La Delegación del Gobierno reunirá a administraciones y Guardia Civil para «intensificar» el control de pozos ilegales en Andalucía

Reunión este viernes de la Comisión de Asistencia Territorial al Delegado./SUR
Reunión este viernes de la Comisión de Asistencia Territorial al Delegado. / SUR

Presentan una web en la que se puede consultar la ubicación aproximada de las prospecciones ilegales expedientadas

EUROPA PRESS

La Delegación del Gobierno en Andalucía va a convocar a una reunión a «todas las administraciones competentes» en la tarea de control de pozos ilegales, destinados a sondeos o a extracción de agua sin concesión -Junta de Andalucía, organismos de cuenca, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Guardia Civil- para «intensificar y coordinar las inspecciones, denuncias y actuaciones que se están llevando a cabo».

La decisión ha sido adoptada en la Comisión de Asistencia Territorial al Delegado y «ante la situación de alarma» creada por el 'caso Julen' y por el último suceso conocido este mismo viernes del hallazgo de un cadáver dentro de un pozo en Chiclana de la Frontera (Cádiz), según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota.

En dicha reunión han participado los subdelegados provinciales, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) -organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica-, Joaquín Paéz, y el general Manuel Conteras, jefe de la Cuarta Zona de la Guardia Civil en Andalucía.

En el transcurso de la comisión, tanto la CHG como la Guardia Civil han informado de las actuaciones que se vienen ejecutando de forma coordinada contra los pozos ilegales, y se ha lanzado un mensaje de «tranquilidad a la población», ya que «se está trabajando de forma ordinaria y vamos a intensificar la coordinación interadministrativa para su control».

Para ello, las partes convocadas son la FAMP, cuyos ayuntamientos «deben ser informados de cualquier actuación de perforación en sus terrenos», según detalla la Delegación del Gobierno; la Junta de Andalucía -que, a través de la delegaciones provinciales de Minas, otorga el permiso para ejecutar la citada infraestructura-; los organismos de cuenca en la comunidad, como la CHG, que autoriza las concesiones de extracción de agua y que actúa abriendo expedientes de oficio en el caso de pozos ejecutados en zonas «sobreexplotadas», en perímetros de abastecimiento protegido o en zonas de policía, que son aquellas que comprenden 100 metros juntos a las márgenes de los ríos.

Recientemente, la CHG ha abierto expedientes de clausura a corto plazo por esta casuística sobre 77 pozos ilegales en el entorno de Doñana.

Por último, también ha sido convocado el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), que tiene «la responsabilidad de levantar denuncias» y viene realizando un plan de inspección anual para detectar pozos ilegales.

Igualmente, se ha dado a conocer por parte de la CHG la página web, un punto de acceso a la información geospacial de las demarcaciones del Guadalquivir, Ceuta y Melilla que proporciona un catálogo de información, visualizadores cartográficos, descarga de información, herramientas de búsqueda, consulta de las redes de control y manuales de ayuda, entre otros servicios. En este portal, cualquier ciudadano puede consultar la ubicación aproximada de las prospecciones ilegales expedientadas.

En otro orden de cosas, la comisión ha sido informada por parte del general de División de la Guardia Civil Félix Blázquez González, Mando Único en materia de Inmigración Irregular en Andalucía, de los mecanismos de coordinación para el control de fenómeno migratorio en las costas andaluzas, mientras que la coordinadora de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Maribel Montaño, ha presentado los datos de la red VioGén.

 

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