El contribuyente andaluz trabaja una media de 180 días para pagar impuestos

Imagen de archivo de una oficina de la Agencia Tributaria./
Imagen de archivo de una oficina de la Agencia Tributaria.

El foro liberal Civismo sitúa en este sábado el 'día de liberación fiscal' en la Comunidad

José Vicente Astorga
JOSÉ VICENTE ASTORGA

El ecuador del año vuelve a coincidir no sólo con el final de la campaña de Renta. Para los miembros de Civismo, un think thank económico de corte liberal, marca en el calendario la 'liberación fiscal' del contribuyente, la suma de días de trabajo necesarios para quedar en paz con el conjunto de obligaciones tributarias, no sólo el IRPF. Para los andaluces, la situación no ha cambiado este año respecto al anterior, así que el contribuyente medio habrá necesitado trabajar hasta este sábado 29 de junio -180 días, dos más que la media en España- para atender los impuestos que les aplican los diferentes niveles de la Administración. Sin embargo, el impacto de las primeras rebajas fiscales acordadas este año por la Junta no se conocerá el año próximo. El estudio elaborado por Javier Santacruz destaca que las familias andaluzas de renta media «conservan una tributación efectiva menor que la media nacional para las rentas salariales, pero significativamente superior en las rentas altas». El tipo medio efectivo de una renta de 150.000 euros en Andalucía es 5,5 puntos superior al de Madrid, igualando el 'castigo' fiscal a las rentas altas en el caso de Navarra, según el análisis de Civismo. Mientras que las familias más jóvenes en Andalucía afrontan una tributación efectiva por IRPF medio punto superior a la media nacional, los contribuyente entre los 45 y los 64 años pagan 0,6 puntos menos que en Madrid.

Las cotizaciones sociales encabezan la lista de la factura fiscal en España, con una media individual de 103 jornadas de salario, un día más que en 2018, incremento que se debe a la subida del salario mínimo (SMI) hasta los 900 euros. El pago del IRPF, por el contrario, necesita el esfuerzo de 34 días, uno menos que en 2018, gracias -aseguran- a medidas tomadas por la Administración central y por las comunidades autónomas. El aumento de las reducciones para las rentas más bajas y algunas rebajas de impuestos regionales han logrado compensar el efecto de la subida del SMI. El resto de impuestos permanecen inalterados en cuanto a número de jornadas: 25 son las necesarias para el IVA, 11 para Impuestos Especiales; y cinco más para un paquete que incluye IBI, Patrimonio, Sucesiones o Impuesto de matriculación.

El gran impacto que tienen el IRPF y las cotizaciones sociales carga sobre el salario neto. «Así, de cada 100 euros que asume el empresario en coste laboral, el asalariado de entre 16 y 29 años cobra 66,55 euros, lo que equivale a una 'cuña fiscal' del 33,4%» frente al 35,9% del año anterior.

Para los trabajadores de entre 30 y 44 años, la retribución neta se queda en 62,5 euros de cada cien una «cuña fiscal» del 37,5%. La mano de obra de entre 45 y 64 años recibe por contra sólo 61,66 euros. Por último, entre los mayores de 65 años, la fiscalidad directa se traduce en que, de cada 100 euros, ingresan 88 de forma efectiva. Sin cotizaciones sociales de por medio, los mayores soportan la factura fiscal más reducida, un 12%, con lo que su 'Día de la Liberación Fiscal' llega el 16 de mayo. El 13 de junio lo fue para los más jóvenes; mientras que, en el caso de los contribuyentes de 30 a 44 años y de 45 a 64, ese descanso no llegará hasta el 2 y el 4 de julio.

Los mayores de 65 años se 'liberan' fiscalmente antes que ninguna otra cohorte de población, destaca el informe de Civismo. Pese a ser los que menos impuestos pagan (4.620 euros de media frente a los 15.662 euros del contribuyente en una edad laboral madura), son los que más reciben en términos de servicios públicos, con la pensión pública como principal epígrafe. La protección social, sanidad, educación, seguridad, inversión...etc se más que triplica a partir de la jubilación, pasando de los 6.934,42 euros nominales en el tramo de 16 a 29 años a los 22.388,80 a partir de los 65. La pensión pública se sitúa en 15.454 euros anuales.