La Fiscalía avala los cierres de Montefrío y La Campana ante su «alta transmisión»

Con estos informes, la Fiscalía Superior ratifica la orden del pasado miércoles 12 de mayo de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía determinando el cierre perimetral de estos municipios como medida sanitaria para controlar los elevados índices de contagio de la pandemia.

Ambos municipios, con una población cercana a los 5.300 habitantes, presentan en el caso de Montefrío unos marcadores epidemiológicos que se han incrementado de 1.635 casos por cada 100.000 habitantes en la acumulación de 14 días el 7 de mayo a una tasa de 2.108 casos una semana después, coincidiendo con la orden de confinamiento de la Junta de Andalucía

«Los factores epidemiológicos indican un alta transmisión, una afectación importante en la población vulnerable y una capacidad de control en la propagación muy reducida con unos valores que han empeorado en los últimos días, además de contar la provincia con una presión asistencial de muy alto riego, sobre todo en la ocupación de las UCI, que se sitúa en un valor medio del 30%», indica la Fiscalía Superior de Andalucía.

En el caso de La Campana, arrojaba una tasa de incidencia de 1.298 contagios por cada 100.000 habitantes en la acumulación de los últimos 14 días (2.214,6 actualmente).

El dictamen de la Fiscalía señala la habilitación legal que sustenta esta orden de cierre perimetral de la Junta de Andalucía en la Ley Orgánica 3/1986 del 14 de abril en materia de salud pública, en la que se habilita a las autoridades sanitarias competentes para adoptar las medidas que consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. También apunta el artículo 55 del Estatuto de Autonomía para Andalucía en la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía y en la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía.

La Fiscalía considera que las decisiones adoptadas encuentran una habilitación legal suficiente para que puedan acordarse y que todas las restricciones en derechos fundamentales acordadas resultan «justificadas conforme a un criterio de proporcionalidad».

Apunta en ese sentido que ciertos límites al ejercicio de algunos derechos se imponen por la necesidad de evitar que su ejercicio pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales tan esenciales como los vinculados con una efectiva protección de la salud, especialmente de personas vulnerables.

Ambos dictámenes de la Fiscalía informan que la medida adoptada cuenta con «la habilitación legal suficiente y resulta proporcionada a la compleja situación de riesgo sanitario para la ciudadanía en que nos encontramos, justificándose por el deber activo de garantizar la salud pública que compete a los poderes públicos en un estado de pandemia».

También indica que las restricciones van a ser limitadas a un duración temporal mínima, la evaluación continua del riesgo, la posibilidad de desplazamientos para situaciones de necesidad y que la restricción también se vincula con la presión hospitalaria y el grado de ocupación que presentan las Unidades de Cuidados Intensivos de cada provincia.

Recientemente, recordémoslo, la sala sevillana de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificaba el cierre perimetral ordenado por la Junta en los municipios de Castro del Río (Córdoba), Bornos y Villamartín (Cádiz), pero la sala granadina de dicha instancia no avaló el cierre perimetral del municipio granadino de Montefrío, pese a que la Fiscalía había respaldado el cierre en todos los casos, como ahora sucede de nuevo.