El Consejo Consultivo avala el anteproyecto de Ley de Vivienda, que podrá aprobarse en el próximo curso político

El anteproyecto de Ley de Vivienda es uno de los proyectos estrella de la actual legislatura para el Gobierno andaluz aunque al inicio de su tramitación varias de las medidas previstas fueron incluidas en un decreto ley, ya en vigor desde el pasado febrero, con el objetivo de ponerlas en marcha con urgencia y afrontar la grave crisis de vivienda que atraviesan Andalucía y el conjunto de España. «Sabíamos que había que dar respuestas urgentes y certeras y por ese motivo aprobamos en febrero un Decreto-Ley que adelantaba algunas medidas para ayudar a los ayuntamientos a sacar más suelo para vivienda protegida», apuntó Díaz.

Estas iniciativas apuntan a la flexibilización de los suelos ya urbanizados para el fomento de la construcción de viviendas protegidas y la simplificación administrativa para reactivar al sector y aumentar de esa manera la oferta disponible. La Junta estima que con la aplicación de estas medidas se podrán construir en Andalucía unas 20.000 viviendas protegidas y poner además más unidades en el mercado, lo que empujará hacia un descenso de los precios.

El dictamen del Consejo Consultivo en relación con el anteproyecto de ley considera que el texto elaborado desde la Consejería de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio se ajusta al ordenamiento jurídico y ha seguido el procedimiento legal correcto. Además, realiza una serie de consideraciones que, según el Gobierno andaluz, enriquecerán el texto normativo. En la Consejería entienden que el contenido del anteproyecto no se ha visto afectado con el dictamen, que ha entrado en cuestiones de carácter más formal. Se trata, según la consejera, del avance de una ley que ha tenido una gran aceptación y al que se han adherido todas las capitales de provincia y ayuntamientos de todo signo político, «lo que da buena cuenta de que es un documento que responde a las necesidades de la ciudadanía».

En función de estas apreciaciones del Consejo Consultivo, se han concretado conceptos como el del acceso a la vivienda en algunos artículos (1 y 5), con el objetivo de evitar interpretaciones erróneas. También se han realizado modificaciones menores en el articulado que afectan al derecho de tanteo y retracto en viviendas protegidas (al incluirse el plazo de derecho de tanteo), el parque público (modificar la expresión para recoger que son «viviendas de titularidad autonómica o de municipios del territorio andaluz») o los colectivos prioritarios de acceso a la vivienda (en vez de decir mayores de 65 años, se incluyen a personas que hayan alcanzado la edad de jubilación, al igual que se amplía el espectro de personas que acceden a primera vivienda más allá de los jóvenes).

De igual manera, se han resuelto algunas dudas del Consejo Consultivo sobre el hecho de que el anteproyecto incluya modificaciones en el reglamento de Viviendas Protegidas o el reglamento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA). Estas modificaciones están justificadas porque se garantiza la aplicabilidad inmediata de aspectos esenciales del texto legal y, a su vez, se evita la contradicción normativa en materias de procedimiento y gestión.

La Consejería de Fomento también ha argumentado las observaciones del Consultivo sobre el carácter programático de la Ley, explicando que se ha hecho una norma equilibrada que no se limita a una proclamación de intenciones, sino que tiene una estructura normativa y establece los instrumentos de planificación adecuados para la ejecución de las políticas de vivienda, así como regula otros aspectos directamente aplicables.

Tras este dictamen, se culmina todo el proceso de elaboración del anteproyecto de ley antes de que sea aprobado en el Consejo de Gobierno y afronte su tramitación parlamentaria a la vuelta del verano. Un proceso marcado por la alta participación y el diálogo con todos los actores implicados en materia de vivienda. En los últimos meses, la Ley de Vivienda de Andalucía ha recibido el dictamen favorable del gabinete jurídico, el Consejo Económico y Social y, en última instancia, del Consejo Consultivo.

Según Díaz, el Gobierno andaluz ha sabido dar un paso adelante en materia de vivienda, «con más inversiones, con más presupuesto y, por supuesto, con una Ley de Vivienda con sello propio, que da respuestas prácticas y realistas» a uno de los principales problemas de los andaluces y que se ha elaborado de la mano del sector y de los agentes sociales y económicos.

«No nos podíamos quedar de brazos cruzados, sobre todo después de ver los graves efectos que está ocasionando la Ley de Vivienda de Sánchez que, lejos de dar soluciones ha agravado los problemas -subrayó la consejera-; nunca se había hecho tanto daño a la vivienda de la mano de una ley sesgada, llena de prejuicios y que ha instaurado la incertidumbre y la inseguridad jurídica».