Espadas defiende la abstención del PSOE-A en el proyecto de ley sobre Doñana pese al rechazo frontal del Gobierno

Espadas explicó que no adelantó el sentido del voto a la ministra -que había remitido una carta al Gobierno andaluz advirtiéndole contra el proyecto impulsado por los partidos que lo sustentan- y señaló que el PSOE de Andalucía no recibe «ni consignas ni instrucciones» del Gobierno ni de la dirección federal de su partido. Es la primera vez desde que llegó a la secretaría general de su formación que Espadas marca distancias tan claras con Ferraz y La Moncloa. «No vengo a ser la marca de nadie», dijo.

El líder socialista explicó la postura de su grupo en la necesidad de huir de posturas frentistas o de bloques en un asunto que requiere mantener abiertas las vías de diálogo ante un posición a su juicio irresponsable del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Para Espadas, en el debate de la proposición de ley, por la que se podrán regularizar zonas de regadíos excluidas del Plan de Riego aprobado en 2014, existen las posiciones de quienes han agravado el problema al prometer a los agricultores que podrán tener acceso a un suministro de agua que está lejos de ser garantizado (en referencia a los impulsores de la ley) y quienes ignoran que ese problema existe (por los grupos de izquierdas que votaron en contra).

Frente a ambas posturas, dijo, la posición socialista es la de mantener abiertas las vías de diálogo para encontrar una solución que en su opinión pasa por ejecutar las obras de infraestructuras pendientes que permitan llevar agua de superficie a los regadíos de la zona y en ningún caso continuar con la sobreexplotación del acuífero subterráneo que abastece a Doñana.

En su opinión, ante la iniciativa adoptada por el PP, Ciudadanos y Vox, el Gobierno central ha hecho lo que debía, pero advirtió de que eso no resuelve el problema, que en su opinión debe surgir del territorio. Aseguró en ese sentido que nadie, además de los alcaldes afectados, conocen tanto la zona como él.

Con la iniciativa impulsada por el PP, Ciudadanos y Vox, que regularizaría la situación de unas 1.400 hectáreas de cultivo según esos grupos y en torno a 800 según los agricultores, los socialistas andaluces quedaron atrapados entre las reivindicaciones de estos -pertenecientes a localidades gobernadas en su mayor parte por alcaldes del PSOE- y las protestas ecologistas, que alertan sobre el riesgo que corre Doñana, a las que se sumaron las advertencias lanzadas desde el Gobierno central y la Comisión Europea.