiclana cuando fue alcalde para una feria en 2003. Jiménez Barrios ya declaró como testigo en la pieza que la jueza Núñez Bolaños abrió por esta ayuda en julio de 2016. Mar Moreno era consejera de Presidencia en 2010 y 2011 y testificó como investigada ante el Tribunal Supremo, que archivó las diligencias contra ella. La Fiscalía también se adhirió a la petición de las defensas para la exclusión del delito de asociación ilícita.

Las defensas, por su parte, criticaron en bloque la cuestión planteada por la acusación pública para que el tribunal redefina el juicio y dictamine si incluye las ayudas o se limita al procedimiento específico. Los abogados dijeron que no se pueden modificar los hechos que se juzgan en un juicio y recordaron que fue la Fiscalía la que pidió la separación en piezas del sumario ERE. El letrado Juan Carlos Alférez dijo que los fiscales parece que erraron en su estrategia «por su afán desmedido acusatorio», ya que querían haber acusado a varios procesados en cada una de las 270 piezas si la sección séptima de la Audiencia no hubiera dictaminado que no se puede juzgar dos veces por los mismos hechos. El letrado inquirió a los fiscales si quería echar a pelear a la citada sección con la uno, la que enjuicia.