Los condenados de los ERE se marchan sin hacer declaraciones y los abogados califican de «durísima y excesiva» la sentencia

Los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves, y José Antonio Griñán, se marcharon con claros rostros de seriedad y sin querer valorar la sentencia que inhabilita al que fuera presidente durante 19 años y que condena a 6 años de prisión al que tomó su relevo en el Gobierno andaluz tras su marcha.

La tensión y expectación vividas en los momentos previos antes de entrar en la sala para recoger el fallo se tornaron en seriedad y tristeza por una sentencia que, según ya han avanzado los abogados de los exdirigentes socialistas, van a recurrir ante el Supremo.

Los representantes legales de los ya condenados, todos excepto dos absueltos, ha oincidido en calificar la sentencia de «durísima y excesiva» y no comparten el sentido de la misma, especialmente en lo que respecta las condenas por malversación de fondos para muchos de los ex altos cargos socialistas.

Los 19 condenados abandonaron la sala sin atender a los medios y con el sobre que contenía el fallo de la sentencia junto a sus procuradores y abogados y con la esperanza puesta a partir de ahora en el recurso que presentarán próximamente ante el Tribunal Supremo, la última oportunidad que tendrá para intentar demostrar su inocencia o rebajar las penas que les han sido impuestas.

En cualquier caso, la iniciativa del recurrir al Supremo supondrá la suspensión provisional en la ejecución de la sentencia, por lo que lo que el expresidente José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel, no tendrá que ingresar en prisión al igual que los exconsejeros y resto de altos cargos condenados también a penas de cárcel.

La mañana en la Audiencia de Sevilla ha estado rodeada de una gran expectación ante una sentencia histórica.

Los 21 imputados han llegado a la sede judicial rodeados de un despliegue mediático inusitado que pone de relieve la importancia de esta decisión judicial que va a enjuiciar una década de los gobiernos socialistas en la gestión de las ayudas sociolaborales que se concedieron de forma irregular y sin los controles correspondientes.

El edificio judicial estuvo rodeado de un gran despliegue de medios y también de un fuerte dispositivo de seguridad, con un despliegue policial tanto en las inmediaciones del edificio como también en su interior, donde un perro especialista en detección de explosivos de la Policía Nacional ha estado rastreando incluso la sala y la sede.