Cinco claves de la reforma fiscal en Andalucía
La nueva Ley de Tributos Cedidos modifica por completo la estructura de impuestos de Andalucía y la sitúa entre las tres comunidades con menos presión
Todo se basa en una tesis que para los responsables de Hacienda de la Junta de Andalucía resiste poca discusión: uno de los motivos que ... mantiene rezagada a la economía de la comunidad autónoma es la presión fiscal. Bajo esta premisa, los dos partidos que sustentan al Gobierno andaluz, PP y Ciudadanos, y el que presta su apoyo parlamentario, Vox, han suscrito esta semana un acuerdo que supone una de las columnas fundamentales sobre las que se sustentó el pacto para el cambio político en Andalucía firmado hace poco más de dos años. La bajada de impuestos figuraba tanto en el acuerdo de gobierno alcanzado por PP y Ciudadanos por un lado como en el pacto de investidura entre PP y Vox, por el otro. Pese a los desencuentros que esta semana alcanzaron especial virulencia entre los dos socios del PP, el de gobierno y el parlamentario, en esta materia si hay diferencias son imperceptibles. El acuerdo para la nueva ley culmina la reforma fiscal. Hasta el final de la legislatura no se prevén nuevas bajadas.
1Objetivos
Para los firmantes del proyecto de ley, la bajada general de impuestos no solamente debe servir para poner a Andalucía entre las comunidades autónomas con menos presión fiscal -será la tercera, según los responsables de Hacienda, sólo por detrás de Madrid y Castilla y León y a la par de Castilla La Mancha-, sino también para impulsar algunas políticas que se consideran fundamentales. Así, la reforma incide en varias líneas: el acceso a la vivienda, la inclusión como beneficiarios de deducciones a colectivos hasta ahora no contemplados, el incentivo a las inversiones en investigación y desarrollo, el incentivo a la formación en idiomas y nuevas tecnologías, el combate contra la despoblación en las zonas rurales o la protección del medio ambiente. Todos las modificaciones introducidas en la estructura fiscal tienen en mayor o menor medida incidencia en estos objetivos marcados por el Gobierno andaluz.
Una de los más novedosas es la introducción de una deducción del 50% con el límite de 12.000 euros en las inversiones que se realicen en sociedades creadas o participadas por universidades o centros de investigación, iniciativa que tiene por objetivo fomentar las actividad de I+D+i en la comunidad autónoma.
Los responsables de Hacienda aseguran que no se ha seguido el modelo de ninguna otra comunidad autónoma. «Éste es el modelo andaluz», enfatizan, y que no se trata de bajar impuestos por el mero hecho reducir la carga fiscal, sino de utilizar los instrumentos fiscales en la dirección de reconducir la situación económica. En este sentido, uno de los fines que se persigue es evitar situaciones de exilio fiscal, es decir, recuperar contribuyentes que pudieron haberse censado en otras comunidades atraídos por un marco de impuestos más atractivo. Uno de los ejemplos que se pone en este sentido es el del Impuesto de Sucesiones, que se tributa una sola vez pero que puede llevar a contribuyentes con gran capacidad adquisitiva a establecerse en otras comunidades, con el consiguiente perjuicio fiscal para Andalucía año tras año.
2Reforma integral
No hay excepciones. Toda la estructura fiscal que depende de la comunidad autónoma ha sido modificada a la baja. La nueva ley afecta al tramo autonómico del IRPF, al impuesto de Patrimonio, al de Sucesiones y Donaciones, al de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, a los tributos sobre el juego y a los que afectan al medios de transporte.
El cambio es estructural. Uno de los más relevantes es el aumento del tope máximo de ingresos que se fijaba para los perceptores de las principales deducciones fiscales, que pasa de 19.000 a 25.000 euros en los casos de declaraciones individuales y de 24.000 a 30.000, en las conjuntas. En el tramo autonómico del IRPF se adelanta la escala prevista para 2023 a 2022 y se establece el tipo mínimo en 9,50% y máximo en 22,50%; en el de Patrimonio no se aplica la subida estatal del 3,5% y en el de Sucesiones y Donaciones baja la tarifa y se aplican nuevos coeficientes multiplicadores, de modo que el tipo marginal no supere el 45%, cuando actualmente puede llegar hasta el 70 %. Este impuesto ya estaba en mìnimos para los herederos más cercanos al fallecido (cónyuge y ascendientes y descendientes), por lo que la reforma beneficia principalmente al resto (hermanos, sobrinos, primos e incluso personas sin relación de parentesco)
3A quién afectará
Aunque hay medidas que afectan a todos los contribuyentes, como las que disminuyen los tipos del Impuesto sobre la Renta o los de Transmisions Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, otras van dirigidas a colectivos concretos.
