El proyecto para regularizar regadíos en Doñana sale adelante con la abstención socialista

El proyecto de ley, por el que se pretende regularizar la situación de tierras de cultivo que quedaron excluidas del plan de ordenación de regadíos de la corona norte de Doñana aprobado en 2014, ha despertado dos posiciones enfrentadas: las de quienes aseguran que se intenta corregir una situación de injusticia y que la norma no supone un mayor gasto de agua ya que sólo se refiere a la ordenación de suelo y por otro, la de quienes se oponen por considerar que se pone en riesgo el acuífero que abastece a Doñana y con ello el futuro de la mayor joya medioambiental de Andalucía.

Como ya sucediera con otras iniciativas parlamentarias, el proyecto de ley fue presentado por duplicado debido a la negativa de Ciudadanos a firmar propuestas conjuntamente con Vox, de modo que hubo dos documentos idénticos. Por un lado, uno del Partido Popular y Ciudadanos y por el otro, uno del PP y Vox. Al someterse a votación de forma separada, había incertidumbre sobre cuál podía ser el resultado final, ya que una eventual división del voto en el bloque de derechas unida al rechazo de todas las formaciones de la izquierda podría haber tumbado el proyecto.

Finalmente no hubo ni una cosa ni la otra. Los diputados del PP, Ciudadanos y Vox unieron sus votos en ambas votaciones -aunque la propuesta que llevaba la firma de Vox obtuvo un voto menos que la de Ciudadanos- y el PSOE, que no reveló el sentido de su voto hasta último momento, optó finalmente por abstenerse.

Así, las proposiciones de ley salieron adelante con 59 votos a favor (58 en la segunda votación), 17 en contra (Unidas Podemos y los no adscritos de Adelante Andalucía) y las 33 abstenciones socialistas.

Los parlamentarios del PSOE no conocieron cuál sería el posicionamiento de su grupo hasta el momento de la votación, según aseguraron a este periódico fuentes socialistas. Pese a que hubo parlamentarios que se habían posicionado internamente por el voto en contra, en consonancia con las críticas lanzadas desde el Gobierno central -la ministra Teresa Ribera advirtió en una carta remitida a la Junta sobre una posible invasión de competencias en materia de agua- finalmente se impuso la postura de abstenerse atendiendo a la postura manifestada por los alcaldes de la zona, mayoritariamente socialistas, y de la propia Diputación de Huelva, también gobernada por el PSOE.

El debate de esta proposición de ley estuvo precedida por protestas de los grupos ecologistas, un claro posicionamiento en contra del Gobierno central y hasta una advertencia de las autoridades europeas, que refirieron a que España puede exponerse a multas por incumplir sus compromisos y obligaciones con la preservación de Doñana. En el otro lado, la iniciativa cuenta con el respaldo de la mayoría de las asociaciones de regantes, muchos de cuyos representantes asistieron a la sesión plenaria en el Parlamento.

Esta tensión se trasladó al pleno, frecuentemente interrumpido y en el que los ujieres de la Cámara llamaron la atención repetidamente a los representantes de los agricultores presentes en la tribuna de invitados por expresar su respaldo o rechazo a las diferentes intervenciones con aplausos o muestras de reprobación, algo que está estrictamente prohibido.

Al no haber informe técnico, las versiones sobre cuántas hectáreas se verán beneficiadas por la norma son dispares. Los promotores de la iniciativa se refieren a las 1.400 hectáreas que quedaron fuera del plan de 2014, los ecologistas elevan la superficie afectada a unas 1.900 y las asociaciones de regantes las rebajan a no más de 800. Para el PSOE, con el texto propuesto sólo se regularizarán menos de 90 hectáreas.

El parlamentario del PP por Huelva Manuel Andrés González aseguró en su intervención que el proyecto de ley no tiene «nada que ver con el agua ni con Doñana» y recordó que se trata de solucionar los problemas creados por el plan de 2014 que, aseguró, nació sin consenso. Afirmó también que no el texto no da derecho a agua, sino la posibilidad de acceder a ella una vez que el Estado ejecute las infraestucturas necesarias.

También el parlamentario de Ciudadanos Julio Díaz criticó el plan de 2014 y se comprometió a que la ley se apruebe definitivamente en esta legislatura, mientras que Rafael Segovia, de Vox, arremetió contra «las mentiras de los globalistas» y aseguró que los ecologistas «son los nuevos caciques».

En una intervención muy crítica con la iniciativa, la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, argumentó que «no se puede hablar de suelo sin hablar de agua» y aseguró que la iniciativa aprobada creará una fractura medioambiental que amenaza a Doñana, una fractura social, ya que enfrentará a los agricultores que han cumplido con las normas con los que explotan pozos ilegales, y una fractura económica, ya que pone en riesgo la agricultura en su conjunto al erosionar el prestigio de los frutos rojos que se producen en la zona en los mercados europeos concienciados con la preservación del medio ambiente.

Mario Jiménez, que intervino por el PSOE, calificó la iniciativa de «acto de propaganda y de engaño masivo» y advirtió de que se han creado en los agricultores unas expectativas que no se van a poder cumplir. Para Jiménez, lo primero que debería haber hecho la Junta es dirigirse a las autoridades con competencias en infraestructuras hídricas para garantizar agua y le reprochó que haya dejado pasar la tramitación del Plan Hidrológico del Guadalquivir «sin aportar ni una sola coma».

Aun así, justificó la abstención de su grupo en la intención de abrir un espacio de diálogo para afrontar el problema y revisar las injusticias que se pudieron cometer al aprobarse el plan de la corona norte.