Francisco Javier Jiménez: «El mayor avance ha sido pasar de un sistema de beneficencia a uno público y universal que garantiza los derechos sociales»

-Dependencia, familias vulnerables, residencias de ancianos, centro de menores, presos... Pese a los innumerables campos en los que trabajan, ¿está suficientemente reconocida la profesión?

-Socialmente yo creo que sí. Cuando trabajas con familias, sientes ese reconocimiento directo. Sin embargo, en cuanto a los sistemas públicos, no sé si es falta de reconocimiento, pero lo que falta es inversión en las políticas sociales. Los recursos económicos son necesarios para que las familias puedan mejorar su calidad de vida, pero también hacen falta profesionales para realizar los procesos de intervención necesarios para que se produzcan esas transformaciones en las vidas de las personas. Y lo que notamos es que los sistemas están muy carentes de recursos y las plantillas son muy limitadas. Por ejemplo, en servicios sociales, el Consejo General de Trabajo Social recomienda un trabajador social por cada 1.700 personas y estamos muy lejos de esa cifra. También faltan en el ámbito sanitario y en el educativo. La mayor parte del personal depende muchas veces de subvenciones o de fondos europeos y es necesario que los equipos aumenten con plantillas estructurales.

-Estar al lado de los que más sufren y de los que menos tienen no debe ser fácil, sobre todo cuando los recursos para ayudar son limitados. ¿Cuánto de gratificante y cuánto de frustrante tiene el oficio?

-De gratificante tiene mucho porque nuestra profesión se basa en el encuentro con las personas. Eso es enriquecedor y, a la vez, un motivo de alegría cuando compruebas que hay cosas que avanzan. Nosotros somos quienes intentamos movilizar los recursos personales y los recursos comunitarios, pero siempre el protagonismo debe ser de la persona. Por eso, cuando ocupa su lugar y consigue mejorar su situación, pues resulta muy gratificante. Quizás, lo peor es la sensación de impotencia, porque al final las realidades de pobreza y desigualdad son estructurales y hay casos en los que por mucho que lo intentan hay una sociedad que excluye, que expulsa y que no da las mismas oportunidades a todo el mundo.

-¿Cuáles son vuestros principales caballos de batalla en el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales?

-Nuestro espacio es amplio. Estamos en el tercer sector (ONG), también en entidades, empresas, en ejercicio libre y en la universidad, entre otros muchos ámbitos. Pero claro, nuestra profesión está muy ligada al ejercicio de los derechos sociales y, por tanto, más allá de que como Consejo representemos a los profesionales, queremos representar también a la profesión en la mejora y reivindicación de esos derechos. Queremos que se cumpla y que se desarrolle la Ley de Servicios Sociales. Todavía no ha salido el catálogo de prestaciones y es fundamental a la hora de garantizar los derechos que las personas tienen. Es crucial que se doten los equipos para poder intervenir, porque al final nos están cargando de mucha burocracia y nosotros estamos para trabajar y para que las personas puedan mejorar su vida. No puede ser que falte personal y encima al que hay se le sobrecargue porque sale una ley nueva en la que se nos pide, prácticamente, que seamos notarios de la pobreza. Y eso afecta también al ámbito sanitario y educativo, que es donde peor estamos. Sería conveniente que hubiera equipos interdisciplinares en los centros y, entre ellos, uno de trabajo social, que es un espacio fundamental en el que se detectan abusos, malos tratos y situaciones familiares muy complejas.

-¿Qué le parece el decreto de simplificación aprobado por la Junta de Andalucía que prevé reducir las valoraciones de la dependencia de 555 días a 187? ¿Es realista?

Lo que está claro es que la reducción de plazos y la gestión es fundamental, pero no todo el retraso se debe a esta última. Hacen falta recursos adecuados y una buena dotación de personal. El tema de ayuda a domicilio también es un ámbito que hay que mejorar y potenciar. Es necesario que las cuidadoras y el personal estén bien pagados. Se trata de un servicio fundamental porque posibilita que las personas puedan permanecer en su entorno, de ahí la importancia de acortar los plazos desde el momento en que se solicita la ayuda a la dependencia hasta que se valora y, por último, se presta el servicio. En cuanto a los 180 días anunciados, son los que ya se establecieron por la propia Ley de Dependencia en 2006, por lo que no se dice nada nuevo. Además, los 180 días comprometidos son para resolver el grado y el recurso asignado, pero no para recibir de manera efectiva el mismo, pasando la persona a una lista de espera que no se sabe si será pública. Lo que no es admisible es que la persona deba esperar meses hasta recibir un recurso que, en el caso de residencia, puede superar el año, suponiendo una sobrecarga para la familia que, en muchas ocasiones, es inasumible.

-¿Cuáles han sido los mayores logros en políticas sociales?

-Yo creo que un gran avance en políticas sociales es el establecimiento del sistema de servicios sociales, el haber pasado de un modelo asistencial, de beneficencia, a un sistema público y universal de garantía de derechos sociales y de atención a las personas con mayor vulnerabilidad y exclusión. Aun así queda muchísimo por mejorar, porque está muy poco financiado, tiene poca estabilidad y los equipos no son estructurales.

-¿Qué problemáticas le quitan el sueño ahora?

-Son muchas, pero sobre todo las historias personales con las que te encuentras cada día. Y, en general, la vivienda, que tiene consecuencias muy fuertes, porque al final todo está muy interconectado. Hoy en día, con un sueldo normal cuesta comprar o alquilar. Una vivienda da seguridad y te permite desarrollar una vida familiar. Tan importante es el trabajo como la vivienda para desarrollar unas relaciones adecuadas en un contexto normalizado. No tenerlo tiene unas consecuencias en el sinhogarismo y no sólo por carecer de residencia, también conlleva falta de relaciones. Además, hay otro problema y es el aumento de la intolerancia a personas extranjeras o en situación de pobreza y exclusión. Hay cada vez más crispación y también me preocupa el tema de la igualdad. No creo que haya retroceso, pero sí tengo la sensación de que hay un repunte del machismo. Es cierto que en igualdad se sigue avanzando y se siguen tomando medidas, pero a nivel social me preocupa que en personas jóvenes se vuelva a comportamientos machistas.

-¿Y cómo se sigue la vida tras abordar realidades socioeconómicas y familiares al límite?

-Yo creo que cada profesional está hecho de una pasta especial que le permite llevar su oficio adelante. Cada uno servimos para una cosa y todos aportamos a una sociedad más igualitaria y más justa. Es verdad que nosotros nos enfrentamos a menudo a situaciones complicadas y que no quieres que existan. Es importante tomar conciencia de que son causas estructurales, porque hay una tendencia a culpabilizar muchas veces a las personas. Si vemos sólo la situación individual, puedes llegar a pensar que la persona no quiere trabajar, pero si profundizas compruebas que no todos partimos del mismo sitio, que no todos tenemos las mismas oportunidades, que hemos vivido situaciones distintas y que detrás de cada situación hay causas muy complejas. Primero, hay que intentar no juzgarlas, después entenderlas y, por último, tratar de transformarlas. Pero de todas maneras te duelen, por eso son importantes los equipos de supervisión, el apoyo y el trabajo en equipo.

-¿Cómo se imagina una sociedad sin trabajadores sociales?

-Somos agentes de cambio, que acompañamos a las personas a que tomen el protagonismo en situaciones de exclusión y de sufrimiento junto con otras profesiones. Ojalá no fuéramos necesarias ninguna de las profesiones que nos dedicamos al ámbito social. Pero, sin ellas, yo creo que la sociedad sería mucho más individualista y desigual.