Así, en el IRPF se mejoran la actuales deducciones por nacimiento y adopción de hijos, que pasa de 50 a 200 euros, por ayuda doméstica y por familia numerosa y se crea una deducción por gastos educativos de descendientes que supondrá un 15% de lo invertido en enseñanza de idiomas o informática con un máximo de 150 euros por estudiante.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se equipara a las parejas de hecho con los matrimonios, mientras que las personas con discapacidad ven mejorada las deducciones en el IRPF, que también se incrementan en el caso de que quienes sufren esa discapacidad sean los cónyuges o parejas de hecho de los contribuyentes. Asimismo, se establece un mínimo exento de 1.250.000 euros en el Impuesto sobre el Patrimonio a los contribuyentes con discapacidad.
Por otra parte se introducen mejoras en la actual deducción autonómica por cantidades invertidas en alquiler de vivienda habitual para personas con discapacidad, mayores de 65 años y víctimas de terrorismo. En esta apartado se incluye también a quienes la ley denomina como «víctimas de violencia doméstica», entre quienes se incluye a mujeres que han sufrido violencia machista y a personas que han padecido otro tipo de violencias en el ámbito familiar. A estas deducciones tendrán acceso quienes cuenten con orden de protección o tengan sentencia judicial firme en los últimos diez años
4Efectos inmediatos
Una de las modificaciones aprobadas, la de las reducciones en los tributos sobre Transmisiones Patrimoniales y los Actos Jurídicos Documentados, ya ha entrado en vigor mediante la aprobación el pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de un decreto ley publicado esta semana el BOJA. Esta modificación, la que tendrá mayor impacto (estimado en 254 millones de euros) tendrá una especial repercusión sobre el mercado inmobiliario y según las previsiones de los responsables de Hacienda permitirá reducir de manera significativa el coste de las operaciones en ese sector y con ello facilitará la inversión y el acceso a la vivienda.
El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que hasta ahora estaba gravado con el 8, 9 o 10 por ciento según el coste del inmueble adquirido, se reduce al 7% en la mayoría de los casos, y al 6% cuando el inmueble se destine a vivienda habitual del adquirente y el valor de la misma no sea superior a 150.000 euros. Asimismo, se aplicará 3,5% a menores de 35 años, discapacitados, familias numerosas, víctimas de 'violencia doméstica', víctimas del terrorismo o viviendas en municipios con problemas de despoblación, categoría que se aplica a todas las localidades con menos de 3.000 habitantes.
El resto de la reforma fiscal entrará en vigor el 1 de enero del año próximo si se cumplen los plazos previstos por los partidos firmantes del acuerdo, que tienen la intención de que la ley sea aprobada en el Parlamento antes de fin de año.
De esta manera, en la declaración del Impuesto sobre la Renta que los contribuyentes deban presentar dentro de dos años, correspondiente al ejercicio 2022, ya se podrán aplicar los beneficios y deducciones en el tramo autonómico incluidos en la nueva norma.
5Impacto de 329 millones
En la memoria económica de la proposición de ley se estima que el impacto de la nueva norma será de 329 millones de euros. Esta cantidad resulta de calcular lo que la Hacienda andaluza dejará de recaudar por la aplicación de estas medidas. Se trata, según consta en la propia memoria, de un cálculo que no toma en cuenta los efectos beneficiosos que la reducción de la carga fiscal tendrá sobre la economía de la comunidad autónoma y por lo tanto sobre el aumento en el consumo y con ello de la propia recaudación.
El argumento del Gobierno andaluz es que con la anterior bajada de impuestos, aplicada en 2019, lejos de resentirse la recaudación se incrementó en unos 600 millones de euros y el número de contribuyentes creció en 116.000.
Ahora, aseguran, esperan que la repercusión sea aún mayor y que los 329 millones de euros de impacto negativo se transformen en una subida de la recaudación cuyo montante no se atreven a adelantar.
Además, señalan el beneficio que la reforma puede tener sobre el empleo. Éste es uno de los argumentos en los que se sostiene la inclusión en la nueva ley de una reducción en las tasas de los juegos de azar, sector que emplea en la comunidad autónoma a unas 5.000 personas. El acuerdo alcanzado con el sector ha incluido futuros cambios reglamentarios que endurecen las condiciones de acceso a las salas de juego y fijan límites a la publicidad y la instalación de nuevos establecimientos.
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