Empleo prepara una ofensiva contra el paro juvenil con más de 250 millones en incentivos a la contratación

Precisamente antes de intervenir la consejera, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de Garántia, Javier González de Lara, había criticado la inacción que hay en España ante el «problema del paro juvenil». «No les prestamos atención a los jóvenes, no les damos oportunidades y es un peaje que vamos a pagar a corto plazo», reflexionaba. Hace unos días, los sindicatos también le recordaban a la Junta que aún no se ha puesto en marcha el plan de empleo juvenil que se acordó en el Pacto Social y Económico. Blanco ha querido dejar claro hoy que su departamento está trabajando en ello; de hecho, todas las medidas se van a poner en marcha este año y algunas se podrán solicitar desde antes del verano, con efecto retroactivo desde el 1 de marzo.

La principal pata de este plan por el empleo juvenil es un programa de incentivos, financiados con el Fondo Social Europeo, para la contratación indefinida de jóvenes y colectivos vulnerables, por importe de 145,3 millones de euros, que contempla cuatro líneas de ayudas. Una de ellas es para ayudar a los autónomos que contraten a su primer trabajador, si éste es un desempleado menor de 30 años o pertenece a algún colectivo vulnerable (mujeres, personas con discapacidad o parados de larga duración, entre otros perfiles). Hay otras dos dirigidas a pymes y autónomos para la contratación indefinida de menores de 30 años y para la de personas de colectivos vulnerables. Y por última, una cuarta línea dirigida a corporaciones locales para el «fomento del empleo y la mejora de la empleabilidad de jóvenes desempleados menores de 30 años» mediante la adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación de los grupos de cotización del 1 al 3, con una duración de 12 meses. Empleo prevé publicar las bases antes de verano e iniciar la convocatoria lo antes posible, con efecto retroactivo para las contrataciones realizadas desde el 1 de marzo que cumplan los requisitos de la ayuda.

A ello hay que sumar la puesta en marcha de un plan de empleo a través de la Iniciativa Andalucía Activa, dotada de un importe total de 110 millones de euros, que será desarrollada por los ayuntamientos y entidades locales autónomas, con el fin de promover la inserción laboral de personas desempleada, mediante proyectos que permitan mejorar su empleabilidad a través de la adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación. Esta iniciativa contempla una línea específica dirigida a ayuntamientos de hasta 50.000 habitantes para la contratación de personas entre los 18 y 35 años.

Además, dentro del programa 'T-Acompañamos', dirigido a promover la atención personalizada y la inserción laboral de los desempleados andaluces, se desarrollará este año una línea de actuación específica destinada a jóvenes, por un importe de más de 65 millones de euros, cuya convocatoria está prevista para el segundo semestre del año. Con esta medida se ejecutarán acciones de formación y orientación laboral. Y hay otro programa más, llamado 'Alma Jóvenes', destinado a «promover la adquisición de habilidades y conocimientos para facilitar la integración social y laboral de jóvenes desempleados» y dotado con 2,5 millones, que se pondrá en marcha a partir de junio con la previsión de que participen 150 jóvenes.

La consejera ha recordado que Empleo trabaja «con tres focos que son los que establecimos en el plan director que hicimos en 2019: la modificación del Servicio Andaluz de Empleo para convertirlo en un servicio de empleo útil; relanzar la Formación Profesional del Empleo, para lo cual tenemos este año un presupuesto de 287 millones de euros; y agilizar los incentivos a la contratación, que ahora se tramitan rápidamente y se pueden solicitar sin presentar un solo papel gracias a la automatización».

Rocío Blanco asegura ver a Andalucía «con muy buena salud» y ha recordado que en marzo, la región ha liderado la bajada del desempleo y la creación de empleo a nivel nacional. También ha dado otros datos «alentadores»: «en enero se han creado 1.900 empresas nuevas y han aumentado casi un 13% las exportaciones, cuando a nivel nacional ambos datos han caído. El número de autónomos también crece. La coyuntura económica es buena, tenemos estabilidad política e institucional, que es fundamental para la empresa y la confianza empresarial está muy alta», ha explicado.

Frente a todos estos buenos indicadores, la consejera también ha señalado la gran asignatura pendiente de Andalucía: la productividad. «La creación de empleo es importante, pero la productividad lo es aún más, y está cayendo». ¿Qué hay que hacer para aumentarla?, le ha preguntado el director de SUR. «Tenemos que aumentar el número de empresas y procurar que tengan más valor añadido. Y la formación es importantísima», ha contestado.

En este sentido, Rocío Blanco se ha mostrado crítica con las políticas que está impulsando el Gobierno central para que suban los salarios y se reduzca la jornada laboral. «La subida de salarios tiene que ir en consonancia con la productividad. España tiene una productividad de las más bajas de Europa y si suben los sueldos y se reduce la jornada eso va a empeorar», ha argumentado.

Especial hincapié ha hecho sobre el salario mínimo, que ha «subido un 54% en seis años mientras la productividad ha bajado». «El SMI tiene que subir con la productividad: eso lo dijo Felipe González», ha recordado. Además, en opinión de la consejera con la subida del salario mínimo «no se solucionan los problemas del mercado laboral español: no mejora la dualidad entre fijos y temporales, no mejora el desempleo juvenil ni el de larga duración». Pese a que las cifras de empleo globales no se han resentido con la subida del SMI sino lo contrario -están creciendo-, la consejera cree que hay sectores que sí han destruido empleo por efecto de esta medida: «una gran empresa lo puede absorber pero una pyme quizá no. Por no hablar del sector del servicio doméstico, donde ha bajado la afiliación un 12%. También ha bajado en en el comercio y en el campo», ha asegurado. «El salario mínimo tiene que ser razonable y digno y tiene que subir, pero no puede chocar con la viabilidad de las empresas. No debería subir con el IPC, sino con la productividad», ha recalcado.

En similar línea se ha pronunciado Blanco sobre la reducción de la jornada laboral que tiene previsto implantar el Gobierno. «El decreto que finalmente tumbó Podemos en el Congreso estaba al margen del diálogo social. Y yo creo que para determinados sectores que tienen una alta productividad no será dañino, pero para el comercio o la agricultura sería imposible de sobrellevar. Hay un estudio de EY que dice que la jornada de 37,5 horas provocará un decremento de 0,6% del PIB y del 0,8% del empleo, además de un un incremento encubierto del 6% de los salarios», ha argumentado la consejera. «En Francia, el gobierno socialista hizo un proyecto de reducción de jornada a 35 horas y fue un fracaso. No aumentaron los activos y se incrementó la rotación. Creó un problema donde no lo había», ha añadido.